Hablando Claro con Vilma Ibarra

La violencia homicida que provoca la delincuencia criminal organizada y particularmente el narco, no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. En el 2023 la mitad de los asesinatos se concentró en 27 distritos que presentaron más de 10 muertes violentas, aunque hubo ajusticiamientos en una gran mayoría pues del total de 478 solo 265 salieron ilesos, es decir sin ese tipo de ejecuciones en las que 7 de cada 10 fueron contra miembros de otras organizaciones delictivas. Esa cifra incluye las lamentables víctimas que no tenían relación alguna con la actividad. La dinámica de estas muertes ha variado en los últimos años, tanto por su desmedido aumento como por un patrón territorial que se extendió a otras zonas que antes no estaban afectadas. El XXX Informe del Estado de La Nación, en su capítulo especial de este año sobre Seguridad, identifica variables socioeconómicas que sin ser concluyentes, tienen relación con lo que sucede en los cantones más calientes que son los que tienen más bajo desarrollo humano, menor promedio de personas aseguradas a la CCSS, hogares en asentamientos informales, personas jóvenes que contrata el crimen como sicarios, hogares con jefaturas femeninas y bajos niveles educativos. Peor aún , así como la presencia territorial de la violencia delictiva es detectable claramente en zonas tradicionalmente rezagadas y eso tiene impacto en el desarrollo humano, también se convierte en un doble castigo , pues esa mayor actividad delictiva propicia un desplazamiento de la actividad económica legítima y por ende , un incremento de las brechas territoriales. Para aportar más elementos a este fenómeno conversamos con Evelyn Villarreal coordinadora del capítulo y con Mauricio Viera especialista en combate al crimen organizado y prevención del comercio ilícito, de la Universidad para la Paz .

“Existe una similitud importante entre las políticas de este periodo, con los paquetes de “austeridad fiscal” del FMI implementados en muchos países del mundo durante los años ochenta y noventa del siglo pasado. Estas últimas consisten en reformas fiscales con ausencia de objetivos explícitos de política sectorial, social, desarrollo productivo y gestión ambiental”. Contundente como se lee. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del XXX Informe del Estado de la Nación 2024. Establece además que la deuda del Gobierno Central sigue en el límite más crítico que nos ha impuesto la regla fiscal, con lo cual se estrechan todas las posibilidades de inversión en infraestructura y políticas sociales que permitan condiciones de generación de empleo, reactivación económica y bienestar para la ciudadanía. Y mientras la economía ha crecido en los últimos 30 años, no así los ingresos de los hogares, potenciando la desigualdad y la falta de oportunidades. Lo que nos muestra el espejo de la realidad de la inversión social también es preocupante. El informe señala que los servicios sociales con mayores recortes fueron los de educación y salud, con un deterioro evidente tanto en términos totales como por habitante. La inversión en educación por persona disminuyó un 1,6% afectando a todos los niveles educativos, sobre todo en preescolar, primaria y universitaria. Otros datos dramáticos son la disminución de estudiantes beneficiados con becas de Avancemos que pasaron de 417,000 en el 2021 a 290,000 en el 2023. En tanto, la inversión en salud se redujo en un 1,4% por habitante. Para continuar el repaso de los resultados del EN 2024 abordamos este miércoles los desafíos socioeconómicos con los investigadores Natalia Morales y Steffan Gómez.

La imagen de Costa Rica como país que consolidó un liderazgo ecológico responsable con el ambiente y promotor de políticas públicas tendientes a la sostenibilidad, se está destiñendo. Esta responsabilidad recae en una serie de acciones que ha adoptado la administración Chaves Robles, tales como rebasar los aforos de áreas protegidas, promover la exploración y explotación de gas natural y petróleo, retornar a la práctica de la minería a cielo abierto, así como reducir o retirar metas ambientales asumidas en compromisos internacionales. Estos y otros elementos que ponen en riesgo las conquistas ambientales se identifican en el XXX Informe del Estado de la Nación 2024, que determina que con esta administración van quedando en evidencia posturas contrarias a la sostenibilidad ambiental y la conservación, que han sido parte esencial de la política exterior, que en el pasado reciente redituó en liderazgo global, cooperación internacional, atracción de inversiones y turismo calificado. Para el Estado de la Nación se puede establecer una perjudicial tendencia a priorizar criterios políticos por encima de fundamentos técnicos. Para ahondar comprensivamente en el tema conversamos con Karen Chacón, del equipo coordinador del informe.

Cómo se sabe, para su segundo mandato Donald Trump prometió ejecutar deportaciones de millones de personas, imponer fuertes aranceles a las importaciones, revertir las políticas que intentan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, detener la guerra en Ucrania y perdonar a los acusados del asalto al capitolio del 6-2021, entre otros asuntos. Tendrá enorme poder discrecional para moverse con soltura y los primeros anuncios de su gabinete confirman sus pretensiones. Las designaciones premian la lealtad absoluta. El cargo de mayor poder lo ostentará Susie Wiles la Jefa de Gabinete, apodada "doncella de hierro" por el mismo Trump. Un secretario de Estado, Marco Rubio con la misión de ejercer mano dura con China, Irán, Venezuela y Cuba. Un secretario de salud, Robert Kennedy Jr. excéntrico antivacunas. Un fiscal general, Matt Gaetz, acusado de tráfico sexual de menores y quien se define como un agitador. Y como Fiscal Adjunto, Todd Blanche, su abogado de confianza. Para la política migratoria escogió un triunvirato: Tom Homan “zar fronterizo” un duro con décadas de experiencia. Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y Stephen Miller, Adjunto a la jefatura de gabinete, quien será el cerebro coordinador de la estrategia antiinmigrante. También reúne a un grupo de multimillonarios que harán de consejeros para la reducción del estado, que no es otra cosa que la pretensión de minar las capacidades de las agencias federales de regulación. Douglas Burgum liderará el Departamento del Interior. Elon Musk y Vivek Ramaswamy pondrán a funcionar el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” que no será una dependencia, sino un grupo asesor. Repasamos mañana con el analista internacional, Carlos Murillo.

Nuestra democracia y sus consecuentes logros en desarrollo humano sostenible atraviesan una situación peligrosa que de seguir mal atendida constituyen un riesgo mayor que puede desestabilizar nuestra convivencia como Nación. Así de contundente es la conclusión del Trigésimo Informe del Estado de la Nación, que apunta que las transformaciones políticas, sociales y económicas que lograron generar bienestar colectivo, concretar derechos, libertades y afianzar un régimen de pesos y contrapesos, en estas tres décadas, se encuentran hoy amenazadas por un sistema político estancado en un conflicto entre poderes, cuyo principal impacto es frenar la atención que requieren muchos de los desafíos de una ciudadanía que muestra desconfianza y desafección a la democracia. Dos datos muy relevantes de los cambios en estos 30 años: en 1994 el 98% de la población tenía afinidad con algún partido político, mientras que para el 2022 esa cifra había caído a tan solo un 16%. Otra cifra significativa: el PIB pasó de ₡10.8 billones a ₡40.9 billones, pero con una distribución que nos ubica como un país de gran desigualdad. No es la primera vez que atravesamos aguas turbulentas, pero con el advenimiento de la administración Chaves Robles el informe destaca los drásticos recortes a la inversión social y advierte las acciones del gobierno dirigidas a una permanente discusión y señalamientos contra el Poder Legislativo con el "poder del megáfono", a lo que responden por su parte los partidos opositores. Para hacer un primer abordaje de este trigésimo Informe conversamos con su director, el Dr. Jorge Vargas Cullel.

incidentes. La atención de una emergencia como la que atraviesa Costa Rica por las intensas lluvias y la información de nuevos eventos meteorológicos en formación para los próximos días requiere de la experiencia que nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha puesto a prueba en otras ocasiones. Las improvisaciones o el aprovechamiento político no deberían estar en la agenda de atención de los incidentes. Apenas termina la visita del presidente de El Salvador se envían dos mensajes: la declaratoria de alerta roja (aún no se ha decretado emergencia nacional a la hora de escribir este texto) para la zona de Guanacaste, Pacífico Central y Sur, sitios en los que se concentran los más impactos más significativos. El otro mensaje es el traslado de la habitual conferencia de prensa de miércoles para jueves y no en la Casa de Gobierno sino en la Zona Sur, con la presencia del presidente y su equipo. Horas antes, la sorpresiva llegada al país de un primer equipo de 100 rescatistas salvadoreños -incluidos miembros de las Fuerzas Armadas- que habían sido ofrecidos a España (y que España declinó aceptar, es menester señalarlo) generan una serie de suspicacias que nos distraen de la atención de los estragos de lluvias, deslizamientos e inundaciones. Este grupo de personas y las labores que harán, están bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que igual deberá continuar con el trabajo que estaba realizando con los cuerpos nacionales de atención de la Cruz Roja, Bomberos, policía y comités municipales de emergencias. Sin un inventario definitivo de las repercusiones -ya que la emergencia está en proceso- ¿cómo deben ajustarse los protocolos que establece nuestra legislación para proteger la vida de las personas, sus pertenencias y las atenciones inmediatas de manera correcta y fluida, para que sean las requeridas? Para aportar en este momento más información conversamos mañana con la ex presidenta ejecutiva de la CNE, Vanesa Rosales.

Costa Rica se ubica en la segunda zona de mayor vulnerabilidad del mundo. Eso lo hemos experimentado por emergencias climatológicas (sequías e incendios), hídricas (inundaciones y deslizamientos), meteorológicas (huracanes, ondas tropicales, mareas altas) y geofísicas (actividad sísmica). De todas ellas, se calcula que el 80% de los impactos han sido por eventos hidrometeorológicos. El investigador de la Escuela de Geografía UCR, Adolfo Quesada Román, estima que cada año se debería invertir hasta un 2% del PIB en reconstrucción, equivalente a $1.650 millones. El Estado de la Nación 2023, con datos del año anterior, indicó que desastres asociados a eventos climáticos afectaron a 4.879 personas. Fueron percances asociados a inundaciones (4.450) y deslizamientos (394) que encuentran infraestructuras débiles, poblaciones expuestas y vulnerables que se ubican en todas las regiones del territorio nacional. Los especialistas concluyen que esta situación es muy peligrosa porque cada vez nos estamos volviendo más vulnerables ante eventos cada vez más extremos debido al cambio climático. Dadas las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de estas dos semanas de noviembre se declaró -sostienen expertos que de manera tardía- una nueva declaratoria de emergencia que se suma a los decretos vigentes por la tormenta Bonnie, el huracán Julia y las lluvias de enero 2023. Estos tres decretos implican planes de reconstrucción por ₡176 mil millones. Lo que se debe invertir al año se podría reducir si se tomarán medidas de prevención, con especial foco en el ordenamiento territorial, lo cual se hace, pero de forma insuficiente. Para analizar cuánto nos afectan los efectos acumulativos que nos hacen más vulnerables, menos resilientes y de qué manera variar esa situación, conversamos con el geólogo y especialista en evaluación ambiental, ordenamiento y planificación del territorio, Allan Astorga.

La Constitución Política establece los límites y define las relaciones entre los tres poderes del Estado y de estos con la ciudadanía; es, por tanto, el marco que delimita la convivencia en nuestro Estado de derecho con garantías claras y precisas. La actual, que nos rige desde 1949, es la décima quinta en la historia de Costa Rica y la que tiene mayor cantidad de años de vigencia en la toda región centroamericana. En estos 75 años, la Carta Magna ha mantenido y ampliado los derechos y garantías individuales, sociales y políticos. Se le han hecho 62 reformas incorporando significativas mejoras como la gratuidad de la educación general básica y diversificada, la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las universidades públicas, el derecho al voto de las mujeres, la creación de la Sala Constitucional, el carácter multiétnico y pluricultural del Estado, el derecho del pueblo a legislar por la vía del referéndum y el derecho humano al agua, entre otras. En tiempos de turbulencia y desilusión acerca de la eficacia de la democracia es vital comprender el valor de la Constitución Política para no caer presas de cantos de sirena que surgen cada tanto, reclamando la supuesta urgencia de cambiarla por completo, sin saber de ulteriores intenciones que podrían ocasionarnos un costo altísimo como una sociedad acostumbrada a gozar de preciados derechos y garantías. Para discutir acerca de las fortalezas constitucionales y de cómo enfrentar las circunstancias actuales, conversamos con el especialista en derecho constitucional Rubén Hernández Valle.

¿Qué tanto puede impactar la desinformación (en sus múltiples manifestaciones) una campaña electoral como la que derivó el martes en la victoria del magnate Donald Trump? Pepa Bueno, directora de El País de España (el más reconocido medio escrito global de habla hispana) definió esa disputa electoral como el “triunfo de la desinformación” ¿Cuál es el asidero de esa afirmación? Las plataformas TikTok y X (de Elon Musk, aliado incondicional de Trump) fueron claves para diseminar contenido engañoso con marcada intención política. El Centro de Lucha contra el odio digital de los Estados Unidos estima que en lo que va de este año se contabilizan unos 2 mil millones de visitas en X con información electoral engañosa. Incluso refuerza que esta red se convierte en el vaso comunicante que transfiere información falsa a otras redes y hasta a medios de comunicación. Por suerte, estudios citados por el reconocido Instituto Reuters concluyen que el impacto de la desinformación en redes puede no ser tan profundo como se cree, aunque por supuesto confirma que sí existe un efecto derivado de la forma en que se comparte la información en círculos específicos que coinciden en visiones y posiciones ideológicas. Mientras tanto, otro factor a considerar es la pérdida de poder de influencia de los medios tradicionales a los que las personas van dejando de seguir. Lo cierto es que nuestras formas de informarnos y comunicarnos resultan determinantes para definir nuestras posiciones políticas. Para profundizar acerca de esto conversaremos mañana con el periodista Eduardo Ulibarri.

Poder absoluto. Este es el resultado del proceso electoral que ganó arrolladoramente Donald Trump quien gobernará con margen holgado en la Cámara de Representantes y el Senado; sin olvidar que ya desde su primera administración dejó la impronta de una mayoría de magistrados conservadores afines en la Suprema Corte. Tal el resultado de las reglas democráticas puestas en juego en esta elección, que la Vicepresidenta Kamala Harris enfatizó en su discurso de aceptación de la derrota este miércoles al prometer una transición pacífica y ordenada de entrega del poder desde ahora y hasta el próximo 20 de enero. Más allá de las celebraciones de unos y el pesar de otros, quedan encendidas una serie de alertas, por la muy controvertida personalidad -narrativa incendiaria incluida- del mandatario electo y su larga lista de promesas que van desde la deportación masiva de migrantes, la negación de la crisis climática, la rebaja de impuestos para los que más tienen y un duro proteccionismo económico aparejado con el establecimiento de nuevos aranceles a las importaciones. “Promesa hecha, promesa cumplida… Hemos logrado una victoria política que nuestro país no había visto nunca, nada como esto”, dijo Trump al anunciar el advenimiento de una “época de oro” algo en lo que, a juzgar por los resultados, han creído fervientemente sus votantes que le apoyaron no solo con sobrado número de delegados de los colegios electorales, sino también con el anhelado voto popular que se le escapó de las manos a los demócratas que nunca imaginaron perder por tan amplios márgenes. Lo cierto es que el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump somete a una dura prueba de resistencia la democracia de ese país, pero también al resto del mundo ante lo que pueda acontecer en la recalibración de los pesos y contrapesos en un escenario de alta conflictividad geopolítica. Para seguir analizando las implicaciones del triunfo de Trump conversaremos con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

6-11: Donald Trump regresará a la Casa Blanca. by Vilma Ibarra

Con un país partido a la mitad llega el día de las elecciones en Estados Unidos, con un panorama que los más entendidos lo analizan desde diferentes escenarios de lo que pueda suceder, una vez que se vayan cerrando las urnas en los diferentes estados. El día previo al supermartes. Kamala Harris estuvo en Pensilvania, estado en que se tienen todas las miradas puestas, ya que puede definir el proceso y concluyó con un mitin en Filadelfia. Donald Trump celebró encuentros en Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan. Un total de 77 millones de estadounidenses ya votaron de manera anticipada. Lo que persiste es la polarización y una narrativa que enciende las dudas sobre los resultados del proceso electoral que inflama el candidato Trump, generando mayor intensidad al día de la jornada y mucha atención al conteo de voto durante los días posteriores. Este se prolongará más allá de la noche electoral del martes, con lo cual el resultado se va a tardar algunos días, ya que incluso se prevé que los estados que cuentan más rápido las boletas, debido a los datos de las encuestas que siguen mostrando ventajas muy ajustadas, pasarán días antes de que se pueda proyectar y certificar quien gane la contienda. Es allí donde los escenarios del conteo toman importancia, ya que oscilan entre el triunfo de uno u otra candidatura o que se repita la situación de las elecciones del año 2020, en que debido al mecanismo más rápido de contar las boletas en algunos estados republicanos, el expresidente aproveche para generar confusión y seguir insistiendo que tiene un equipo de abogados listos para poner demandas si pierde. Lo cierto es que el cierre es de infarto y los días siguientes también lo serán. Para poner en perspectiva el día de elección conversaremos con la politóloga, Eugenia Aguirre, quien está en Nueva Orleans y el politólogo, Alfonso Rojas, desde Texas.

