Hablando Claro con Vilma Ibarra

Si fuera una economía estaría por encima de la economía de 50 países. Alrededor de un 5 % de la población mundial la sigue en plataformas digitales. Hizo 53 conciertos que llenaron estadios en Estados Unidos, el año pasado, que añadieron $4.600 millones a la economía, entre viajes, alojamientos y otros gastos. Sus canciones se han reproducido 36 mil millones de veces.   Pero no todo acaba allí. La cantante Taylor Swift fue denominada por la revista Times como persona del año 2023, autoridades políticas de Europa y América se la disputan para que realice conciertos en sus ciudades.   Es una poderosa portavoz para provocar conciencia y cambios en temas como los derechos de la mujer, la diversidad sexual y sociales que la conectan con población joven y adulta, que la siguen con lealtad y obediencia y lo que expresa tiene capacidad de hacer variaciones globales. A tal punto su capacidad movilizadora, que le han solicitado que durante sus conciertos por Europa (este jueves y viernes canta en Madrid) haga un llamado al voto joven para las elecciones del Parlamento Europeo que se celebraran del 6 al 9 de junio próximo. El comando de campaña del presidente Joe Biden espera que repita, como lo hizo el año 2020, su adhesión al demócrata.   Para conocer las claves de este fenómeno global musical, cultural, social y digital conversaremos con la comunicadora y directora audiovisual, Melany Mora, y con el periodista especializado en música, Carlos Soto.

¿Seguro que ya pasó la amenaza de racionamientos eléctricos? La preocupación es que no llueve aún lo suficiente como para alcanzar niveles óptimos en los principales embalses que sostienen el Sistema Nacional Eléctrico de Costa Rica y todo hace indicar que seguimos en la fase de “coyol quebrado, coyol comido”. Por otra parte, ayer fue liberado el informe oficial del apagón que se produjo el jueves 9 de mayo en gran parte del área metropolitana y se extrae de ese documento que el ICE, o para ser más precisos, su Gerencia de Electricidad, habría faltado a la verdad cuando aseguró que la falta de fluido obedeció a una falla técnica, cuando en realidad lo que ocurrió es que el sistema llegó al límite y la decisión fue aplicar desconexiones de carga, particularmente para tratar de asegurar que el viernes 10 no hubiese un faltante aún mayor si persistía la situación de estrechez en que se encontraba el sistema en esas horas. Por cierto, el lunes también la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó que para el año 2025 habría un aumento significativo de la tarifa, dados los costos por la compra de búnker para la generación térmica. Datos a abril de este año indican que se han invertido alrededor de ₡193 mil millones. Sin embargo, el ICE salió al paso de ese anuncio asegurando que las tarifas del año entrante serán prácticamente iguales y acaso un poquito menores que las de este 2024. Las explicaciones no son convincentes dados los yerros recientes justo respecto del manejo de la crisis y la falta de transparencia con que se conduce el ICE. Lo cierto es que crisis a lo interno si parece persistir y eso desata rumores que no cesan, como por ejemplo respecto de la inminente salida de uno o varios jerarcas. Para aportar más claridad a este tema, cuyas implicaciones persisten, conversaremos con el ex director del Centro Nacional de Control de Electricidad (hoy DOCSE), Salvador López.

Si hablamos de la descalificación rampante y los insultos en la política, no es que estemos descubriendo el agua tibia. La política siempre ha sido un tinglado de golpes duros y también, sí, de no pocas ocasiones en las que se cruzan las líneas de la discusión de ideas, políticas y proyectos, para personalizar las batallas. Aunque ello no solo no sea lo deseable, sino peor aún, porque incrementa el descrédito hacia la política y el sistema democrático, como lo acaba de dejar en claro el Presidente del gobierno español Pedro Sánchez luego de estar sometido a la guerra campal de las acusaciones de todo tipo contra su esposa. Las diatribas políticas han caído en el lodazal del descrédito y lo vemos como un fenómeno muy expuesto (hoy que todo corre en tiempo real) en las democracias. Recordemos que sin libertades constitucionales estos intercambios no son posibles. La novedad más reciente es que los insultos pasan de un jerarca político a otro. Que cruzan el Atlántico. Tal vez el exponente mayor fue Donald Trump, que no se detenía para lanzar dardos arteros contra la entonces Canciller alemana Angela Merkel, o contra el líder francés Emmanuel Macron, o contra quien fuera... Ahora sigue el libreto Javier Milei de Argentina, que se ha convertido en una especie de rockstar sin contención alguna. Fue a España y no se conformó con hacer el gesto de desdén de no pedir audiencia con el Rey o con el Presidente de gobierno. No, se fue a un mitin político de la derecha europea y aprovechó el escenario y los focos para insultar al Presidente del país que visitaba. Fue un exceso que desembocó en algo inédito: España retiró de manera permanente a su embajadora en Buenos Aires. Con lo que del insulto personal se pasó a lo que hoy algunos analistas empiezan a denominar "desinteligencias diplomáticas". Sánchez-Milei es un ejemplo. Milei también se intercambió linduras con Andrés Manuel López Obrador. Petro de Colombia no tuvo contención con Milei y viceversa. Vivimos, pues, una deriva del populismo que se abre paso en la política y en las democracias. Y para profundizar acerca de esta coyuntura conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