Analizar Costa Rica con las particularidades de las 84 realidades de sus cantones, con relación a su desarrollo humano, pobreza multidimensional, condiciones de desigualdad y desarrollo e inequidad de género, es un ejercicio necesario para que las instituciones tengan la información para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y este detallado trabajo ya se viene realizando en el país y ya contamos con la nueva versión del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2024 con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Y los resultados son más que claros. De manera general, los índices muestran una mejora en el promedio nacional, en los de desarrollo humano, desigualdad, que reflejan una recuperación notable tras la caída durante la pandemia. Los 10 cantones con mayor desarrollo humano fueron: Santa Ana, Belén, Escazú, Montes de Oca, Heredia, Santo Domingo, San Pablo, Curridabat, San Rafael y Flores; los de menor desarrollo humano fueron Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota. Si se hace el análisis provincial se revela que cantones de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón se sitúan en su mayoría por debajo del promedio nacional, mientras que todos los cantones de la provincia de Heredia, a excepción de Sarapiquí, están por encima del promedio. En otras provincias no se observa un patrón definido. Para ahondar acerca de estos resultados y su utilidad conversaremos mañana con Randall Brenes del PNUD y con Alejandra Arias, profesora de estadística.

Una primera advertencia. Mañana tendremos un programa grabado, que abarca dos temas de coyuntura nacional. Damos la explicación, ya que el primero de ellos es el caso de investigación del fiscal general, Carlo Díaz, ante el hecho de haber mentido en relación con el nombramiento de una fiscal, con quien mantiene una relación personal. Partimos del hecho de que dada la responsabilidad y el poder del cargo de más alto cargo del Ministerio Público no admite mentiras, debido a los casos que cualquier persona tenga en esa instancia, mucho menos cuando es el responsable de las más de 50 investigaciones, que, en esa sede, tiene el presidente de la República Rodrigo Chaves. Por esta razón de peso la renuncia del señor Díaz debió haberse dado apenas se hace público el asunto. Aun así llegamos al viernes y permanece en el cargo, continúa la investigación administrativa y permanecen las implicaciones políticas y judiciales. Además de este caso se destapa, gracias al Sistema de Compras Públicas (SICOP) la “póliza de la impunidad” que gestiona el Ministerio de Hacienda con el Instituto Nacional de Seguros, que hoy suspendida por consultas, cubriría al presidente, ministros y presidentes ejecutivos por casos de extradición, confiscación de activos, violaciones ambientales, enjuiciamiento, pagos por procesos penales, pre investigaciones, eventuales pérdidas económicas, servicios de relaciones públicas entre otros por actuaciones ejercidas durante el periodo a cargo, incluso si renuncian o cambian de puesto. ¿De qué tendrán miedo para impulsar esto? Para profundizar en estos dos temas conversaremos mañana con el politólogo, Gustavo Araya.

Se conocen popularmente como “películas de miedo”, pero formalmente son del género de terror. Incluyen las producciones audiovisuales de tensión psicológica y de relato fantástico, que son muy apreciadas por el público. Ese cóctel de suspenso, drama, sucesos paranormales y angustia que juega con las emociones de las personas, es el que motiva la pasión del cineasta Andrés Heidenreich, quien estrena justamente este 31 de octubre su tercer largometraje “La Raíz del Mal. Los pecados también se heredan”. Se trata del primer filme costarricense de suspenso psicológico. Es la historia de un matrimonio joven que debe enfrentar una serie de fenómenos paranormales, relacionados con los secretos familiares de la pareja. Quienes vayan a ver la película podrán experimentar cómo se juega con la percepción, la paranoia y la desconfianza que potencian el miedo y la culpa. Para motivar la asistencia al cine y conocer detalles acerca de los protagonistas, el ambiente y la producción conversamos con Andrés Heidenreich.

Como no podía ser de otra manera, la controvertida situación de la gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) terminó en una comisión legislativa especial de la Asamblea Legislativa. Con el caso Barrenador como estandarte, pero con otras porta banderas no menores, como el portafolio de inversiones (hospital de Cartago en primer plano) y la tremenda inestabilidad de la propia Junta Directiva. La reciente separación, por seis meses de la presidenta ejecutiva junto a otros tres directivos, se suman a los 22 cambios que ha tenido este órgano en tan solo dos años. Once renuncias, dos salidas ordenadas por la Sala Constitucional y una destitución, hacen que solo cuatro designados permanezcan en sus puestos, sin que haya entonces el necesario quorum estructural darle continuidad a las funciones que le competen a ese órgano colegiado. Hasta ahora el Poder Ejecutivo no menciona la posibilidad designar a una persona en sustitución de doña Marta Esquivel, una de las piezas del círculo de confianza del presidente Chaves. Tampoco se sabe nada acerca del nombramiento de la gerencia general, también acéfalo con el conjunto de altos cargos en indagación judicial por el contrato de servicios tercerizados para 138 EBAIS del área metropolitana. Bajo el aguacero un pequeño grupo de cartagos recordaron que no se piensan rendir. Están apegados al criterio emitido por la Dirección Jurídica de la propia Caja para empujar que no se anule el proceso de licitación de su tan anhelado y necesario nuevo hospital. Para poner en perspectiva toda la situación conversamos este miércoles con la ex directiva de la CCSS, Marielos Alfaro.

La buena noticia de que la pobreza, la pobreza extrema, la pobreza multidimensional y la desigualdad bajaron en Costa Rica, según los datos de ingreso y necesidades satisfechas, ha generado controversia. ¿Por qué ello ha sucedido, si se trata de una buena noticia? Los datos estadísticos son los que son y no están en entredicho porque emanan del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Lo cierto es que esos resultados revelaron que en las regiones Brunca, Pacífico Central y Huetar Caribe el ingreso de las familias aumentó significativamente. Especialistas apuntan que las razones expuestas en el estudio no son contundentes para explicar qué sucedió en esas regiones. Es decir, ni los ingresos, ni las rebajas en las canastas alimentarias y no alimentarias, la generación de empleo, la cantidad de personas pensionadas y las remuneraciones autónomas, han crecido en niveles que le den sostenibilidad a los resultados. Es por eso que economistas como Gerardo Corrales han apuntado que las actividades vinculadas al trasiego de drogas serían parte de las razones de ese crecimiento de ingresos. Para abordar sus apreciaciones conversaremos con el economista Corrales.

Las encuestas ciertamente los marcan hace semanas en un empate técnico, pero el “momentum” dicen los entendidos, le favorece a Donald Trump. ¿Le empujará ese viento de cola el 5 de noviembre? A tan solo 10 días de la elección más importante del mundo occidental, republicanos y demócratas intensifican las acciones para un cierre -como suele decirse- no apto para cardíacos. Trump terminó la semana en un nutrido acto en el mítico Madison Square Garden, en un territorio que no lo favorece, pero apostando a que el evento tuviera repercusión nacional. Harris organiza para el martes un mitin en las afueras del Capitolio, en Washington, para que nadie olvide la toma de ese emblemático edifico por grupos enardecidos que, siguiendo a su líder desconocieron (y desconocen hasta hoy) los resultados de la elección del 2020. Pensilvania es uno de los estados en los que ni demócratas ni republicanos pueden dar por sentada la victoria. La candidata demócrata lo ha visitado en seis ocasiones y este fin de semana lo recorrió barrio a barrio, igual que Michelle Obama. Pero la encarnizada lucha también seguirá en Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona, los siete estados decisorios de la histórica elección. Así que para tomar el pulso de estos últimos días conversamos con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

La pobreza en Costa Rica se redujo este año a un 18% -una significativa disminución de 3,8 puntos porcentuales- en comparación con el año 2023, en tanto que la pobreza extrema baja de 6,3% a 4,8% en el mismo período. Este fue el hallazgo relevante de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Significa que tenemos 63 mil hogares menos en pobreza y 26 mil menos en pobreza extrema. La información -obviamente positiva- ha generado controversia, pues mientras el ingreso promedio nacional aumentó 6.7%, en tres regiones del país, Brunca, Pacífico Central y Huetar Caribe los ingresos resultaron sumamente elevados con 21%, 17.9% y 11.2% respectivamente, y no se encuentran fácilmente las explicaciones para esos crecimientos, sobre todo cuando las ayudas sociales no crecieron de un año al otro. Por ello, para entender los resultados hay que observar la ENAHO bajo el tamiz de diversas variables. Por ejemplo: ¿cuánto se explica por políticas públicas como las herramientas técnicas incorporadas casi 10 años atrás (plataforma única de beneficiarios) que integró las bases de datos de todas las instituciones que atienden el desafío de sacar de la pobreza a las familias y evitar así duplicidades y entregas de recursos de manera clientelista? ¿Qué otras condiciones coyunturales pudieron incidir para explicar estos resultados? ¿Por qué crecen tanto tres regiones del país, mientras la Chorotega -pese al auge turístico- quedó estancada sin crecimiento alguno y las zonas Central y Huetar Norte crecieron por debajo del promedio nacional? Otro asunto curioso es que los mismos datos del INEC establecen que efectivamente el desempleo baja, pero que cada vez hay más personas que desisten de buscar trabajo. Por supuesto sí crece la informalidad, pues 869 mil personas más refirieron estar en esa condición para obtener ingresos y ganarse la vida. Haremos varios análisis al respecto e iniciaremos mañana con el economista, José Luis Arce. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

Han transcurrido 14 años desde la última vez que el PLN ganó una elección. Y lo hizo, por cierto, con solvencia. La única presidenta que ha tenido Costa Rica, Laura Chinchilla, llegó aupada por la bien calificada gestión de su antecesor, el también verdiblanco Óscar Arias Sánchez. Y ganó sobrada en primera ronda. Pero esos tiempos quedaron atrás. Hoy la exmandataria no es integrante de esas filas. Las abandonó cuando se cansó de luchar por el adecentamiento de prácticas y mañas internas contra las cuales no pudo hacer mucho. O mejor dicho, nada. Con ella se fueron de la agrupación muchos viejos dirigentes. Claro que quedaron muchos otros más. Pero sin norte. Sin brújula y perdiendo cada vez más respaldo. Así perdieron en el 2014 con la vergonzosa auto inhabilitación de Johnny Araya, quien dejó botada la candidatura. Luego en el 2018 ni siquiera lograron llegar a segunda ronda. Y en el último torneo, un candidato desconocido, les ganó. Liberación Nacional, el partido que vive de sus victorias y hazañas pasadas, sigue siendo la minoría más grande en la representación parlamentaria, pero parece no encontrarse a la altura de las exigencias de los tiempos para intentar acaso recuperar algo de la gloria perdida. Para muestra un botón: la asamblea plenaria de celebración de sus 73 años de existencia el pasado 12 de octubre, quedó truncada frente a un desacuerdo impensable: algunos pretendieron volver atrás con una convención cerrada, tras décadas de haber cruzado la barrera de las convenciones nacionales abiertas. Liberación Nacional padece la misma enfermedad que ataca a muchos partidos políticos tradicionales hoy en las democracias. Su desgaste suma a los reclamos ciudadanos por la poca efectividad en la resolución de problemas, la mucha desconfianza, la desinformación, la permanente polarización y, como no, la emergencia de liderazgos de corte autoritario, que golpean la mesa y que seducen a no pocos votantes como adalides en contra de la corrupción. Aunque la repliquen también. Sobre el futuro del PLN conversamos mañana con el exministro y politólogo, Roberto Gallardo.

Reiterar que el conflicto en Oriente Medio tiene repercusiones que trascienden por mucho los escenarios de la guerra, es una obviedad. Pero situar esas cajas de resonancia tan cerca de nosotros como en Nicaragua, ya nos pone un poco más atentos. Y no es que se trate de un hecho novedoso, pues la presencia iraní en América Latina es de larga data. Lo que sucede ahora es que en respuesta a la decisión del régimen de Ortega-Murillo de romper relaciones con Tel Aviv, Israel denunció que esa ruptura unilateral es un paso más en la consolidación del poder de Irán en la región, pues además de Managua hay operaciones en curso en Venezuela y Bolivia. Y el señalamiento fue más explícito, pues esa presencia diplomática, militar y de intercambio comercial -dijo- siempre va aparejada con la gestión clandestina de actores que suponen un peligro para las democracias de la región, por supuesto incluyendo a Costa Rica. Amir Rockman, el cónsul de Israel en San José, no especificó la naturaleza de la acción de esos grupos o personas extremistas, pero aseguró que Irán se mueve con soltura en el territorio de sus aliados y aprovecha para potenciar la desestabilización política en los países vecinos, mediante el financiamiento de campañas de desinformación por redes sociales. También alertó acerca del peligro de la utilización de los flujos migratorios como escudos humanos para infiltrar agentes hacia terceros países. Por ello y considerando los antecedentes de presencia de extremistas en Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú es que no podría descartarse la existencia de células de Hezbolá (la milicia más poderosa de los proxis iraníes) en América Latina. Para abordar este tema conversaremos mañana con Cónsul Rockman y con el relacionista internacional Bryan Acuña.

A dos semanas del supermartes (5 de noviembre) la campaña electoral estadounidense es una encarnizada lucha del día a día por la capitalización de los muy pocos y ansiados votos electorales que marcarán la diferencia para quien logre hacerse con la victoria. En los siete estados pendulares (claves para ganar) los sondeos del New York Times y el Washington Post del lunes mostraban empate.   La adrenalina está a tope. El tono de las narrativas también. Por supuesto no faltan las ofensas tan características en las alocuciones del expresidente Trump (nada nuevo en su retórica, por chocante que sea) lo que avizora horas de muchísima intensidad. También, por supuesto de desinformación.   Y para sorpresa de nadie, hasta de estrategias que se saltan las normas electorales. El hombre más rico del mundo, Elon Musk confeso trumpista, subió su apuesta y desde el sábado regala un millón de dólares entre los electores que suscriban un documento de apoyo a la primera y segunda enmienda constitucional (libertad de expresión y derecho a portar armas). Esto podría parecer legal, el asunto es que quien quiera firmar la adhesión (por lo demás innecesaria porque nadie está cuestionando la Constitución) debe estar registrado como votante. Y ahí radica la burla a la ley que prohíbe pagos y sorteos por votar. Lo cierto es que en los últimos días de la campaña Musk repartirá 18 millones de dólares a razón de un millón diario.   La campaña de Harris se ha decantado por una estrategia con un sello tradicional de los demócratas haciéndose acompañar por figuras muy reconocidas y queridas del espectáculo. El domingo celebró sus 60 años con Stevie Wonder en una iglesia de Georgia. Y a partir del lunes recorre el cinturón del óxido (Pennsylvania, Michigan y Wisconsin) acompañada por la excongresista Liz Cheney, que se ha convertido en una pieza muy importante para intentar arrebatar votos a los republicanos.   Para detallar lo que sucede estos decisivos días previos nos enlazamos con el politólogo costarricense radicado en Texas, Alfonso Rojas.

La situación actual ya es de por sí es preocupante, pero cuando se proyecta a futuro saltan las alarmas de la emergencia. Hoy 215 mil adultos mayores no tienen ninguna protección económica formal, lo que repercute en su calidad de vida y bienestar integral, pero también implica enormes presiones sobre los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. Pero el panorama es aún más desafiante si consideramos que solo el 44% de los adultos mayores gozan de una pensión contributiva básica, en tanto el 17% acceden a los pocos recursos que brinda una pensión del régimen no contributivo (apenas ₡82,000 al mes). Estos datos se desprenden del IV Informe sobre Personas Adultas Mayores en Costa Rica, que subraya la necesidad de establecer una pensión contributiva básica, que solvente esta situación. El estudio, como ya sabemos, sostiene que a pesar de los esfuerzos del Estado costarricense en materia de seguridad social, persisten brechas de inequidad especialmente en el área de vejez y envejecimiento. Las personas adultas mayores que no poseen pensión dependen de sus familias, redes de apoyo o programas de asistencia social, pero ese soporte no siempre es suficiente y la mayoría se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias informales o a vivir en pobreza extrema. Por eso, la Superintendencia de Pensiones lleva adelante un proceso nacional de diálogo intersectorial que aspira a concretar una reforma integral a los sistemas de pensiones. Para analizar este desafío país conversaremos mañana con Mauricio Soto, director de riesgos de la SUPEN.

Nuestra convivencia está caminando por linderos peligrosos. Estamos atravesando líneas rojas que abren un abanico de preocupaciones reales no solo respecto de los derechos políticos de las mujeres, sino también de los Derechos Humanos en sentido amplio. Las últimas amenazas de muerte contra las diputadas Andrea Álvarez y Sofía Guillén, así como las recibidas por la Contralora General de la República, Marta Acosta, constituyen hechos de descomposición que no se deben minimizar. La violencia, los discursos de odio y la polarización como manifestaciones sociales son inaceptables. Y, en particular, la violencia dirigida contra las mujeres en la política, “no solo amenazan su integridad física, emocional y profesional, sino que también tienen un impacto devastador para la sociedad costarricense, ya que socava los principios democráticos de nuestro país”. Tal es el señalamiento del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Este llamado se une a otras manifestaciones de rechazo y solidaridad emanados de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y otros sectores que advierten que es imperioso poner un alto a este clima de intimidación que amenaza a las personas que dentro de la institucionalidad ejercen responsabilidades y trabajan para que el estado social de derecho siga garantizando derechos y libertades. Ponemos foco en estas alarmas con la diputada Andrea Álvarez Marín y con Marcela Piedra, coordinadora del recientemente creado Observatorio de Violencia Política contra las mujeres.

Siempre tratamos de buscar explicaciones a los procesos económicos a partir de nuestra propia realidad, sobre todo cuando no nos alcanza el dinero, los precios no bajan, no hay posibilidad de ahorro y nos ahogan los intereses de préstamos y tarjetas. Pero según lo sostiene James Robinson, ganador del Nobel de Economía 2024, hay poderosas razones estructurales: “la pobreza y la desigualdad en América Latina están profundamente arraigadas en el colonialismo y la explotación de los indígenas”. Él junto con Daron Acemoglu y Simon Johnson, recibirán el galardón por sus estudios en busca de respuestas a las razones entre la prosperidad de unos países y el lacerante rezago de otros. Por cierto que la suya, es una teoría determinista muy controversial, sobre todo cuando tras siglos de emancipación vivimos en economías más abiertas al comercio internacional, con atracción de inversiones e innovación y tecnología como aliados de la producción y generación de riqueza. Y hablando de desequilibrios debemos entender qué sucede con la pregonada "economía jaguar" costarricense y sus claras señales de mayor distorsión entre el gasto y la recaudación de impuestos. Claro que no es una sorpresa para nada lo que está ocurriendo. El asunto de la consolidación fiscal simplemente no se resuelve con discursos ni tampoco con recortes a mansalva que solo producen mayor inequidad y problemas de corto, mediano y largo plazo. El economista Jose Luis Arce nos recuerda que el ajuste fiscal quedó a medio camino y lo más preocupante es que los actores políticos no están haciendo nada para encarar la situación. Para resumirlo en una sola palabra: indolencia. Con Arce, Director de Análisis y Estrategia de CFS Capital conversamos en Hablando Claro.

¿Qué son los estados bisagra y cuál es su importancia en las peculiares elecciones de los Estados Unidos? ¿Por qué en esa nación no se define a la ganadora/or de la contienda de acuerdo al sistema que tenemos nosotros en Costa Rica que marca la victoria para quien logre el mayor número de votos de los ciudadanos? Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada y Carolina del Norte son los estados decisorios que tienen la llave para abrir la puerta a la Casa Blanca a Kamala Harris o a Donald Trump, el próximo martes 5 de noviembre. Se les conoce como “estados bisagra”, porque su inclinación definitiva marcará si conceden los votos electorales al Partido Republicano o al Demócrata. Esto hay que entenderlo en el marco del sistema electoral estadounidense, en el cual la ciudadanía no elige directamente a los gobernantes, sino que lo hace a través de delegados que, de acuerdo con el tamaño de cada estado, tienen determinado número de votos electorales. Ganará la elección el o la aspirante que consiga 270 de esos preciados votos. En las elecciones de 2016 cuando la candidata demócrata Hillary Clinton perdió frente al republicano Donald Trump, él se impuso en estados que le otorgaron mayor número de delegados, pese a que ella ganó la votación popular por un amplio margen. Aquí el juego radica en que el mayor número de estados están ya previamente asegurados para cada color político (azul para demócratas y rojo para republicanos), pero los siete que citamos, no lo están, y dependiendo de su elección final determinarán al ganador del torneo. A menos de tres semanas del llamado supermartes (el día de la elección) no hay ninguna certeza de hacia adonde se inclinarán los votos electorales de esos preciados siete estados, pues aunque el promedio de todas las encuestas le dan la ventaja a Harris, todas marcan esa ventaja dentro del margen de error. Para conocer este aspecto fundamental del proceso electoral estadounidense conversamos con el periodista Eduardo Ulibarri Bilbao.

Decir que envejecer es un proceso natural que empieza mucho antes de los 65 años es una obviedad. Pero aspirar a que ese proceso sea determinado por la dignidad para procurar el mayor bienestar posible, ya nos sitúa frente a un inmenso desafío nacional. Un desafío de políticas públicas concertadas entre actores públicos, privados y no gubernamentales para derribar muchos prejuicios respecto del envejecimiento y para asegurar condiciones de realización y plenitud a un segmento cada vez mayor de la sociedad. Consideremos que en solo 20 años, Costa Rica duplicará su actual población de adultos mayores. Vencer los mitos en torno a las personas mayores, es uno de esos retos: que no son capaces de aprender cosas nuevas, que no saben tomar decisiones, que tienen menos capacidad de adaptación al cambio, que con incompetentes, que son como niños, que padecen siempre de mal humor y depresión y, un perjuicio muy acentuado, que la relaciones sexuales quedaron sepultadas con la juventud. Cambiar esos preconceptos errados, no es solo responsabilidad personal, sino que compete al ecosistema familiar y de políticas públicas. Necesitamos proveer condiciones que garanticen una red de cuidados paliativos de calidad a las personas adultas mayores más vulnerables y sus familias, servicios de salud, un sistema de pensiones y una serie de acciones inclusivas que refuercen la calidad de vida. Es lo que promueve la campaña "Envejecer Plenamente" de la Fundación Partir con Dignidad y el Colegio de Psicólogos, conjuntamente con la alianza de la, Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, la Organización Panamericana de la Salud y varias empresas privadas. En el mes de la Persona Adulta Mayor conversamos mañana con el Dr. Ernesto Picado Ovares, geriatra paliativista y creador de la Fundación Partir con Dignidad y con la psicóloga especialista en gerontología Rebeca Ramírez.

El delicadísimo tópico del narcotráfico y sus supuestos vínculos con el Poder Ejecutivo fue la gota que derramó el vaso de las tensiones que han caracterizado las relaciones de diferentes grupos políticos con representación parlamentaria en esta administración. Y en ese escenario, el jueves se vivió una jornada marcada por acusaciones (veladas unas, otras muy directas) e improperios. Los ánimos venían caldeados hace días. Pero fue en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde el choque terminó de elevar el tono el jueves con las revelaciones del Fiscal General que llegó a la sesión sin convocatoria; es decir, por su expresa voluntad. Carlo Díaz decidió refutar en la sede del Congreso los señalamientos continuos del oficialismo sobre su labor y en síntesis soltó tres perlas: una, que es objeto de seguimientos extraños con vehículos incautados a narcotraficantes y que están bajo control de la policía de Casa Presidencial. Dos, que desconocidos pagaron 350 mil dólares en Bitcoins para hacer campaña de desprestigio en redes sociales en su contra y también en contra de la Sala Constitucional y, por último, (a quien le cayera el guante que se lo plantara) que sentiría vergüenza si no hubiera sido invitado en días pasados (junto con Director del OIJ) al seminario de la oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos en Atenas, Grecia. Este fue el preámbulo de la sesión legislativa que, esa misma tarde si logró lo que el oficialismo había alcanzado a posponer el miércoles: la aprobación (38 votos contra 6) precisamente de la investigación de los posibles vínculos de la administración Chaves con grupos ligados al narco. En ambas jornadas deliberativas hubo insultos y tonos elevados y fuera de micrófono, denunciaron legisladores de oposición, los gobiernistas Barrantes y Cisneros amenazaron con posteriores vendettas, "les van a pasar factura" sin decir cómo o quiénes la pasarían. El gobierno en respuesta al sainete acudió a un expediente inédito: el viernes emitió un video con los jefes policiales de todo el país atacando a los diputados de oposición. La expresidenta Laura Chinchilla reaccionó frente al inusual desplante, "si Costa Rica tuviera fuerzas armadas ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas", en una clara alusión al hecho de que los policías no deben inmiscuirse en asuntos de política de acuerdo con lo que reza nuestra Constitución Política. Sobre la configuración de esta nueva narrativa política que está llenando de toxicidad el debate público, conversamos mañana con los analistas Mario Quirós y Daniel Calvo.

Si va a contraer matrimonio ya no solo lo podrá hacer en una iglesia católica o ante un notario público. Ahora las parejas pueden asistir al Registro Civil y sus oficinas en todo el país y casarse sin pagar un cinco. Gratuitamente. Y si, por el contrario, el amor acaba, es posible obtener el convenio de separación, por gestión personal o mediante un apoderado con escritura pública. Costa Rica está estrenando un nuevo Código Procesal de Familia que establece cambios significativos en la tramitación de casos de esta materia, pero también en pensiones alimentarias, violencia doméstica y asuntos de niñez y adolescencia. Las normas procesales ahora vigentes se aplicarán en todos los procesos de nuevo ingreso. Como soporte, por los temas que trata, el nuevo cuerpo de ley pone especial atención en la utilización de un lenguaje accesible que garantice a todas las personas entender fácilmente cada caso. Para aprender y puntualizar acerca de estos cambios conversaremos con el juez y gestor de la Comisión de la Jurisdicción de Familia del Poder Judicial, Eddy Rodríguez Chaves.

El envejecimiento de la población implica una serie de desafíos que requieren de planificación y ejecución de políticas públicas sostenibles y a largo plazo. En Costa Rica, un 10 % de la población total del país tiene más de 65 años. Un 53 % son mujeres y el 47 % son hombres. Ya sabemos que ellas viven más años que ellos. Dramático resulta ser que casi la mitad de ese medio millón de personas adultas mayores (215 mil) viven sin protección económica formal, lo que atraviesa transversalmente otras áreas prioritarias de la calidad de vida como la salud, la alimentación, el acceso a servicios, las redes de apoyo o los programas de asistencia social, en muchos casos no para bien vivir, sino apenas para sobrevivir. Peor aún, esta circunstancia de empobrecimiento se verá acrecentada, dado que en los próximos años la población adulta mayor irá creciendo, con un alto porcentaje en condiciones de vulnerabilidad. Como está claro, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado en materia de seguridad social, persisten entonces importantes brechas por solventar. Para profundizar en el tema conversaremos con Agustín Gómez y Carlos Murillo, del programa, Observatorio del Envejecimiento del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

La tecnología ha acompañado la evolución humana, pero cada vez más se avizoran enormes avances y peligrosos desafíos. Y no lo dice cualquier persona, lo asevera el británico Geoffrey Hinton, profesor emérito de la Universidad de Toronto en Canadá, quien a sus 76 años fue anunciado este martes como Premio Nobel de Física, por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. "Va a ser maravilloso en muchos aspectos, en áreas como la atención médica… pero también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas. En particular, la amenaza de que estas cosas se salgan de control", fueron sus primeras declaraciones al ser notificado del galardón. Dependemos de grandes conglomerados que dictan sus reglas y nos dejan a la deriva de sus decisiones, pero al mismo tiempo se construye jurisprudencia para defender los derechos humanos tecnológicos. La poderosa red X, de Elon Musk, tuvo que pagar $5.2 millones para liquidar las multas que tenía pendientes con el estado brasileño. Pero el caso no está cerrado aún. El juez de la causa, Alexandre de Moraes, estudia si ordena el restablecimiento de la red o mantiene el bloqueo, dada la acusación penal impuesta por desinformación y delitos de odio en Internet. La conversación digital en Costa Rica nos muestra la misma problemática de un aumento de la polarización, el deterioro de la convivencia y el crecimiento de los discursos de odio. Para atender estos tópicos conversamos con el especialista en estrategia digital y producción de contenidos, Esteban Mora.

Verdad de progrullo: la reactivación económica requiere de la constante evolución de políticas públicas en apoyos diversos a los emprendimientos de mipymes. El objetivo, claro está, se orienta a que esas medidas generen empleos, formalidad y encadenamientos. Pero no todos los caminos conducen a Roma y lo que puede parecer lleno sentido común, no siempre encuentra tierra fértil para concretarse en buena cosecha. Para ir al grano, llaman la atención dos hechos que, pretenden favorecer estos apoyos, pero que enfrentan rechazo del gobierno de la República. El primero tiene relación con el proyecto del diputado, Eliécer Feinzaig de rebajar el precio de los boletos aéreos, tanto en impuestos como en tarifas aeroportuarias, en los viajes que se realicen a Centroamérica y República Dominicana, siempre y cuando se hagan dentro de la región, el otro país mantenga igualmente costos bajos y el boleto no supere los $126 ida y vuelta. Desde el inicio el Ejecutivo adversa la iniciativa y para torpedearla la fracción oficialista llenó de mociones la discusión argumentando que los turistas que viajen a Costa Rica disminuirían su actual estancia promedio de 13 días para ir a conocer los otros destinos de la región aprovechando esos vuelos baratos. De acuerdo con las proyecciones del oficialismo, hasta 170 mil familias encadenadas a la actividad turística se podrían ver afectadas. Organizaciones como la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo apoyan esa tesis. El segundo proyecto que adversa categóricamente Hacienda (tanto que el ministro ya anunció que si se aprueba en segundo debate lo vetará) es la rebaja del pago del impuesto de renta para trabajadores independientes. Por ahora la iniciativa está suspendida, pues los oficialistas, con apoyo de dos diputados del PUSC, la enviaron a consulta a la Sala Constitucional. La iniciativa del Frente Amplio aumenta la base para que estén exentos quienes generen ingresos mensuales hasta por ₡520 mil, ya que a hoy la tasa afecta a quienes logran ingresos de apenas ₡348 mil al mes. Según el jerarca hacendario, los frenteamplistas obviaron un preacuerdo de compensar, por otro lado, los 7 mil millones que se dejarían de recaudar anualmente al favorecer a los trabajadores independientes más pobres. Para ampliar sobre ambos temas conversamos con el economista, Fernando Rodríguez.

Un duopolio global. Una lucha de David contra Goliat. Es la batalla en un pequeñísimo país que se atrevió a imponer una comisión máxima (1.25%) en las transacciones con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Seamos claros, en términos generales el control del precio es una herramienta de uso calificado, pero cuando hay fallas de mercado pueden ser muy beneficiosas para los participantes en las transacciones. Y si hablamos de tarjetas de crédito, claramente somos la inmensa mayoría, sea como comerciantes o como consumidores y usuarios de bienes y servicios. En este caso, la falla del mercado la constituye el hecho de ambas transnacionales ocupan el 90% del mercado mundial y, por tanto, tienen capacidad para imponer (incluso de común acuerdo) sus propios precios. Dicho esto, ¿cuál es la batalla que se está peleando en Costa Rica? Desde finales del 2020, gracias a una ley de la República, el Banco Central estableció un tope máximo a las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito. Y desde entonces, Visa y Mastercard han adversado en estrados judiciales locales (hasta ahora sin éxito) ese tope, específicamente para los extranjeros que vienen al país, es decir para quienes utilizan tarjetas de crédito extendidas fuera, alegando que el país solo puede imponer topes para el mercado interno. ¿Qué dice el Central? El Banco se sostiene en la potestad de ley para haber establecido ese tope y no dejar las comisiones a la libre. También dice que los sistemas no pueden diferenciar entre tarjetas expedidas en el país y tarjetas emitidas fuera, por lo que si se derogan los topes, eso afectaría a todos por igual. Comisiones más altas significarían automáticamente precios más elevados para los compradores y menores ganancias para los comercios. El caso es que Visa y Mastercard no ceden y ahora la batalla se ha trasladado al Congreso, pues pretenden mediante proyectos de ley (abanderados por la bancada del PUSC) derogar el tope máximo y volver a las tasas libres. Claramente, el mayor problema de esta reglamentación costarricense, no es el pequeño tamaño de nuestro mercado, sino el hecho de que este tope sea un espejo que usen otros países mucho más grandes en volumen y monto de transacciones, aunque ciertamente tanto la Unión Europea como el Reino Unido sí tienen comisiones muy bajas. Tan bajas que andan por el orden de entre 0.2% y 0.3%. Para profundizar acerca de este interesante tema conversamos con Carlos Melegatti y Ana María Cerdas, de la División de Sistemas de Pago del Banco Central.

Termina la semana con varios hechos relevantes en la geopolítica global, de los que indudablemente el más significativo es la escalada de acciones bélicas en Oriente Medio con varios frentes abiertos que complican la atención de la crisis humanitaria y, por supuesto, alejan las pocas posibilidades que de por sí ya se tenían, de encontrar un alto al fuego. Gaza, Siria, Yemen y Líbano son escenarios de las tensiones crecientes entre Israel e Irán, que ponen en entredicho la estabilidad de la región. De este lado del mundo, la primera presidenta de México tomó posesión del cargo. Claudia Sheinbaum mostró su cartera llena de promesas en lo que denomina el segundo piso de la “Cuarta Transformación”, el pomposo nombre con el que Andrés Manuel López Obrador pretende pasar a los anales de la historia azteca. La gran interrogante respecto del nuevo sexenio será cuánto margen de maniobra e independencia tendrá la mandataria para gobernar, siendo que llega tan atada a las decisiones estructurales que le dejó plasmadas el muy poderoso ahora expresidente. Mientras tanto, a solo un mes de la elección presidencial en los Estados Unidos, el único debate de J.D. Vance y Tim Waltz los candidatos a la vicepresidencia, no movió la aguja de las preferencias electorales. Un empate entre Kamala Harris y Donald Trump mantiene en vilo a medio mundo. Para poner en perspectiva estos hechos conversamos  con el relacionista internacional, Carlos Cascante.

La tecnología no es neutral. En absoluto. Y por ello su acceso, uso y abusos nos ponen delante de nuevos desafíos en Derechos Humanos. Por tanto, sin dejar de lado las deudas del pasado tanto como los incumplimientos del presente en materia de derechos humanos básicos, tanto los tribunales nacionales de justicia constitucional como las cortes internacionales, deben abocarse a la tarea de proteger a las personas para, por un lado, dotar a todos del derecho a internet como pieza básica para el acceso a otros derechos (de modo que no profundicemos brechas y establezcamos apartheids tecnológicos) y al mismo tiempo protegerlas en cuantas usuarias- de la capacidad dañina (destructiva) de las herramientas comunicativas de hoy que, por lo demás, evolucionan tan vertiginosamente. Así de grandes son los retos que imponen las nuevas tecnologías en materias como el ejercicio de la libertad de expresión e información, el derecho a la privacidad, los neuro derechos (con un potencial benéfico enorme pero también delicadísimos), el impacto de la inteligencia artificial y el derecho al trabajo, la ciberseguridad y cómo no, el poderío inmenso de las corporaciones dueñas de las plataformas. Sobre los nuevos criterios y los nueve desafíos que impone la automatización a la defensa y protección de los Derechos Humanos, conversamos con la experta Catalina Botero, ex-relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

Algunas líneas en política no deben cruzarse. No todo se vale. Y no pararse encima de la separación de poderes es una de esas líneas rojas que han sido tradicionalmente respetadas en nuestra democracia. Pero ahora, parece que se nos va haciendo costumbre presenciar ataques así. En los últimos días, le ha tocado el turno al Ministerio Público. Frente a la investigación en curso del caso barrenador, el Ejecutivo ha acusado al Fiscal General de abuso de poder, de ser “mandado”, de ser corrupto… en fin, ya nada sorprende. Por suerte, las réplicas a este hecho tan grosero no se hicieron esperar. Y no solo desde el Legislativo. Para citar únicamente dos casos, un grupo de 46 organizaciones nacionales expresaron su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial. Exigen respeto a la división de poderes y a la protección de los principios democráticos consagrados en la Constitución Política. Al mismo tiempo, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) señaló lo peligroso que significa pretender afectar la función del Poder Judicial como garante del respeto de la supremacía constitucional y de la custodia de los derechos y garantías en ella establecidos. “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando en una injerencia indebida”. Antes de esos pronunciamientos, el mismo líder del MP se había manifestado de manera categórica. Don Carlo Díaz garantiza que las acciones que lleva adelante la organización que dirige son propias de un Estado de derecho donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución. Para hacer un repaso obligado y comprensivo del papel fundamental que cumple el Ministerio Público como encargado de trazar y ejecutar la política de persecución penal conversamos con el ex fiscal general, Francisco Dall’Anese.