En materia educativa, el compromiso del gobierno fue “encender la educación” para -mediante un mecanismo vivo y en construcción permanente- obtener resultados de mejora sustantiva. Han pasado dos años y lo que tenemos son sombras en temas como la política pública misma, denominada Ruta de la Educación, que se aseguró daría las líneas de trabajo a seguir, pero que aún no se ha hecho de conocimiento público. Opacidad en áreas como las pruebas nacionales estandarizadas por ausencia de metodología y escasa información acerca de su aplicación, confrontación con las universidades públicas y el reclamo de varios sindicatos del sector y el desmantelamiento del Programa Nacional de Informática Educativa, mientras seguimos cayendo en la evaluación internacional de las pruebas PISA. Dos años con los presupuestos más bajos para el Ministerio de Educación que profundizan mucho más los problemas estructurales de este sector fundamental de la movilidad social. Para evaluar qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer, conversaremos con la ex viceministra de Educación, Karla Salguero.

El brutal ensañamiento de los femicidios de Emilce Soto, Kimberly Araya y Nadia Peraza perpetrados por hombres muy cercanos a ellas, son la deplorable expresión de una patología que debemos abordar desde múltiples disciplinas, pero siempre colocando en el eje central de la cuestión el tema del machismo extremo. Años de estar promoviendo e impulsando sensibilización sobre este tema cultural tan sensible para la convivencia humana, han dado resultados sí, pero definitivamente no los suficientes y 19 muertes violentas contra mujeres, en lo que llevamos de este año, nos lo confirman. Que ahora podamos afirmar que hay masculinidades distintas, positivas y emocionalmente saludables que han aprehendido a respetar la igualdad de sus congéneres, es un paso en la dirección correcta, pero la tarea está apenas en proceso y tenemos que seguir encarando desde la política pública y desde los hogares y las comunidades los desafíos que presentan para muchísimas mujeres la vulnerabilidad de su mera existencia. Para seguir analizando y aportando información conversamos con el Director del Instituto Costarricense para la Acción, Educación, e Investigación de la Masculinidad (WEM), Álvaro Campos.

Como una verdadera "desgracia histórica". Así ha calificado Israel la inédita petición del fiscal de la Corte Penal Internacional (TPI) Karim Khan, de detener, junto con tres altos mandos de la organización terrorista Hamás, al Primer Ministro Benjamín Netanyahu y a su titular de Defensa, Yoav Gallant. Joe Biden, su primer aliado, la consideró como "una decisión escandalosa". Lo cierto es que la guerra entre Israel y Hamás en territorio gazatí -que ya se encamina a su octavo mes sin visos de terminarse- se juega en todos los frentes y ahora, además del proceso en el Tribunal de Justicia de la ONU, el fiscal de la TPI ha puesto en la tesitura de una decisión sin precedentes a sus jueces, que tendrán que pronunciarse sobre el pedido. Si se aprobara, sería la primera vez que dos líderes de una nación democrática tendrían una orden de arresto. Israel, como tampoco Estados Unidos y otras naciones de occidente y oriente, reconocen la jurisdicción de la Corte, pero el punto aquí no es esencialmente jurídico, claro. Es político, es mediático. Es interno e internacional. Provoca un giro de tuerca más en la tensión geopolítica, en un momento en el que, además, España, Irlanda y Noruega anuncian que la próxima semana, reconocerán a Palestina como Estado, algo que ya han hecho en el pasado 142 naciones y la Santa Sede, pero que visto en la coyuntura actual, también presiona a Israel, que reclama -una y otra vez- que no está recibiendo un trato equilibrado. Especialmente en el escenario mediático. Es por eso que queremos conversar con Amin Majchel, Presidente del Centro Israelita Sionista de Costa Rica