En este momento, Israel libra una guerra en siete diferentes frentes, pero sin duda, resuena y por mucho el foco libanés, aunque también un ataque que dirigió este lunes a 1,800 kilómetros de distancia al puerto yemení de Hudayda que controlan los hutíes. Una clara advertencia a Irán de que el poderío militar tecnológico israelí puede también alcanzarlos. Pero el foco principal, reiteramos, está en Líbano. Tras el asesinato el viernes de una veintena de comandantes de Hezbolá entre ellos su máximo líder Hassan Nazralá (un clérigo de 64 años que dirigió la agrupación la mitad de su vida) que fue posterior al quiebre de las comunicaciones de los hasta ahora poderosos milicianos, los acontecimientos se han desencadenado con extrema rapidez, tanto que en cualquier momento (si no ya cuando usted esté leyendo este texto) parece haber poquísimas dudas que los israelíes incursionarán por tierra en territorio libanés. No había habido un enfrentamiento como el que se está librando en estas tensas horas desde la guerra de 34 días en el 2006, de lo cual en su momento se habría arrepentido Nazralá. A punto de cumplirse un año del atentado terrorista de Hamás en Israel que desencadenó todo este conflicto, la situación en Gaza ha perdido foco internacional. Pero la Unión Europea recordó hoy que cualquier intervención militar en Líbano (lo que ya ocurrió) solo agravará la situación, lo cual equivale a agravar la crisis humanitaria. Desde Teherán, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, instó a un apoyo irrestricto a Hezbolá. Su promesa fue contundente, al afirmar que la muerte de Nasrallah no debe quedar sin una venganza. Y ahí, en Irán, es justamente donde analistas estiman que se centran los objetivos de guerra de Netanyahu: necesitaría, aseguran, involucrar a Irán en una guerra abierta. ¿Será cierto algo así? ¿Para qué? Por otro lado, una gran interrogante que se plantea es acerca del silencio de los países árabes en medio del ensordecedor ruido de las bombas. ¿Por qué no quieren enfrentarse a Israel? Las tensiones siguen creciendo y para analizar las implicaciones de un conflicto de múltiples aristas conversamos con el analista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, Carlos Murillo.

Las sorpresas del caso barrenador se han encadenado unas con otras en una semana de sobresaltos respecto de las plausibles irregularidades en torno a la adjudicación de la prestación de servicios tercerizados de 138 EBAIS distribuidos en 10 áreas de salud. El último hecho noticioso que nos dejó el viernes, fue la revelación de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA) sobre el nombramiento de una de las imputadas centrales de la investigación en el importante cargo de Gerente General de la institución. María de los Ángeles Gutiérrez, la misma funcionaria del que dependió exclusivamente el criterio técnico del que la Junta Directiva se adhirió para conceder una contrato de diez años a las cooperativas oferentes, ya ostentaba el puesto interinamente. Y en condiciones"normales" seguro que ese hecho habría solo una noticia de registro. Pero la Caja no navega en aguas calmas y cristalinas hace ya dos años. Así que seguro no debería ser sorpresa que doña Marta Esquivel, entre una audiencia y otra de medidas cautelares en el Poder Judicial, decidiera darle a Gutiérrez el puesto en propiedad, el miércoles 25 de setiembre a las 6.42 de la tarde. Con esa línea argumental, seguro tampoco debió habernos sorprendido el barrido barrenador de 300 correos electrónicos y varios archivos de la cuenta de un alto cargo de la institución, según confirmo antes el OIJ, sin detallar nombres. Imposible acostumbrarnos a que esta sea la nueva normalidad de la CCSS con tantísimos retos y desafíos que tenemos en salud pública. A partir de que (seguramente) este lunes conozcamos a las medidas cautelares que se les dictarán a los imputados, también tendremos claro la continuidad o no de la conducción directiva de la Caja. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa proseguirán las repercusiones en el debate político y avanzará la ineludible conformación de una comisión especial investigadora de la cuestionada contratación. Y como no podía ser de otra manera, el Presidente y sus voceros cercanos han aprovechado el caso echando mano de la especialidad de la comunicación política de la casa: tensando las cuerdas de la polarización culpando a los otros poderes (en este caso a la Judicial vía OIJ y Ministerio Público) solo por cumplir con su deber. Para impedirlo, el mandatario dijo "Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar... ojalá podamos llegar en paz a las elecciones del 2026". ¿Más campaña política o sedición? En análisis de coyuntural con el politólogo Claudio Alpízar Otoya.

Por muy llamativa que parezca la pirotecnia confrontativa y polarizante del Ejecutivo de turno, no debemos distraernos del fondo de la cuestión y, en punto al caso Barrenador, se trata de la investigación preliminar de supuestos millonarios sobreprecios en la adjudicación de los servicios de salud que reciben más de medio millón de personas, mediante 138 EBAIS. El manejo de los recursos públicos está, desde hace muchos años, claramente establecido en las leyes, los reglamentos y los órganos de control. Todo tiende a evitar condiciones de arca abierta. Pero siempre hay tentaciones. Y tratándose de la Caja, son miles de millones los que se manejan en la institución más grande del sector público costarricense. El Ejecutivo ha intentado lanzar humo para desviar la atención, pero el hecho en investigación es muy serio, tanto que (aunque sea temprano para asegurarlo) podría ampliarse la tipificación de los delitos iniciales o incluso agregar imputados a la causa. Este jueves el director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló que se habrían borrado 300 correos electrónicos y 4 archivos de la cuenta de un “alto funcionario” de la institución. ¿Por qué hacer eso si todo está en orden, como alega Zapote, en clara injerencia, por cierto, de la autonomía de la CCSS? Para ahondar en lo legal y lo político del caso Barrenador conversamos con el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal y con el politólogo, Sergio Araya.

Este mes, ya pronto a concluir, se celebran los 45 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los mismos 45 años en que los costarricenses tenemos el honor de ser su sede. Lograr asentar aquí a una de las tres Cortes de Derechos Humanos que existen en el mundo, constituyó un camino signado de arduo trabajo, tesón y visión de nuestros líderes políticos de entonces, que se propusieron tener ese faro global de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas. Aprehender y rememorar esta gesta de la una voz de una mujer ilustre a quien el presidente Rodrigo Carazo Odio le encomendó la labor y que ella llegará, sin nunca poder imaginarlo, a ser jueza y presidenta de esa prestigiosa Corte 40 años después, es sin duda alguna un lujo y una lección democrática. Ella es la jurista Elizabeth Odio Benítez, quien nos ilustra con pasión acerca de este logro que nos enorgullece. Con ella conversamos en Hablando Claro.

Los embrollos legales que hoy enfrenta la adjudicación de servicios de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais (nada más y nada menos que por 10 años) no son nuevos. Rodrigo Chaves Robles fue advertido de ese enorme riesgo por el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Y más claro no pudo haber sido Álvaro Ramos Chaves: “Yo, al presidente de la República, le había advertido que tuviéramos cuidado con los contratos de tercerización, con procesos de alianzas público-privadas; pueden ser fantásticas, se pueden lograr grandes cosas, pero se tienen que hacer con un contexto de confianza y transparencia y parece obvio que, en este caso, eso no fue lo que ocurrió” Las decisiones de la institución base de la convivencia social democrática de Costa Rica no se pueden adoptar sino dentro del marco legal establecido y con conocimiento técnico profundo, para que no deriven en decisiones que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía. Desde su obligada salida, una serie de hechos sumieron a la Caja en una permanente situación conflictiva de inestabilidad y zozobra, con temas de absoluta relevancia como las listas de espera, el portafolio de inversiones y el obvio desdén de criterios técnicos de las unidades internas de control y fiscalización. Para seguir profundizando y entender el contexto de lo que sucede y sus impactos conversaremos  con el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves.

En mayo del 2004, fiscales del Ministerio Público allanaban las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la casa de su entonces expresidente ejecutivo, Eliseo Vargas, y de la Corporación Fischel. Investigaban el proyecto Finlandia, referido a un empréstito por $39,5 millones, con los que se adquirieron equipos de mala calidad, entre otras anomalías. Veinte años después, el OIJ y el Ministerio Público desarrollaron este lunes allanamientos en continuidad de un proceso de indagación contra la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, así como de otros directivos y funcionarios de la Caja, en la aprobación de sobreprecios al adjudicar los servicios y la administración de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais. Las acciones judiciales tienen asidero en una denuncia de la misma auditoría interna institucional. Se investigan los aparentes delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato en la adjudicación, así como la indagación de otras acciones acometidas para configurar esos ilícitos. El gobierno, por medio de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, minimizó lo sucedido, hablando únicamente del posible delito de prevaricato y calificando como autoritario el proceder de las autoridades judiciales. De inmediato respondió el Fiscal General, Carlo Díaz argumentando que “no se puede hablar de abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías” Para hacer repaso de lo que ha venido sucediendo en la CCSS conversamos con el secretario general del Sindicato de Profesionales en Enfermería, Lenín Hernández, quien ha mantenido una postura sistemática de denuncia ante no pocos hechos controversiales del manejo de la institución.

Este es un asunto que requiere respuesta urgente para 575 mil personas de las comunidades de Cartago y de la zona de Los Santos. De todas las formas posibles se ha sostenido, con base en la realidad y los hechos, que el hospital Max Peralta ya alcanzó sus niveles máximos de su capacidad instalada y, por tanto, de su funcionalidad. Son los pacientes y el personal hospitalario quienes sufren, día a día, las limitaciones estructurales y de espacio, a las que debe agregarse la inadecuada ubicación, cuyas condiciones afectan la gestión de equipos, materiales y labores óptimas que requiere un centro de salud. El 14 de septiembre, durante la celebración de los 203 años de independencia en la Vieja Metrópoli, fue reiterada la queja de la administración Chaves Robles acerca de ese proyecto, tantísimas veces adversado. Nadie sabía el artero golpe que se vendría cinco días después, cuando tras un largo proceso, la empresa mexicana a la que se le adjudicó la construcción se retiró, alegando el perjuicio por la fluctuación del tipo de cambio y la inestabilidad causada por las diferencias entre las instituciones del estado (llámese claramente la oposición del Ejecutivo). ¿Qué sigue ahora? La ciudadanía beneficiaria reclama acción y respuestas. Para escuchar la voz de los pacientes y de los trabajadores de la salud conversamos  con la coordinadora de las Juntas de Salud de Cartago, Rosa Mata Mora y con la doctora Janice Sandí.

Costa Rica alcanzó un tristísimo primer lugar en el mundo como el país con la mayor cantidad casos de acoso estudiantil (bullying) en menores de edad y jóvenes. Así lo reportó recientemente un completo informe de la televisión pública alemana, la cadena DW en español. Para determinar esa posición, el trabajo periodístico se basó en el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 2022, que analizó la data de 80 países y en la que Costa Rica reportó que, en ese año, 44% de los estudiantes se sintieron acosados. Las razones por las cuales esto ocurre se analizan con parámetros como la desigualdad social, la violencia crónica que se vive en diferentes comunidades y la falta de recursos adecuados para la atención de estos casos, como lo hemos visto en los más recientes hechos en San Carlos. Con datos aportados por la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, los casos de violencia entre pares (estudiantes-estudiantes) aumentaron un 160% entre los años 2019, 2022 y 2023. Los datos de los años 2020 y 2021 se excluyeron por los posibles sub registros durante la pandemia. Pero esa realidad es solo un reflejo de los comportamientos violentos de los adultos en la convivencia social y familiar: en los hogares, en las carreteras y en general en los espacios públicos. Vivimos tiempos de confrontación, de discursos de odio, de polarización y exaltación digital que promueven el disgusto, el descontento y la violación de derechos humanos. Y entonces, ¿cómo esperar otra cosa de nuestros niños, niñas y adolescentes si lo que están viendo como ejemplo cotidiano es eso? Para poner atención a los factores de este fenómeno social conversamos  con el psicólogo Milton Rosales.

A tres semanas de cumplirse el primer año (7 de octubre) de la matanza que provocó el grupo insurgente Hamás en Israel, hecho detonador de la guerra que se libra en el territorio palestino de Gaza, un hito histórico en la batalla cibernética cambió este martes y miércoles el estado de la tensísima situación en Oriente Próximo cuando los servicios de inteligencia israelíes (Mossad) habrían infiltrado los dispositivos de comunicación (beepers y walkie takies) del poderoso ejército de Hezbollah (principal aliado de Irán) en Líbano, haciendo virar por completo el escenario de la conflictividad en curso. El recuento de las víctimas refiere en ambas jornadas un balance preliminar de 32 muertos y 3,450 heridos. Hezbollah prometió tomar represalias contra Israel, en tanto Beirut condenó el ataque como una agresión criminal. El sofisticado operativo tuvo como blanco una extraordinaria cantidad de personas con cientos de pequeñas explosiones -todas al mismo tiempo- dondequiera que estuviera el portador del aparato de comunicación, causando un baño de sangre con múltiples mutilaciones. De acuerdo con los expertos, se trataría de una operación planeada desde hacía meses y que habría sido llevada a cabo mediante la infiltración en la cadena de suministros, manipulando los dispositivos con placas metálicas que contenían explosivos, antes de llegar a su destino final en el Líbano. En el contexto, en la Asamblea General de Naciones Unidas 142 países pidieron a Israel en una resolución no vinculante (y, por tanto, sin efecto) el fin de la ocupación de los territorios palestinos en 12 meses, mientras el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken nuevamente llegó a Egipto para seguir pugnando por un alto al fuego en Gaza, con ínfimas posibilidades de lograr el objetivo de evitar una escalada en la región y de hacerlo antes de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y antes de que finalice el mandato de Joe Biden en enero. Para hacer repaso de este álgido momento conversamos  con dos costarricenses que están en Israel, Luis Alejandro Freer y Jovel Álvarez y  analista internacional y profesor universitario, Bryan Acuña.

En las últimas horas, cuatro hechos de mucha relevancia nos colocan de frente a la realidad de la infiltración del narcotráfico en nuestro país. Y no es que no lo supiéramos ya. Solo que en 48 horas el panorama duro y crudo volvió a golpearnos. Costa Rica es espacio para la operación de las estructuras de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, del colombiano cartel del Golfo y, por supuesto, de las propias bandas nacionales. La incautación de una tonelada de droga en un contenedor con harina de yuca que iba rumbo al puerto de Amberes (Bélgica) se logró gracias a un perro especializado de la Unidad de Intervención Especial, luego de que la carga pasara “inadvertida” en la revisión de las pantallas de los muy famosos escáneres instalados en APM Terminals. Esto ocurría casi en simultáneo con el operativo Shark (tiburón) ejecutado por la Fiscalía General y el OIJ, para desarticular una estructura criminal jefeada por el colombiano nacionalizado costarricense, Alexi Meléndez León, uno de los 50 capos más buscados por la DEA de los Estados Unidos. Fueron detenidos también dos gerentes bancarios y un tesorero del BCR, así como el pastor evangélico Juan Luis Barboza de una iglesia de Aguas Zarcas, además de una docena de implicados. Como si todo eso no fuera suficiente, el domingo en plena celebración de la Independencia nos levantamos con la noticia de The New York Times reportando como Costa Rica pasó de ser una meca turística a convertirse en una inmensa bodega de narcotráfico, tanto que en el 2020 superamos a México como el principal punto de trasbordo de narcóticos a Estados Unidos y Europa. Hoy, estamos en segundo lugar, muy cerca de los aztecas. Por supuesto que con ese cuadro de situación, la ola de criminalidad sigue a la orden del día. El reporte fue de un homicidio cada 5 horas, desde el fin de semana al martes. Para seguir analizando esta situación conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

El trasiego ilegal de oro en Costa Rica tiene una logística muy bien afinada que amalgama la extracción, el transporte, el procesamiento, el bodegaje, la comercialización y la exportación del metal a través de rutas y empresas encubiertas. La magnitud del ilícito negocio lo confirman los hechos y los datos duros: 1) En los últimos siete años salieron del país poco más de ₡78 mil millones, según consta en los conocidos registros oficiales DUAS (Documentos Únicos Aduaneros) del Ministerio de Hacienda. 2) De acuerdo con los reportes policiales, solo en el primer semestre de este año el decomiso de cianuro contrabandeado creció en 2.500%. 3) Testimonios recabados en la comunidad de Abangares, donde es legal la minería artesanal, confirman que se están procesando grandes cantidades de material extraído de Crucitas. Así lo revela una amplia investigación del medio digital La Voz de Guanacaste, en conjunto con Interferencia de Radios UCR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicada la semana pasada. Como resultado de ese trabajo periodístico se logró determinar con base en la información del Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) que 22 exportadores ilegales de oro, que no pagan impuestos, deterioran la salud de las personas y del medio ambiente. Se trata de 11 personas físicas y 11 jurídicas, siendo la empresa de mayor actividad, entre los años 2022, 2023 y los cinco primeros meses del 2024, Metales Abangares JM S.A. La actividad no es desconocida para la Fiscalía de Legitimación de Capitales, que desde hace cuatro años realiza una indagación por el presunto delito de lavado de activos. Para conocer los alcances de este trabajo periodístico conversamos con Ernesto Rivera y Mercedes Agüero, director de La Voz de Guanacaste y periodista del equipo de investigación respectivamente.

Probablemente, nos sea difícil dimensionar el significado que tiene para nosotros los costarricenses vivir en un estado de pleno derecho con garantías sociales e individuales aseguradas. Por ventura no somos víctimas de un estado policial arbitrario y cuando un intento por vulnerar las libertades constitucionales ocurre, las instituciones responden en consecuencia.  Lo hace todas las semanas la Sala IV y nos lo acaba de recordar también el Tribunal Supremo de Elecciones en un fallo digno de reseñar. Sin saber por qué razón o con qué objetivo, un exdiputado pretendió que el TSE le suministrara la identidad de los periodistas que formulan consultas sobre el financiamiento de partidos políticos y la Dirección de Estrategia y Gestión Política le negó la información para preservar, acorde con fallos anteriores de la Sala Constitucional, el secreto profesional de los comunicadores. Es decir, le suministró al recurrente la información sobre nombre del medio, fechas y funcionarios que atendieron consultas, pero no específicamente los nombres de los periodistas y las preguntas que hicieron de modo tal que así se pudieron "conciliar dos trascendentales derechos de la vida en democracia: la publicidad de la actuación estatal y el resguardo de la independencia de quienes ejercen el periodismo, toda vez que precisar los nombres de los periodistas, las fechas de sus solicitudes y los temas concretos que plantearon en ellas, aparte de vulnerar su derecho al secreto de las fuentes, daría publicidad a elementos de su investigación, hipótesis de trabajo y análisis de datos, lo que en sí mismo tendría un efecto disuasorio para dicho quehacer profesional lo que reviste el más relevante interés público en una democracia". La jurisprudencia acerca del ejercicio periodístico es de larga data y se afianza no solamente en el marco normativo nacional, sino en múltiples veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión en su sentido más amplio como eje de la convivencia democrática. Y es en el marco de ese derecho humano fundamental de todas las personas (no solo de los periodistas) que se entiende la potestad de buscar, recibir y comunicar información de interés público para cumplir la máxima de que una sociedad es libre cuando esté bien informada. El derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública cierran, pues, un círculo virtuoso para su pleno ejercicio. Y deben protegerse de todos los peligros posibles, ya que sus limitaciones, obstrucciones o recursos de intimidación abiertos o velados, constituyen vulneraciones a los derechos del público a saber y a la consecuente obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas, que no es lo mismo que una patente de corso que se pretenda para perseguir el ejercicio de acceso a la información pública. Para profundizar acerca del tema conversamos con el periodista, Eduardo Ulibarri.

Cumplir 75 años este año (al igual que nuestra Constitución Política) como institución responsable de garantizar la pureza del sufragio es un hito histórico del cuarto poder de la República, nuestro Tribunal Supremo de Elecciones. El prestigio nacional e internacional que tiene se comprueba cuando calificados estudios y reportes reconocen su incuestionable solvencia. En el año 2023, ocupó el quinto lugar regional en el Índice de Percepción de Integridad Electoral, tal como lo certifican el Royal Military College de Canadá, la Universidad de East Anglia, Reino Unido y la Universidad de Queens. Este año el Índice de Democracia del Instituto V-Dem de Suecia, que es el conjunto de datos globales más grande acerca de democracia, le otorga a Costa Rica 0,94 de 1, en la categoría de índice de democracia electoral. Para celebrar esta fecha y apuntalar sus tareas conversaremos con las magistradas electorales Eugenia Zamora y Zetty Bou.

De acuerdo con el último estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, publicado este miércoles, 65 de cada 100 costarricenses estiman que cada día está peor el problema de la seguridad ciudadana y la violenta ola de criminalidad. Solo 17 de cada centenar sostienen que la situación está igual.  Se trata del principal problema que vivimos, seguido de un incremento en la percepción de casos de corrupción. El tercer problema que agobia es la mala gestión del gobierno. Pese a esos resultados que muestran pesimismo y poca confianza en la resolución de los principales problemas nacionales, la popularidad del presidente Rodrigo Chaves Robles se mantiene en un sólido 54%, estancada sí desde las últimas mediciones, pero sin duda muy alta. El rechazo se mantiene en 24% y un 19% lo califica como neutro. Aprobar al mandatario, pero no a sus políticas, va en consonancia con el respaldo a un líder personalista al que viene dando seguimiento este estudio de opinión. Dos datos más muy relevantes del análisis: 90% de las personas encuestadas reconocen un aumento en la violencia contra las mujeres, señalando la poca acción del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en tanto un 60% responsabiliza al gobierno por los femicidios. El otro es que casi la mitad de la población no acepta que se limiten los controles que existen respecto de las potestades del presidente de la República. Para analizar los datos que evidencian desconfianza y respaldo conversamos  con Ronald Alfaro, Director del CIEP/UCR.

Llego el día. Kamala Harris y Donald Trump en un debate cara a cara, que no se sabe aun si resultará ser el único, a dos meses de las elecciones en Estados Unidos. Él con la experiencia de siete debates presidenciales previos. Ella con su primero. Él con un libreto y un estilo inconfundible. Ella con la necesidad imperiosa de definirse políticamente ante el electorado, luego de la ola de popularidad que lograron los demócratas con su convención tres semanas atrás. Ambos técnicamente empatados (48% Trump, 47% Harris) según la primera encuesta no partidaria del último mes, publicada el fin de semana por el New York Times. Trump obligado a romper su techo, ya que el electorado lo conoce bien, por su retórica combativa y al parecer pasando de lado de condenas y escándalos. El examen es diferente para la ex fiscal y actual vicepresidenta. Harris debe concretar su muy reciente popularidad alcanzada y afianzarla en una estructura sólida de propuestas que la den a conocer, pues el 30% de los electores dicen que necesitan saber más sobre ella. Para analizar los resultados del debate conversamos  con el politólogo, Guillermo Barquero, en Hablando Claro.

El panorama en Venezuela es desolador. Así, sin adornos retóricos. Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones del 28 de julio, terminó saliendo hacia el exilio, gracias a una negociación entre los gobiernos de España y Venezuela.   No había otra alternativa. Porque de lo contrario, habría terminado en la cárcel por las absurdas acusaciones del régimen; algo por supuesto muy delicado para el gobierno de Nicolás Maduro, que ganaba más con quitarse de encima la brasa caliente que significaba tenerlo en el país. Pero ahí, en la clandestinidad, queda María Corina Machado. Será cuestión de horas para que se le inventen unos cargos de delitos inexistentes; a ver si logran terminar de desarticular el liderazgo político más claro de la resistencia interna que ha tenido Venezuela. Por ahora, hay más de 2.500 dirigentes presos, acusados de terrorismo o de cualquier cosa. Los movimientos de protesta social están paralizados por el temor.  La fuerza de la oposición comienza a mostrar síntomas de agotamiento. Mientras tanto, el régimen parapetado con el poder “cívico, militar, policial” seguirá aferrado al poder, desconociendo las presiones internacionales y sin importarle que el éxodo de venezolanos sin proyecto de vida, continúe y, acaso, se incremente. Tanto Edmundo González como María Corina aseguran que la lucha para liberar a Venezuela continúa, pero sin duda la salida del presidente legítimamente electo, marca una nueva página y sobre ello conversamos con el historiador y ex embajador en Venezuela, Vladimir de la Cruz en Hablando Claro.

Este 9 de setiembre se conmemora el día del niño. En nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2022, más de 455 mil pequeños viven en condición de pobreza y pobreza extrema. No hay que explicar mucho acerca de las inmensas responsabilidades (y deudas) que tenemos como sociedad para dotar de condiciones y oportunidades mínimas de acceso a salud, educación, seguridad y un techo digno a esta población. Pero ¿cómo hacerlo con la inversión social en los niveles más bajos de la última década? ¿Cómo hacerlo si la política pública persiste en un enfoque fiscalista que corre a pasos firmes y rápidos con el financiamiento y el pago de la pesada carga de nuestra gigantesca deuda, pero camina cada vez más lentamente en la dotación de recursos a educación de calidad, transporte, comedores escolares y bonos de sostenimiento mínimo para los más vulnerables? ¿Cómo hacerlo con presupuestos públicos cada vez más inflexibles que no dejan márgenes de maniobra para mejorar los servicios públicos? Si vemos el contexto del análisis económico todo gira en torno a colocación de eurobonos, canjes multimillonarios de títulos de deuda, por supuesto importantísimas medidas respecto de las tasas de interés, metas de inflación y tópicos similares. Pero... ¿Y la inversión social? Por cierto que la recaudación fiscal viene a la baja desde noviembre pasado y eso también tiene sus consecuencias. ¿Hemos mejorado suficiente en las diligencias de la recaudación, necesitamos más impuestos, qué otras reformas podríamos poner en marcha para salir del deterioro socioeconómico en el que vive gran parte de la población? Deberíamos estar hablando de todo esto. Pero no. Vamos de una pugna a otra cada semana. Lo último es que Zapote le ha puesto el ojo al nombramiento de la nueva Gerente General del Banco Nacional, Rosaysella Ulloa Villalobos que, con una carrera bancaria de más de 30 años y una calificación sobresaliente en el concurso que se hizo al efecto, fue designada por la Junta Directiva de la entidad bancaria más grande del país. Y ahora el Consejo de Gobierno pide investigar si hubo un "delito", sí, un delito, ¡en la designación!

Desde la antigüedad ética y estética se consideran vías paralelas. O también, como caras de una misma moneda. Por eso, una película (arte) costarricense como expresión estética nos golpea éticamente cuando se atreve a auscultar las profundidades no confesas de la sexualidad femenina y particularmente de la sexualidad femenina de las adultas mayores. Con una narrativa llena de evocaciones entre pasado y presente, que no soslaya la crueldad vital de los distorsionados patrones del sacrificio de las mujeres de ser esposas, madres y forjadoras de familias, dejándose a sí mismas en el olvido, Antonella Sudassassi nos presenta “Memorias de un cuerpo que arde” un docudrama que refleja la vida insatisfecha de tres mujeres, encarnadas en la interpretación de la actriz Sol Carballo. La sexualidad femenina arrebatada y recuperada a la edad adulta como línea argumental es una ventana a la que nos permite asomarnos este filme, reconocido con el premio panorama del público en la reciente Berlinale. Así que ponemos lente en esta obra y lo hacemos con la cineasta creadora y directora, Antonella Sudassassi y con María Lourdes Rivera, sexóloga y educadora.

Dejando un poco atrás los artificios creados en torno a la llamada ley jaguar, en la coyuntura política local al iniciar este último cuatrimestre del año, nos disponemos a conocer las visiones políticas que el gobierno sostiene respecto de cómo atenderá las obligaciones estatales, desde la formulación del presupuesto ordinario para el próximo año, lo que derivará sin duda en nuevas tiranteces entre Ejecutivo y Legislativo. Este no es tema menor, ya que cada vez más sectores manifiestan desencanto con la democracia, en punto a la calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que recibe. El panorama en curso presenta claroscuros con la prevalencia de discursos que polarizan la convivencia social, un uso exacerbado de la post verdad y una disputa entre élites. Así se desprende del último análisis de coyuntura del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, al examinar hechos ocurridos de abril a junio pasados, pero la situación tiende a mantenerse así en la recta final de este 2024. Todo hace indicar, de cara al curso del tercer año de la administración actual que cada vez será más difícil encauzar los puentes del entendimiento. Para profundizar acerca de estos hechos políticos conversaremos mañana con el director del OPNA-UCR, Rotsay Rosales Valladares.

Esta es la significativa historia de una voluntad (aún) incumplida. En 1975, Lorne Ross y Agnes Spencer (él costarricense y ella inglesa) le donaron a la comunidad de Santa Ana -gracias a un acuerdo con el Estado- un terreno de 52 hectáreas con el objetivo de proteger las nacientes de agua, los humedales y el bosque de la zona; un corredor biológico y de tránsito de aves migratorias. El sitio estuvo varios años descuidado y pasó por varias instituciones, hasta que en 1993 se dio en administración a la Fundazoo. En 2014 la Municipalidad y la comunidad tenían listo un proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Lorne Ross, pero una decisión judicial le extendió 10 años más el derecho de uso a la citada fundación. En el largo camino recorrido hasta hoy el panorama sigue siendo incierto, pues existe una pugna irresuelta: mientras los santaneños buscan alcanzar un marco regulatorio para convertir ese sitio en el Parque Natural Urbano Lorne, Ross (como espacio cultural, recreativo y educativo) la diputada oficialista Pilar Cisneros pretende que el Ministerio de Ambiente y Energía construya ahí un parque con fuentes de agua (similar a uno existente en la ciudad de Lima) cuyo anteproyecto -se ha informado- habría costado $30 mil de fondos públicos, pero que aún no se conoce. Mañana miércoles conversamos con dos de las líderes comunitarias que abanderan el proyecto, Paula Blanco Cantillo, Catalina Obregón, ex regidora y representante de los herederos de la familia Ross.

Hasta hace tres años los recortes a los presupuestos se hacían en la Asamblea Legislativa, ahora no. Ahora la tijera la aplica desde antes el Poder Ejecutivo. Ha sido tal situación que desde Cuesta de Moras ya en varias oportunidades se exige la restitución de las severas rebajas. Este año, además, la disputa será mayor dado que por primera vez le corresponderá al legislativo la definición del monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). El viernes el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto para el 2025 por ₡12.4 billones y aún cuando esa cifra entraña una disminución del 1.9% respecto del plan de gastos del año en curso, Acosta argumentó que llevaba un incremento para la inversión social, una reducción del pago de la deuda y un saludable aumento de ingresos sanos para su financiamiento. Pero las primeras reacciones de preocupación no se hicieron esperar , particularmente por el debilitamiento de programas sociales y rebajas específicas en Educación, Trabajo y Obras Públicas, entre otros ministerios. Para poner atención en los claroscuros de este nuevo plan de gastos conversamos mañana con la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez.

Nunca en la historia republicana del país se ha rechazado la reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para hacerlo, el constituyente previó que tal veto solo sería posible con 38 votos; mayoría calificada. En la práctica entonces, los magistrados en Costa Rica permanecen en el cargo de forma vitalicia, hasta que deseen jubilarse o fallezcan. Pero los tiempos cambian. Y cambian mucho. De unos años para acá, el cuestionamiento acerca de las condiciones y requerimientos que la Asamblea Legislativa debe considerar para elegir a un/a magistrado/a o para sellar su reelección hacen parte de un intenso debate público. Dejó de ser un asunto de élites políticas, aunque ellas pesan, claro, pero las decisiones deben ponderarse con mucho mayor cuidado. Además de todo, la elección ahora es mediante voto público. Se trata pues, de tema político de primer orden. Aun en casos en los que se perfilara como de un mero trámite, como por ejemplo en punto a la reelección del magistrado presidente de la Sala Segunda Porfirio Sánchez. Francamente, era casi que un formalismo. Hasta que el pasado 20 de agosto el abogado y ex-juez Mario Rucavado hizo públicas sendas objeciones a dicha reelección. En el historial de Sánchez aparece el grosero rechazo a una acusación de acoso sexual contra un diputado años atrás, sentencia que debió enderezar un tribunal de trabajo superior de Sánchez Rodríguez, a la sazón juez. También se registra en su expediente cómo le negó derecho de lactancia a una defensora pública y para no dejar dudas de su conducta contra los derechos de juezas y magistradas, pidió derogar años después al acuerdo de Corte Plena que estableció en su día la paridad en los altos cargos de dirección política de ese cuerpo colegiado. Un señalamiento serio es el relativo a la mora en su despacho. La concentración de atrasos da cuenta de 869 casos con retrasos promedio de más de un año (388 días) Peor aún, tiene 769 casos de litigio laboral y de riesgos laborales con retrasos de ¡827 días! Como si todo eso no fuera suficiente, Rucavado denunció que Sánchez cometió un acto obsceno delante de una funcionaria judicial. Posteriormente, la jueza Silvia Arce, dio un paso adelante y se identificó como la víctima del hecho. Y a partir de ahí, la reelección de este lunes 2 de setiembre se ha convertido en un tema neurálgico que roza la integridad y la confianza en el Poder Judicial y ha puesto en batalla a la Asamblea Legislativa y a no menos de una veintena de organizaciones de mujeres que se oponen a la reelección, en tanto el magistrado acudió (acaso desesperado) a las poderosas armas de la judicialización del caso y también ha recibido apoyo de un grupo de empleados del Poder Judicial, aunque prácticamente todas las organizaciones gremiales y sindicales han preferido guardar sepulcral silencio. Para analizar este caso conversamos mañana con Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia, Claudia Paz y Paz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y con Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres.

Costa Rica es un país caro. Carísimo. Esto lo damos por sentado. Pero… ¿Cuán cierto es? Al analizar de manera comparativa los precios con el Programa de paridad de poder adquisitivo OCDE-Eurostat (2007-2020) resulta que nuestros precios son más bajos que países de esa organización. Pero al compararnos con el Índice Mundial del Costo de Vida, también 2007-2020, sí tenemos costos más altos que los países de América Latina. Tenemos precios más altos en pan, cereales, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, leche, queso, huevos, pescado, frutas, vegetales y papas. Y como si eso no fuera ya bastante también somos más caros en transporte, educación y salud. Esto ocurre por factores tales como prácticas monopolísticas, y consecuentemente, falta de competencia, barreras arancelarias y la estructura del gasto del Estado. Todo ello según se desprende de un tal estudio del Banco Central de Costa Rica. Para profundizar en este tema que nos afecta a todos conversamos con la responsable de este informe, la economista Melissa Vega Monge.

Las marchas en defensa de la inversión pública para la educación, conjuntan una gran diversidad de agrupaciones sociales, gremiales y políticas, como respuesta a los excesivos recortes presupuestarios de la administración actual. En la contraofensiva, el presidente Chaves asegura que dotar de recursos económicos, en particular a las universidades públicas, solo sería posible restándole fondos a la educación primaria y secundaria. Ahora abre el abanico y asegura que también se afectarían los recursos para vivienda, salud y hasta obras comunales. Esto resulta contradictorio con la argumentación de que la economía goza de buena salud y que somos campeones de la OCDE en atracción de inversiones, aunque ciertamente la realidad fiscal muestra deterioro por la falta de generación de empleo que reactive más la economía y la recaudación impositiva. La lucha no acaba con la voluminosa marcha de este miércoles, más bien abona a la polarización social. Para poner en balanza esta coyuntura conversaremos con Raquel Loría Quesada, presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) y con Gilberth Díaz, secretario general del sindicato de educadores costarricenses (SEC).

Costa Rica es una democracia resiliente y resistente que cuenta con un respaldo amplio, generalizado en la población y sólido en el tiempo; condiciones que nos hacen sobresalir en la América Latina y El Caribe. Pese a ello, los niveles de satisfacción reflejan más bien valores intermedios. En síntesis, los ticos somos fieles creyentes en la democracia, pero estamos insatisfechos con su funcionamiento. Entonces tenemos una democracia resiliente, pero amenazada y a prueba. Estas afirmaciones, así de categóricas, se desprenden del capítulo Costa Rica del Informe Barómetro de las Américas 2023, que fue dado a conocer esta semana y cuenta con el apoyo de las universidades de Vanderbilt y de Costa Rica, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa Estado de la Nación. De acuerdo con el estudio, el 86 % de los costarricenses identificamos al país como una democracia y para un 72 % de nosotros es la mejor forma de gobierno. La satisfacción con el sistema alcanza al 61 %. Un elemento valorado como significativo en el estudio es que el 36 % de los costarricenses muestran alto apoyo al sistema y alta tolerancia, dos condiciones ideales para la estabilidad democrática. Ahora bien, si bien es cierto son buenas calificaciones (somos el segundo país de la región adepto al sistema) los apoyos no son los mismos que a inicios de siglo, ni mucho menos que a los valores que registrábamos allá por la década de los años 80. La insatisfacción particularmente deviene tanto de la percepción y los datos objetivos de la criminalidad, como de la percepción dañina de la corrupción en la política. Amenazante resulta entonces que más de la mitad de la población estaría dispuesta a justificar que líderes actuaran al margen de la ley para lograr que la democracia fuese más efectiva, lo que nos pondría a transitar por terrenos escabrosos. Este amplio estudio da muchísimos insumos. De los más interesantes respecto de la sociedad que somos, son las percepciones sobre la migración que nos muestran ciudadanos sensibles, tolerantes y abiertos; 61 % está de acuerdo en los mismos derechos, 82 % no tiene prejuicios con tener de vecino a un migrante, un 60 % respalda que reciban servicios sociales, un 81 % está de acuerdo con que tengan derecho a ciudadanía y dos de cada tres costarricenses estiman que los nicaragüenses son buenos para apuntalar las actividades de la economía nacional. Para hacer un acercamiento al estudio conversaremos con el autor del informe, Ronald Alfaro.

Seguir culpando a las administraciones anteriores del profundo deterioro del sistema educativo no solo no sirve de nada, sino que además termina profundizando las brechas entre la Costa Rica limitada con acceso a educación privada y la Costa Rica mucho más numerosa que depende exclusivamente de la educación pública. Como bien sabemos, la profundización de los problemas pasados se traduce en rezagos en los aprendizajes, una crisis de gestión, la mayor cantidad de órdenes sanitarias en centros educativos y la menor inversión en una década, reducción signada por una incomprensible inacción política del MEP y su jerarca en la defensa de sus presupuestos. La dura radiografía del Estado de la Educación plantea que entre muchos desafíos que debemos acometer sin dilación, cuatro son los más urgentes: recuperar la inversión venida a menos, reducir la pobreza de los aprendizajes, inyectar calidad y conectividad en los ambientes de aprendizaje y mejorar la formación y contratación de los docentes. Para seguir profundizando acerca de esta situación conversaremos con Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación del proyecto Estado de La Nación.

Lo sabemos bien: la erosión de la democracia en nuestros días está ligada a la crisis de los partidos políticos, a la polarización extrema del sistema y consecuentemente de la convivencia social. En el epicentro de la cuestión observamos la profundización de problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, así como el deterioro educativo y de la prestación de servicios públicos. Todo ello sin dejar de lado los impactos del crimen transnacional organizado. Estas afectaciones generan altos niveles de decepción ciudadana. Obviamente, los problemas de la desafección democrática son multicausales, pero se ven potenciados por la prevalencia de la desinformación, las verdades a medias y mentiras construidas, que generan mayores grietas y afectaciones en lo social, lo cultural y lo identitario. Para seguir debatiendo en esta línea conversamos con el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora.

En la política internacional americana el jueves fue un día de sabor agridulce. El tribunal de justicia chavista terminó por consolidar (como se anticipaba) el robo de las elecciones venezolanas del 28 de julio. Y los jueces fueron más allá, anunciaron sanciones contra los líderes de la oposición, girando más las tuercas de la tirante sociopolítica en ese sufrido país. Mientras tanto en Estados Unidos, culminaron los cuatro días festivos de la Convención del Partido Demócrata con el discurso de la Vicepresidenta y candidata Kamala Harris quien esbozó en un discurso corto, conciso y concreto las grandes líneas de lo que sería su política doméstica con énfasis en oportunidades para la clase media; así como su política internacional en respaldo de los aliados estadounidenses tanto en la crisis de Ucrania, como en el conflicto en Oriente Profundo, en un giro complejo, pues reafirmó el derecho del pueblo de Israel a la defensa y la seguridad al tiempo que defendió también el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación y a terminar con el sufrimiento en Gaza. Ponemos énfasis en la campaña electoral estadounidense este viernes con el politólogo Alfonso Rojas.

Una  vez más el diputado opositor Ariel Robles formuló en un control político fuertes  denuncias  contra acciones y omisiones de actual administración, que tienen como escenario la provincia de Limón.  “Es crucial que el presidente esté enfocado en los sectores más vulnerables y no inmerso en una embriaguez de poder que le impide ver la realidad de las personas”. Y esas realidades son las denigrantes condiciones de trabajadores de empresas bananeras que estarían incumpliendo la legislación laboral no observando salarios mínimos, ni mucho menos horas extras, incurriendo en prácticas deleznables como pagar con comida la jornada laboral y despidiendo a trabajadoras que se atrevan a denunciar prácticas de acoso sexual.   Otra denuncia refiere que una reciente decisión de Japdeva, afectaría de manera directa a más de 100 familias, quienes se verían imposibilitadas de acceder a bonos de vivienda. En seguimiento a sus gestiones haciendo eco de las irregularidades en Gandoca Manzanillo también conversaremos con él acerca de los 26 allanamientos de esta semana. Todo esto en la antesala de  la gira anual que el gobierno realiza para celebrar el día de la persona  negra y la cultura afrodescendiente el 31 de agosto. Conversamos entonces con el diputado Ariel Robles.

El 2020 quedó marcado en el calendario como el año de mayor cantidad de femicidios en el país con 28 asesinatos. Para analizar esta realidad un grupo de especialistas en la materia recopilaron datos e información acerca de cada uno de esos 28 dramas con sus contextos e historias. El objetivo fue entender esas tragedias, identificar entornos de prevención y recomendar acciones para fortalecer las políticas públicas que protejan más y mejor a las mujeres. Precisamente uno de esos casos fue el de María Tacsan. Y aunque en un primer juicio su esposo el médico Carlos Pérez, resultó absuelto, este lunes en un nuevo proceso fue hallado culpable y deberá descontar 35 años de cárcel. Pero como sabemos no a todos los femicidios alcanza el brazo de la justicia pronta y cumplida. El Informe de Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020 que realizó la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres, sintetizado como “autopsias psicosociales”, confirmó los factores que prevalecen en este tipo de asesinato. Factores tales como la pobreza, la exclusión, el crimen organizado y la violencia machista, entre otros. Para conocer más detalles y aportar a la permanente sensibilización de esta problemática nacional conversamos con las investigadoras Ana Hidalgo y Teresita Ramellini.

Desde siempre, pero particularmente desde la pandemia por SARS-CoV-2 quedamos notificados que viviremos con más frecuencia entre epidemias y distintos grados de importantes diseminaciones de virus y bacterias. La semana pasada, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta global por emergencia de salud pública debido a la rápida transmisión de la enfermedad Mpox (conocida como viruela del mono), dado el peligro exponencial del aumento de casos; por ahora más de 15 mil en 12 países. Aquí en Costa Rica sumamos en la primera quincena de agosto 16 mil casos de dengue, un incremento significativo respecto del año pasado, cuando se inició un brote que sigue circulando con los serotipos tres y cuatro, motivo de preocupación, ya que hay mucha población vulnerable sin inmunidad. Entre tanto, los dos últimos reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, confirman que vienen en aumento los contagios de covid (480 casos nuevos y 80 hospitalizaciones solo en los primeros días de agosto). Y para rematar, las autoridades sanitarias reportaron como sospechoso, analizaron y posteriormente descartaron un primer caso de Oropouche, un virus que se transmite por un insecto conocido como jején. Durante este año se han reportado más de 7,700 casos en Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Colombia, por lo que la Organización Panamericana de la Salud aconsejó fortalecer la vigilancia y control de vectores, así como mantener informada a la población. Para hacer repaso de estas alertas de salud pública conversamos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

Venezuela e Israel, son dos de los focos de alta tensión, que siguen sumando atención global dadas las repercusiones que sus conflictos derivan. Israel sigue a la espera de una respuesta a sus últimos ataques (uno en Gaza y otro en Líbano) lo que exacerba las posibilidades de una guerra, contenidas desde hace meses, debido a los complejísimos intereses que constituyen de telón de fondo en la guerra en Gaza. Analistas sostienen que tanto Hezbollah como Irán están atrapados en sus avisos de represalias contra Israel. Mientras continúan las conversaciones esta semana en Doha, Naciones Unidas urge un alto al fuego para poder vacunar a la población dada la alerta de un primer caso de polio en 25 años en el territorio gazatí. Al otro lado del mundo, la oposición venezolana inicia la semana sumando un triunfo a la convocatoria, tanto interna como externa, de apoyo a sus gestiones y de repudio al régimen de Nicolás Maduro, pero no se vislumbra aún una salida al conflicto derivado de la voluntad electoral vulnerada el 28 de julio. Para poner en foco en esta parte de la agenda internacional conversamos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

Cada 10 meses asistimos al tortuoso camino de la negociación del financiamiento de la educación superior pública, que antes se hacía cada 5 años. Hoy, esto se ha convertido en un elemento más que abona a la polarización. La última negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se dio en el 2010, dejo un crecimiento del 81% de esa partida presupuestaria, sin contar con los fondos para la Universidad Técnica Nacional entre ese año y el 2015. Para el siguiente año se tomó la decisión de hacer la negociación anualmente dadas varias circunstancias como la situación fiscal, un cambio en la metodología del Banco Central para estimar el Producto Interno Bruto (PIB), el hecho de que no estuviera listo el Plan Nacional de Educación Estatal (insumo básico para la negociación) y fuertes amenazas en la Asamblea Legislativa de variar el destino de esos recursos a otros programas e instituciones. Desde entonces se viene realizando ese diálogo cada año, con el acuerdo de garantizar que el 1.5% del PIB fuera para las universidades. Pero en los últimos tres años esta discusión se ha convertido en un campo de disputas, reproches y distanciamiento entre el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Para poner esta situación en perspectiva conversaremos con la rectora del Tecnológico de Costa Rica, María Estrada y el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Cuando sin razón aparente pagamos más por un producto, deberíamos volver la mirada hacia el Puerto de Caldera para encontrar, al menos, parte de la respuesta de ese encarecimiento. El sobre costo de muchas mercaderías obedece a los significativos atrasos en la descarga de los contenedores por el congestionamiento de esa terminal portuaria. Por Caldera ingresan el 80% de las importaciones que llegan a Costa Rica en insumos, materias primas y otros bienes que requieren muchos sectores para la producción nacional tales como maíz, hierro, acero, soya, trigo, arroz y abonos agrícolas. Y por ese mismo punto salen muchos de los 1.500 productos que exportamos al mundo. Sin duda es un lugar estratégico que debería tener condiciones óptimas, pero sus usuarios indican que la ineficiencia encarece el abastecimiento, lo cual impacta los costos, lo que consecuentemente aumenta el precio final al consumidor y nos resta competitividad. Caldera opera a un 108% de su capacidad, cuando las mejores prácticas internacionales indican que la ocupación no debe superar un 60%. Los datos de la decimoquinta Encuesta de Perspectivas Empresariales de la Cámara de Industrias advierten que las empresas que usan la terminal pagan sobreprecios de entre $251 y $400 por contenedor y deben esperar un tiempo promedio de 8 a 14 días para tener la carga disponible una vez que llega al puerto. El desafío es doble, por un lado, mejorar las obras que hoy tiene este centro logístico portuario y por otro, planificar otro puerto que cumpla con las condiciones de crecimiento y proyección de la economía nacional. Para analizar el tema conversaremos con Sergio Capón y Arturo Rosabal, presidentes de las cámaras de Industrias y de Comercio, respectivamente.

Hoy, al igual que en 1992, cuando la escritora Anacristiana Rossi publicó “La loca de Gandoca” para exponer en una novela mezcla de ficción y realidad la lucha por la preservación del Refugio mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, esa inacabada batalla está más vigente que nunca. Y por suerte, a diferencia de aquellos años, hay una inmensa vitrina pública y mediática que acompaña la lucha de pobladores locales, ambientalistas y políticos decentes que alzan la voz fuerte, firme y clara para seguir resistiendo ante la voracidad de quienes persisten en vulnerar el patrimonio que aún nos queda en el Caribe Sur. Pero claro, si esto es así, solo es por una razón: están vigentes también los poderosos intereses económicos que quisieran urbanizar (de poder hacerlo, claro) toda la orilla del exótico caribe costarricense. Y son intereses que se heredan por generaciones de padre a hijo. No es ficción. Como tampoco lo es una investigación judicial en curso por múltiples incumplimientos de instituciones como el INDER (antes IDA) y el SINAC del Ministerio de Ambiente, que dieron paso a una nueva cesión de cuestionados permisos de tala de árboles en zona protegida. Pero esta no es la misma lucha de 32 años atrás. Si bien es cierto el dinero fluye, y seguramente mucho más, hoy contamos con un inmenso acopio de jurisprudencia por la consolidación de la Sala IV. También tenemos una protección que se incorporó en nuestra Constitución Política (art.50) como derecho fundamental "a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado". Así que como dice el historiador Iván Molina hoy la novela y la loca gozan de excelente salud... Y con la fuerza acumulada de los años persiste implacable en su denuncia que tiene eco en cientos de miles de personas. Por eso nos enorgullece mucho conversar con Anacristina Rossi.

La crisis político electoral venezolana es un verdadero juego de tronos signado por una creciente tensión, la participación activa de varios países de la región ejerciendo presión sobre un acorralado gobierno de Caracas y, por supuesto, la consabida represión policial que siembra terror con sus detenciones ilegales contra activistas políticos de la oposición mediante la llamada "operación tun tun". El punto central es que Maduro, a falta de las actas del Consejo Nacional Electoral (cne) ha pretendido ganar tiempo judicializando la elección y por ello ha proclamado que lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia (tsj) que es uno de sus órganos satélites (no un poder independiente como en una democracia real) será "santa sentencia y ley sacrosanta de la república" Claro, y el tsj dirá que el sistema electoral fue hackeado y que por eso no aparecen las actas y que el 28 de julio sí habría ganado Maduro bla, bla, bla, bla. El problema es que esa burda pretendida salida a la crisis no sería aceptada por Brasil que se ha distanciado claramente de la troika de apoyo al régimen que mantuvo inicialmente con Petro de Colombia y el saliente López Obrador de México. Luis Ignacio Lula da Silva es hoy, junto con el estadounidense Joe Biden, el más poderoso opositor a los planes de perpetuación de la cúpula bolivariana. Según ha trascendido, el mensaje de Estados Unidos a Maduro es claro: o se marcha por propia voluntad a un exilio dorado con garantía de no persecución o será detenido. Por el momento, Maduro no parece inclinado a ceder, pero la situación interna es complejísima. Por un lado, la oposición se mantiene cohesionada y Edmundo González Urrutia, el presiente electo, ha recuperado fuelle tras la amenaza de detención, misma que se ha lanzado contra la líder indiscutible del proceso María Corina Machado. Pero por otro, hay severos distanciamientos y disputas entre la misma cúpula gubernamental, algunos de los cuales no pueden ni verse: Vladimir Padrino López, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek William Saad y algunos otros, todos con sus propios planes de escape en caso necesario. Mientras tanto, el Centro Carter, el único observador internacional aceptado por el régimen de Maduro, ha certificado que, con base en las actas mostradas al mundo por la increíble estrategia diseñada por la oposición, Edmundo González Urrutia efectivamente fue el ganador de las elecciones del domingo 28 de julio. ¿Caerá el régimen venezolano esta vez? Lo conversamos con el historiador, analista y ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Orosí II, la quinta etapa de la ampliación del Proyecto de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, era (y es) fundamental para garantizar agua potable a 638,000 personas de 14 cantones metropolitanos; la mayoría josefinos, además de uno cartaginés y otro herediano. Sin duda una obra pública indispensable. Los cambios de cuatro presidentes ejecutivos de Acueductos y Alcantarillados, (tres de ellos durante este gobierno) así como la inestabilidad y remociones de varias gerencias, serían parte de las razones por las cuales en noviembre pasado se perdió un crédito de $400 millones del BCIE para su construcción. Ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, las autoridades de AyA no lograron explicar las razones de esta situación. Esa mega obra aportaría 2,500 litros de agua por segundo, con una infraestructura de 42 kilómetros de tuberías y casi nueve km de túneles, una nueva planta potabilizadora en Patarrá y cuatro tanques de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos cada uno. Desde el año pasado, la crisis de suministro del líquido en el área metropolitana se ha venido agudizando. En abril de este año Juan Manuel Quesada, el actual jerarca de AyA, informó que Orosí II “es la prioridad número uno” en la cartera de 179 proyectos de la institución, pese a que no cuenta con los estudios necesarios, mucho menos con el financiamiento; lo que lleva a prever próximos veranos de racionamientos. Para analizar las implicaciones del rezago en infraestructura hídrica conversamos con el especialista en temas de agua y saneamiento, Saúl Trejos.

En un mundo marcado por la desigualdad, los datos que arroja nuestra situación son aún más desalentadores que los de muchas otras latitudes: solo considerando el grupo de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupamos el último escalón de la tabla. Sí, pese a nuestra inversión de décadas en salud, educación y pensiones, somos la nación con más disparidad de ingresos entre los ricos y los pobres. ¿Por qué esto es así? Entre otros factores se nos señalan las condiciones de la estructura salarial (obviamente de quienes logran acceder a un empleo formal) el enorme porcentaje de la gente en la informalidad y las conocidas condiciones de inequidad que sufren las mujeres para ser parte del mercado laboral. Y si por la víspera se saca el día -como reza el viejo adagio- las perspectivas no son nada buenas porque, solo para citar un aspecto fundamental de resolución, la OCDE nos recomienda mejorar los resultados educativos. Y eso no ve. Por el contrario, en esta administración afrontamos recortes presupuestarios severos en educación lo mismo que en otros rubros de la inversión social neurálgica, amén de carecer de otras políticas públicas también relacionadas con aspectos tributarios. En pocas palabras tenemos una economía que crece y una sociedad que, en su inmensa mayoría, no recibe los beneficios de ese crecimiento. ¿Cómo entender esto? Lo conversamos con el economista José Luis Arce.

“Padre. Tío. Esposo. Maestro. Entrenador. Guardia Nacional del Ejército. Excongresista. Gobernador de Minnesota”. Así se presenta Tim Walz en sus redes sociales. Pero mucho más que eso analizó Kamala Harris para escogerlo como su compañero de fórmula para correr por la presidencia estadounidense. La aspirante surfea con buen viento y condiciones su batalla contra Donald Trump. Agrupó el apoyo de su partido, ha logrado una recaudación récord de donaciones y las encuestas la colocan ya codo a codo frente al contrincante. La designación de Walz, informó el New York Times, surgió de un grupo de candidatos que tenían un mejor reconocimiento de nombre y estados de origen más ventajosos políticamente. Para ampliar en qué fortalece su designación la corta carrera electoral de la actual vicepresidenta de Estados Unidos conversaremos con el analista, periodista y ex embajador, Eduardo Ulibarri.

Las personas víctimas de los malos manejos de Coopeservidores comenzarán a recibir a finales de este mes los montos que estableció el proceso de resolución de esa malograda entidad financiera. Como sabemos, la intervención y la legislación vigente, lograron rescatar el 100% de los dineros de aquellos ahorrantes con montos de hasta ₡6 millones. El Banco Popular determinó las condiciones de entrega de esos recursos para el próximo miércoles 28. Esto incluye los ahorros a la vista y los certificados de depósitos a plazo. El resto de inversionistas con sumas por encima de seis millones recibirán, además de esa cantidad, la mitad del resto de lo que tenían invertido. Ahora es importante que se dé seguimiento a las condiciones establecidas y evitar que inescrupulosos puedan engañar o timar a quienes inician los procedimientos para obtener su dinero. También es importante saber qué ocurre con los procesos de investigación judicial para, ulteriormente, sentar las responsabilidades legales de este descalabro. Sobre el tema conversamos con el responsable de la resolución de Coopeservidores, Marco Hernández.

Tres hechos relevantes nos permiten poner en perspectiva cómo fluyen los hechos políticos en el arranque del octavo mes del año. La intempestiva presentación de una nueva versión del proyecto de ley que se impulsa llevar por la vía del referéndum. Apenas vio la luz y ya arrastra cuestionamientos. El segundo es otro fallo de la Sala Constitucional ordenando al Ministerio de Hacienda reintegrar ₡62 mil millones al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf). El ministro de Hacienda reaccionó anunciando que para honrar esa deuda rebajará los presupuestos de varios ministerios. Ambos asuntos llegaron a una Asamblea Legislativa que culminó el jueves con una trifulca de reclamos y endosos de culpas por los raquíticos resultados de otro periodo perdido de sesiones extraordinarias, responsabilidad de la administración Chaves Robles. Los enfrentamientos dejaron en claro que ya la mayoría de la oposición perdió el temor a la retórica de Zapote y acusan no poco hartazgo. Así condimentadas continúan las agrias relaciones entre los dos poderes de la República, en tanto, se sigue agudizando la crisis de violencia criminal junto a otros desafíos nacionales. Para poner en coyuntura el inicio de agosto conversaremos con el politólogo Gustavo Adolfo Araya Martínez.

Otro año y la más grande movilización de personas en el país ya está en camino hacia la casa de la Negrita, en Cartago. Pero este 2024 se conmemoran los 200 años de la proclamación como Patrona de Costa Rica a la Virgen de los Ángeles, cuya devoción es un hito con ribetes espirituales y culturales únicos. El hallazgo de su figura, de 20 centímetros, allá por el año 1635 nos ubica en el sincretismo de ese momento al mezclar características de la tradición cristiana-europea con elementos de la cultura indígena y negra, propias de nuestra Nación. Su proclama como patrona nacional se da en un contexto histórico de hechos que se suscitaron en el proceso de conformación de las bases como un Estado, como la Independencia y la Anexión del Partido de Nicoya. En torno a esto hay una serie de anécdotas, retazos de la vida de personajes y de acontecimientos a su veneración que se celebran cada 2 de agosto. Para hilvanar algunos de estos aspectos haremos repaso con el historiador, José María “Milo” Junco.

Las repercusiones políticas, posteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad ante la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones, de la primera versión del proyecto de ley que se impulsa llevar a referéndum, siguen agriando y agitando el debate nacional. De inmediato el Poder Ejecutivo, sin siquiera conocer el fallo en su totalidad y lo que debería resolver la Sala Constitucional acerca de dos acciones pendientes, vuelve a polarizar el tema entre buenos y malos; seguidores y detractores, lo cual sigue abonando a una narrativa que sigue deteriorando la confianza en el papel de las instituciones en su labor de fortalecer la convivencia democrática. Enmarcado este como un tema distractor de la discusión de otros desafíos que se dejan de lado y seguir una orquestación que desde el Poder Ejecutivo se impone. Ya varias de las fracciones legislativas, exceptuando la oficialista, señalan con diferentes matices que la segunda versión de la denominada ley jaguar mantiene vicios de inconstitucionalidad, lo cual sigue abonando al enfrentamiento. En el otro lado la ciudadanía recibiendo diferentes versiones, alejando a importantes sectores de la discusión con argumentos y obtener elementos para conocer tener los verdaderos objetivos de seguir inflamando la crispación social y la desinformación. Para analizar estas repercusiones conversaremos con el politólogo, Sergio Araya.

Tanto como sigue escalando las tensiones internas en Venezuela, igual hay movimientos de países y organismos internacionales, para mostrar sus posiciones. La comunidad internacional observa y mantiene un seguimiento cercano, para ir ajustando sus posturas y acciones, dadas los intereses políticos, económicos y las condiciones geopolíticas en torno a este hecho, que se pueden ir tornando en situaciones más complejas. Toda gira en torno a los resultados, y la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro, lo que ha tenido diferentes abordajes, que van desde el reconocimiento y felicitación de los países cercanos, como el rechazo y desconfianza de los que exigen la entrega y transparencia en la revisión de las actas electorales. En las últimas, mientras recrudecen las manifestaciones, los señalamientos de responsabilidades de muertes, consecuencias por la agitación y amenazas de arresto de los liderazgos opositores, se han suscitado hechos como la conversación entre los presidentes Lula da Silva y Joe Biden en que abordaron el tema de la importancia de la divulgación de las actas y lograr condiciones de normalización. El gobierno de Costa Rica ofreció asilo político a Edmundo Gutiérrez, Corina Machado y a quienes se mantienen en la sede de la embajada de Argentina en Caracas. Para poner en perspectiva el peso de la presión internacional en solucionar y salvaguardar a la ciudadanía venezolano conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

Todos los artículos consultados son inconstitucionales. Esta es la síntesis del fallo de la Sala Cuarta, ante la consulta realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el proyecto de la Ley Jaguar. Las razones de este fallo fueron justificadas por el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, al indicar que el proyecto de ley afecta las atribuciones constitucionales que tiene la Contraloría General de la República y le quita herramientas importantes para que este órgano ejerza las funciones que le atribuye la Constitución Política. El TSE solo consultó 5 de los 9 artículos, no obstante, un grupo de diputados presentó otra consulta con la totalidad del proyecto, aún pendiente de resolución. Ahora los magistrados electorales deberán revisar el fallo completo. Para ahondar en esta decisión conversaremos mañana con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

Venezuela vivió una nueva jornada calificada como una carrera de obstáculos y sin integridad electoral. Seis horas después del cierre el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó los resultados con el 80% de las mesas escrutadas, con 51% para Nicolás Maduro y un 44% para Edmundo González y un 4% al resto de los 8 candidatos presidenciales. La plataforma opositora no reconoce los datos del órgano electoral y sostiene, que con el 40% de las actas transmitidas y que tiene en su poder, ganaron con el 70% de los votos. Y que esto se sabe en Venezuela y en el mundo. El órgano electoral denunció y solicitó una investigación a la Fiscalía de un supuesto acto que habría interrumpido el sistema de transmisión de los datos de las actas electorales. Pareciera una estrategia para intentar detener las denuncias, que el grupo opositor, habría señalado problemas al cierre de las urnas con la recepción de esa información. A partir de esto queda abierto el espacio de las acciones que emprenderá el grupo de González y en el marco de las declaraciones de Perkins Rocha, vocero del comando de campaña de González Urrutia, de dar la vida por la verdad del resultado. Todo el proceso ha sido denunciado de irregularidades que implican cambios arbitrarios e incumplimientos a los acuerdos de Barbados, firmados por el gobierno y la oposición en el año 2023, para otorgar garantías a las elecciones. La ruta opositora fue compleja, primero con la inhabilitación de la líder Corina Machado, la imposibilidad de inscripción de Corina Yoris hasta aglutinarse bajo la candidatura de Edmundo González Urrutia. Se fue escalando a problemas de registro de votantes en el extranjero, cierre de fronteras para que personas no pudieran ingresar, imposibilidad de observadores internacionales para tareas de verificación. Cerradas las urnas, largas horas de espera para el primer boletín del CNE, denuncias acerca de interrupción de datos de mesas electorales. El oficialismo tras el cierre de las mesas negó toda posibilidad de fraude y que nadie podría revertir los resultados de su triunfo. Para hacer un primer balance conversaremos con los ex embajadores en Venezuela, Ricardo Lizano y Vladimir de la Cruz de Lemos.

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó una sentencia a favor de Costa Rica en el arbitraje por Industrias Infinito, en el caso de la mina Crucitas. Esto evita un pago por $398 millones, pero aun así Crucitas sigue siendo un tema nacional, ambiental, social y económico que no se logra resolver. Y encontrar cómo solucionar podría ser como “abrir una caja de Pandora”, ya que oscilamos entre quienes insisten en que tenemos allí un yacimiento de 2 millones de onzas (el de los cerros Botija y La Fortuna) con un valor al precio actual de $5 mil millones. Y otro en la saprolita (formación geológica en la roca), que es explotada de manera ilegal. Ambas situaciones nos colocan en posiciones como la del presidente Chaves dispuesto a abrir el tema a la extracción o buscar soluciones ambientales y sostenibles. La explotación de las dos minas identificadas sería una tarea enorme, de un gran costo de inversión y con daños ambientales que seguirán profundizando los problemas que se enfrentan que nos pondrían en disputa incluso con Nicaragua, por la contaminación de las aguas. La extracción minera no es un cajero automático que se le puede solo sacar, sin que haya graves consecuencias, como hay en otros países con este tipo de actividad. Para tener más elementos técnicos de este tema conversaremos con el geólogo ambiental y especialista en evaluación ambiental, ordenamiento y planificación del territorio, Allan Astorga.

Conmemoramos 200 años del inicio del proceso de agregación del Partido de Nicoya a Costa Rica. La decisión del aquel 25 de julio de 1824 constituyó un hito en el que poblaciones indígenas, ladinas y españolas de Nicoya, Santa Cruz y Villa Guanacaste (hoy Liberia) adoptaron por mayoría el acuerdo de agregación. En otras palabras, no hubo unanimidad. En Villa Guanacaste vivían hacendados nicaragüenses que no comulgaban con semejante iniciativa, como si lo estaban nicoyanos y santacruceños, que tenían muy estrechas relaciones con Puntarenas. Fue una época muy intensa en acontecimientos políticos, económicos y territoriales que constituyen el marco ideal para la producción de Grupo Columbia de nuestra tercera radionovela: La Voluntad de la Pampa. Para celebrar esta fecha patria hilvanaremos hechos reales con trazos de esta producción en una muy interesante conversación con su creador, el periodista e historiador, Rodolfo González Ulloa. Fotografía: Angélica Castro/ UCR.

La detención de Maickel Villegas Rodríguez, un venezolano de 27 años, que intentó entrar a Costa Rica el 12 de julio infiltrado en un autobús que trasladaba migrantes desde Panamá hacia la frontera norte de nuestro país, activó un mecanismo policial de cooperación internacional. Villegas es un delincuente peligroso. Miembro del tren de Aragua, una organización de crimen transnacional. Él junto con otros sujetos habrían asesinado en marzo pasado al teniente Ronald Ojeda, un opositor del gobierno de Nicolás Maduro que tenía la condición de refugiado en Chile. Al informarse de su detención, las autoridades chilenas solicitaron como mecanismo preliminar, la detención con fines de extradición y este lunes la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente González oficializó ante nuestra Cancillería, la solicitud de extradición. Se trata, pues de un caso de extrema prioridad para el gobierno suramericano. InSight Crime (una fundación dedicada al estudio de las amenazas a la seguridad Latinoamericana) califica al tren de Aragua como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela. Tiene 4 mil miembros que operan en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile y cada vez van extendiendo más sus tentáculos, pues Transparencia Venezuela dice que ya están en Brasil y Costa Rica y el gobierno de Joe Biden, asegura ya está también en Estados Unidos. Para conocer acerca del caso específico de la extradición y para dimensionar la peligrosidad de esta corporación del delito, conversamos con la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente y con el experto en seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos Retchnitz.

Las ramificaciones de la tala y extracción de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se extienden mucho más allá de los límites del cantón limonense de Talamanca, llegando hasta la sede del Gobierno central en Zapote. Sus implicaciones ya tienen expediente de investigación, personas detenidas y una copiosa serie de hechos y evidencias. La fuerza del caso golpea a quienes han querido minimizar responsabilidades que van más allá del principal implicado, el empresario Allan Pacheco Dent y su empresa Playa Manzanillo, SA. Las raíces llegan al Ministerio de Ambiente y Energía y al hoy cuestionado Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC. La Fiscalía Ambiental allanó la Municipalidad de Talamanca, debido a una aparente entrega anómala de aprovechamiento forestal, en una zona que desde el año 2019 la Sala IV había determinado era inconstitucional delegarla a manos privadas, pues se trataba (y se trata) de terrenos que son parte del patrimonio natural del estado. Al no cumplirse con la orden de delimitación del refugio (SINAC e INDER) se habría concretado el ilícito de cambio de uso de suelo en áreas de bosque y humedales. Y como si todo esto no fuera suficiente, la trama se complicó más por las relaciones cercanas de Pacheco Dent con el mandatario Chaves Robles que han llevado a establecer muchas visitas a Casa Presidencial, celebración de fiestas en una propiedad familiar del empresario y actividades de entrenamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), unidad policial de fuerzas especiales adscritas al Ministerio de la Presidencia. Aún hoy, el mandatario sigue defendiendo los permisos otorgados por el gobierno para la tala. Para ahondar en la materia conversamos con el diputado Ariel Robles Barrantes quien lidera el control político del caso.

Joe Biden tiró la toalla. El presidente de los Estados Unidos -lo sabe el mundo entero, porque al mundo entero le interesa y mucho la campaña estadounidense, no correrá ya por la reelección y endosó su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien salta a la primera fila de la escena y se mueve rapidísima buscando apoyos. "Mi intención es ganar esta nominación". Ganarla, reconfirmarla, consolidarla. A pesar de la revuelta demócrata, las apuestas corren a favor de que ella será la candidata oficial, pero, claro, tendrá que llegar a esa orilla para sortear la corriente. Este mismo domingo la segunda de la Casa Blanca obtuvo el respaldo de los Clinton, aunque no de los Obama, ni de Nancy Pelosi. Aún. Otros poderosos del partido y considerados candidateables como el gobernador de California Gavin Newson o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, sumaron su adhesión. Don dinero también. Solo en las primeras cinco horas tras el anuncio del retiro de Biden y el traslado de la estafeta a Harris, la campaña recaudó 27.5 millones de dólares. Los donantes se reaniman. A los republicanos no les gustó para nada la jugada. Aunque no podían manifestar sorpresa. La noticia era más que esperada por propios y extraños. La reacción luego de la buena racha de las últimas semanas, fue la de amplificar los adjetivos descalificadores contra Biden y Harris. La especialidad de MAGA. No faltaron opositores duros que hasta se atrevieron a sugerir que el mandatario no debe terminar su período, argumentado que si no está en condiciones para hacer campaña tampoco lo está para llegar a enero como comandante en jefe. Lo cierto es que vivimos en tiempo real la que está considerada como la campaña electoral estadounidense más convulsa de las últimas décadas y para ponerle foco conversaremos con el analista político, Constantino Urcuyo Fournier.

Desde el 2015, nuestro Istmo atraviesa cambios significativos en materia migratoria: cada vez son más las mujeres y los menores de edad no acompañados quienes migran, a diferencia del pasado cuando este era un fenómeno de hombres solos. También, cada vez las migraciones se producen en grandes grupos y, finalmente, cada vez se observan más desplazamientos forzados debido a la violencia y la persecución política, es decir, ya no solo como desafío de oportunidades económicas. También por supuesto, continúa la migración laboral, de paso, de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Esta es una de las conclusiones de los actuales flujos migratorios, que vemos en nuestras ciudades y territorios. Así se desprende del estudio “Nuevas dinámicas del corredor migratorio de Centroamérica y República Dominicana (CARD)” del Estado de la Región. La transformación de estos éxodos los debemos entender por el aumento en cifras, las expectativas de estas personas y los impactos de una realidad política, económica excluyente y en deterioro social constante. En este mosaico, Panamá resulta relevante, ya que la zona del Darién se ha convertido en paso obligado para quienes sueñan con llegar a los Estados Unidos; personas provenientes de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití y latitudes lejanísimas como Afganistán y otras naciones asiáticas. El flujo es tal que entre el 2019 y el 2023, los registros marcan un aumento exponencial de 30 mil a 520 mil seres humanos. De allí que el nuevo presidente canalero, Raúl Mulino, indicó apenas asumiendo el cargo que gracias a un acuerdo con Estados Unidos cerrará el paso por la selva. Es decir, el muro norteamericano se correrá de México a Panamá. Para poner en perspectiva esta realidad conversaremos con los responsables de esta investigación, Andreas Feldman de la Universidad de Illinois y Alberto Mora del Estado de la Región.

La iniciativa de construir una cárcel con carpas nos asaltó de repente. De tan inusual idea (no existe que sepamos en el mundo, al menos en el mundo desarrollado, una cárcel así), se conocen solo algunos ribetes, no las costuras del proyecto, que nos ayuden a comprender su posible viabilidad. Claramente, unas carpas no resolverían el problema de hacinamiento carcelario, que dicho sea de paso no sabemos a ciencia cierta de cuánto es. Lo cierto es que el gobierno tenía un camino de varias semanas recorrido en esto. Hoy sabemos, a partir de la destitución del ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, que una delegación de una empresa española estuvo en la sede ministerial presentando la eventual “solución”. Sabemos también por información documentada del diario La Nación, que el Ministro Gerarld Campos y la Viceministra Carolina Castro viajaron a España a ver modelos carcelarios sí, pero no de carpas, sino de los habituales de concreto y cemento. Pero también le devolvieron la visita a los empresarios en cuestión (la compañía se llama ARPA) en Zaragoza para, según le reportó Justicia a La Nación, “hacer un estudio de mercado para la contratación de un sistema constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario”. No se conocen mayores detalles de la oferta de estas denominadas soluciones móviles y campamentos modulares, tampoco del montaje, de los materiales de los toldos, de la ubicación que tendrían, ni de las sensibles condiciones de seguridad. Se desconoce asimismo el costo del entoldado, de los compromisos de mantenimiento, así como de todos los ajustes necesarios para poner en operación la iniciativa. El presidente -que defiende el modelo- ha mencionado que se requieren más espacios carcelarios ante la eventual aprobación de la reforma a la ley de prisión preventiva y lo cierto es que todo parece indicar que a falta de planificación, surgió una salida a la carrera altamente cuestionable que ahora nos tiene en esta nueva discusión. Para ampliar sobre el tema conversaremos con el ex ministro de Justicia, Fernando Ferraro y el ex director de Adaptación Social, experto en temas penitenciarios, Guillermo Arroyo.

Un joven senador de Ohio, blanco, excombatiente de Irak y en un pasado ya olvidado muy crítico del expresidente Donald Trump, fue justamente el elegido por el ya nominado oficialmente candidato presidencial opositor, para ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos de ganar, claro está, el torneo electoral del primer martes de noviembre próximo. La duda se despejó ayer apenas abriéndose el telón de la magna convención partidaria en Wisconsin, un ritual de cuatro días que culminará el jueves precisamente con el discurso de aceptación de Trump, que luce como todo un héroe en estos días luego de que sorteara el intento de magnicidio que un chico de tan solo 20 años pudo ejecutar el sábado debido a los severos fallos de seguridad del Servicio Secreto y la policía de Pensilvania. James David Vance, conocido como JD Vance, y a quien el Presidente Biden catalogó como "un clon de Donald Trump" por su ahora incuestionable cercanía en ideas y propósitos -empezando por su férrea oposición a la migración- tiene exactamente la mitad de la edad del expresidente con lo que equilibra, solo por ese lado, la fórmula presidencial republicana. ¿Qué implicaciones tiene esta nominación? ¿Es cierto que los éxitos y la buena estrella de las últimas semanas tienen la posibilidad de acrecentar mucho más la diferencia en intención de voto para el exmandatario? ¿Cambiará su línea discursiva Donald Trump para dejar de atizar hogueras, luego del traumático suceso del fin de semana, o seguirá siendo quien en esencia es? ¿Qué pueden hacer los demócratas para revertir esta buena racha de sus rivales? ¿Será Biden si o si el nominado en la convención demócrata el próximo mes? Continuamos tomándole el pulso a la campaña de los Estados Unidos y conversamos con el relacionista internacional Carlos Cascante.

Debido a una peligrosa mezcla de factores físicos emocionales y culturales, en la que confluyen malas prácticas de ingesta calórica y sedentarismo, la obesidad va ganando tallas en Costa Rica. Y claro que eso ya lo sabíamos, pero ahora además está documentado en “Un vistazo a la salud 2023”, informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La báscula es inmisericorde y señala que 7 de cada 10 costarricenses padece de sobrepeso, lo que incide en enfermedades no transmisibles como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares. En el citado reporte, solo Estados Unidos y México están por encima de nosotros. Y cuando de obesidad se trata, el estudio nos ubica con un 31 de cada 100 personas en esa condición, la segunda cifra más alta de la región, solo superados por los mexicanos. Una de las causas de esta situación es el consumo de alimentos poco saludables con alto contenido en carbohidratos, sodio, azúcares y ricos en grasas saturadas. Si bien el país cuenta desde el 2018 con una “Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Obesidad”, esta política pública decididamente ha sido insuficiente. Peor aún, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que para el año 2060 la incidencia de obesidad llegaría al monumental 94% de la población. Para analizar cuánto de esfuerzo personal y cuánto de acciones nacionales debemos emprender, conversaremos con la nutricionista, María Marta Ortiz del programa Costa Rica Saludable.

El inicio de la semana nos recibe con las implicaciones de varios hechos políticos, hilvanados por las narrativas de confrontación y de crispación social, tan puestos en boga. En el plano internacional, el disparo el sábado contra el expresidente Donald Trump en un mitin republicano es ya uno de los hechos más relevantes de la trepidante campaña electoral estadounidense, justo en la antesala de su nominación oficial como candidato y, por supuesto, al que le sacará todo el millaje imaginable. Y en el patio interno, la remoción del ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, quien se opuso al proyecto de instalar una cárcel de carpas, sin que se hayan hecho públicos aspectos básicos del proyecto que cuenta con el respaldo del presidente Chaves, pero que se había manejado en absoluto silencio, justo hasta que se produjo la destitución que por cierto no fue la única de la última semana. Uno de los hombres de mayor confianza del mandatario -si no el que más- fue sorpresivamente trasladado del Ministerio de Comunicación al de Cultura y Juventud. Acerca de las razones de este movimiento de ficha, no se sabe nada aún. Tampoco quién será el reemplazo. En el telón de fondo continúa la espera de la resolución de la constitucionalidad de los contenidos del referéndum. Para acomodar y ampliar acerca de estos temas conversaremos con Eugenia Aguirre Raftaco, subdirectora del Observatorio de la Política Nacional y coordinadora del Observatorio de la Política de los Estados Unidos.

El cambio climático y los eventos extremos que experimentamos son la mayor amenaza para la humanidad. Ya sean las olas de calor con sus noches tórridas o las sequías, la fuerza de los eventos hidrometeorológicos o el aumento del nivel de los océanos y mares, todo está presente al mismo tiempo en el grito de la Tierra. Los impactos en la salud con las enfermedades en las vías respiratorias o las que se transmiten por diversos vectores. La inseguridad alimentaria dadas las condiciones de degradación de los suelos, que inciden en la producción de alimentos y las fuentes de agua. Y a la desnutrición por carencia, se suman las migraciones forzadas por causas climáticas. Y como si todo no fuese suficiente, año a año se profundiza la destrucción de infraestructura vial, hospitalaria, educativa, de viviendas y acueductos. Europa se prepara para un verano de temperaturas elevadas; nuestra región para una temporada de huracanes que, con solo el paso Beryl, uno de los primeros, nos anuncian meses complicados, África y Asia acumulando pasivos ambientales y vulnerabilidad de sus poblaciones. En nuestro país acabamos de transitar la segunda peor sequía en 10 años y eventos de lluvia fortísimos y focalizados ya han causado estragos en comunidades de Cartago, Puntarenas, Alajuela y Heredia. Este es un tema de urgencia en la agenda pública y por eso conversaremos con el director ejecutivo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.

¿Cómo observa y cómo valora hoy el ejercicio del poder como presidente? ¿Cuáles son las fortalezas y las complejidades de un sistema político fragmentado con evidente deterioro de sus liderazgos? ¿Es suficiente la arquitectura institucional que nos sostiene para salir avante con los retos que enfrentamos? ¿Qué modificaciones le haría? ¿Cuál es el balance (o el desbalance) que observa en el sistema de pesos y contrapesos de los poderes formales y fácticos de nuestra democracia? ¿Es la Contraloría General de la República un órgano que cogobierna? ¿Hay necesidad de modernizarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Valió la pena el costo político de la reforma fiscal del 2018, a pesar de lo limitado de su alcance? ¿Cuáles contrapesos -en el ejercicio de la negociación política- le resultaron más difíciles de equilibrar? ¿Lo nuestro es incapacidad de diálogo o mera mezquindad de los actores? ¿Cómo recomponer el sistema de partidos políticos? ¿Podemos sortear un gobierno populista en el 2026? ¿Tiene viabilidad futura el Partido Acción Ciudadana? Estas y otras preguntas se las hacemos al expresidente Carlos Alvarado Quesada, 27 meses después de haber dejado el cargo.

El objetivo -tras declarar la resolución de Coopeservidores- sigue siendo rescatar los activos buenos y garantizar al 97 % de los depositantes físicos y jurídicos la recuperación de la totalidad de sus recursos. Por otro lado, los activos de mala calidad -como ya sabemos también- serán liquidados. En esa línea se anunció el cierre de la sede de San Carlos. Las restantes 17 agencias permanecerán abiertas. Al menos por ahora. Así de contundentes las acciones que se siguen para ir despejando en lo posible la compleja situación de asfixia en la que cayó la cooperativa, gracias a los pésimos (y ocultos) manejos de sus dirigentes. Pero, por supuesto, eso no despeja todas las incertidumbres. El punto de dolor de la resolución son las grandes sumas que tenían allí invertidas las asociaciones solidaristas. Según la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (FECASPRI), visualizan la posibilidad de recibir el 75 % de las inversiones que realizaron, aunque expertos en la materia no son tan optimistas. En ese carrusel de noticias transcurren las emociones de las 168 mil personas inversionistas y ahorrantes. Para aportar más elementos de análisis acerca del proceso conversaremos con el economista, José Luis Arce.

Los franceses lo dejaron claro una vez más. Le negaron a la extrema derecha el poder al que aspiraba para conducir el gobierno. Al relegarlos al tercer lugar (143 escaños) le otorgaron el primer sitial a la izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP) (182) una alianza compuesta por La Francia Insumisa, el Partido Socialista, Los Ecologistas y el Partido Comunista Francés. En tanto, Juntos, la agrupación del Presidente Emmanuel Macron, logró el segundo lugar (168).   Los personajes (no los únicos, pero sí los más connotados) del proceso son Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, el de mayor peso en la coalición ganadora. Por supuesto, el mandatario Macron (168) y Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional, quien señaló que solo se ha postergado el triunfo que sus ideas ultraconservadoras tendrán, más tarde que temprano.   Pero pasado el suspiro de alivio de los resultados se abrió la gran interrogante para dilucidar quién puede gobernar el país que ahora busca Primer Ministro; por el momento el cargo quedó en manos del actual titular, Gabriel Attal, a solicitud del presidente de la República. Esto ocurre porque el resultado electoral se considera como "inconcluso" pues no hay un gobierno de reemplazo listo y aún no se sabe cómo formarlo, ya que los franceses, a diferencia de otros europeos acostumbrados a gobiernos de coalición, no están familiarizados con gobiernos de cohabitación.   Para entender las claves que deberán conducir a Francia del freno al poder a la ultraderecha, a la construcción de una nueva gobernabilidad, conversaremos con el Doctor Constantino Urcuyo Fournier.

La Contraloría General presentó una consulta ante la Sala IV, solicitando un análisis integral de la constitucionalidad de las reformas propuestas en la denominada ley jaguar. Solicita claridad de sí se reduce el sistema de fiscalización a una mínima expresión, si se violan principios y derechos constitucionales y si se alterarían las competencias hoy establecidas a la institución. Ello al argumentar que las reformas le eliminarían la posibilidad de establecer medidas cautelares durante investigaciones, lo que violentaría su independencia y eventualmente deterioraría la calidad de los insumos que aporta a la Asamblea Legislativa en su función de control político. Esta acción se une a la segunda presentada por once legisladores y a la enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Para seguir entendiendo los señalamientos de la propuesta que es hoy el caballo de batalla del Poder Ejecutivo, conversaremos con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

En una lucha absolutamente desigual contra el crimen organizado, las autoridades policiales requieren siempre de mayores recursos económicos que se traduzcan en más personal altamente capacitado, equipamiento, vehículos, programas de prevención y tecnología para enfrentar la expansión de estos grupos delincuenciales. De allí la alerta que se encendió con la entrada en vigencia de la Ley de Manejo Eficiente de la liquidez del sector público y la consecuente modificación a la Ley sobre Estupefacientes, en lo relacionado con la administración del dinero producto de las subastas de los bienes decomisados en actividades ilícitas. Estos recursos eran manejados y distribuidos por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y ahora pasaron a la caja única del Ministerio de Hacienda. El Organismo de Investigación Judicial sostuvo que esa ley crea incertidumbre. El Ministerio Público lo calificó como un “golpe bajo” a la lucha contra la criminalidad. Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el IAFA manifestaron estar tranquilos de que esos dineros los van a recibir por la vía ahora establecida. Ciertamente, el Ministerio de Hacienda contestó que los recursos para estas instituciones de prevención, represión e investigación están garantizados en el presupuesto de este año, aunque admitió un error en la redacción de la nueva ley. Y como no está claro que ese traslado se vaya a garantizar todos los años, se habla ya de una posible reforma en el Congreso. Al respecto, conversamos con el subdirector del OIJ, Michael Soto, y con el fiscal adjunto del Ministerio Público, Javier Valerio.

A pesar de las explicaciones del presidente Joe Biden y de su equipo más cercano acerca de los efectos de un resfrío y del cansancio por varios compromisos dentro y fuera de Estados Unidos, las dudas y los señalamientos acerca de su pobre participación en el debate con Trump, tienen encendidas las alertas del Partido Demócrata en Estados Unidos. Un editorial del The New York Times, las preocupaciones de otros partidarios fuera del entorno presidencial y la celebración del triunfo de Donald Trump sobre la decisión de la Corte Suprema de concederle inmunidad parcial por sus actos, refuerzan la idea de que debiera emerger otro/a aspirante a la candidatura presidencial. A esta situación se suman los resultados de una encuesta de la agencia Reuters y la consultora Ipsos, que coloca a la ex primera dama Michelle Obama, como potencialmente victoriosa, con un triunfo contundente frente al candidato republicano. De acuerdo con los encuestados, en un hipotético enfrentamiento entre ambos, ella ganaría con el 50% de los votos frente al 39% de él. Para ampliar acerca de este momento que atraviesa el proceso electoral de Estados Unidos conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.