La economía costarricense atraviesa tiempos de revalorización del colón y tasas de interés que no se consideran particularmente atractivas. Ante este panorama, algunos sectores señalan -ya por muchos meses- con el dedo acusador al Banco Central. El banco, por su parte, ha rechazado una y otra vez los señalamientos (velados o explícitos) insistiendo en que como una entidad rigurosamente técnica, su papel es garantizar la estabilidad y el control de la inflación, como factores para la productividad y el crecimiento. Pero el choque de argumentos y opiniones de uno y otro lado no cesa. Varios sectores productivos privados urgen cambios en las políticas del BCCR. Pero el Central no responde a presiones. Defiende que la política monetaria está centrada en el objetivo de cumplir la meta de inflación y que la economía se acerque al nivel de utilización plena de sus recursos. Proyecta que el crecimiento para este año y el próximo será del 3,8 %, superior al que tendrán la mayoría de economías similares de la región, de Estados Unidos y de Europa. En cuanto al precio del dólar,sostiene que es el resultado de un comportamiento coherente con la volatilidad moderada que caracteriza un esquema de flotación, al tiempo que refleja las características de una economía que tiene abundancia de esa moneda. Para ampliar estos temas conversaremos con el Economista Jefe del Banco Central, Alonso Alfaro Ureña.

Como es bien sabido por todos los afectados e interesados en los asuntos financieros, la semana pasada, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención por 30 días hábiles de Coopeservidores. Es una decisión muy fuerte que ha causado lógica zozobra y temor en sus inversionistas asociados. Y cómo no! No se veía algo así en el país desde que en 2010 fue intervenida Coopemex y aquella cirugía terminó con la venta de la que era entonces la tercera cooperativa de ahorro y crédito del país. La intervención ahora de Coopeservidores se sustentó en las graves deficiencias que estableció la Superintendencia de Entidades Financieras, en la información reportada en 14,834 operaciones de crédito, por el orden de 122, 316 millones de colones, a los que la cooperativa aplicó moratorias de pago sin gestiones de cobro, lo que afectó la calidad de la cartera, generando pérdidas sustanciales. A esto, se suma un aumento en el riesgo de crédito y posibles actos de negligencia de la dirección y alta gerencia. Ahora, 131 mil personas y entidades con negocios en Coopeservidores, viven la incertidumbre de no tener acceso a sus fondos congelados. Peor aún, ni siquiera han recibido certeza de que recuperarán todas sus inversiones. Obviamente, la intervención, ha causado temor en ahorrantes e inversionistas de otras cooperativas en punto a si podría darse una especie de “contagio”, y aunque ya CONASSIF había establecido que no era el caso, este lunes la Superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, dijo categóricamente que “no estamos ante un evento sistémico”. Precisamente para aprender acerca de lo que es una intervención y tener elementos para no generar confusión, conversamos con Adrián Álvarez García, gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito más grande del país, Coopenae.

Emilce Soto, Kimberky Araya y Nadia Peraza, son las últimas tres víctimas atroces y espeluznantes de femicidios que enlutan familias y comunidades y nos siguen desnudando un país enfermo, con una sociedad obligada a corregir su rumbo. En lo que va del año 2024 llevamos 19 muertes violentas contra mujeres, de los cuales las autoridades ya señalan que al menos cinco, serían femicidios. Dolorosas muertes contra mujeres, por su condición de serlo, que nos conmueven y deben seguir comprometiéndonos en los esfuerzos -aún insuficientes- que se han hecho, así como las urgentes mejoras que se necesitan para profundizar la normativa de reparación de familiares de las víctimas y, además, las mejoras curriculares sobre cómo combatir la saña, el odio y la violencia extrema a las que asistimos cada día, cada semana, cada mes... ¿Cómo seguir enfrentando este destructivo círculo de violencia contra las mujeres? Es el tema que conversaremos con Marcela Arroyave, especialista en femicidios y Derechos Humanos.

Las palabras tienen fuerza liberadora y cuando son el resultado de una creación literaria pulida, honesta y poderosa, nos arrastran con fuerza, nos golpean los sentidos y nos despiertan -acaso- a nuestras propias historias de vida. De allí lo simbólico que resulta que una carta que cruza el océano y arremete en una casa cartaginesa, en una familia modelada en el patriarcado y con una madre y mujer amarrada a los convencionalismos de entonces, se anime contra todo pronóstico, a abrir espacios de luz que penetran ventanas y vidas. “Cómo me atrevo. Parir una hija, criarla y amarla para que un día escriba estas brutalidades. Soy muy valiente o cobarde, pregunto”, se lee en uno de tantos avasalladores párrafos de la novela “Una mujer insignificante”. “Me rindo. Acepto que hay algo impúdico e irrespetuoso en contar la vida de quien mantuvo su intimidad bajo llave”, se lee en otro. Y cuando esa celosa guardiana es la madre, mucho hay que liberar, para entender que esta narración nos sumerge en una vida, ubicada en la década de los 90, en la que una mujer, de frente a su propia realidad, teje recuerdos y crea la historia de su madre -desde un personaje literario- para construirse ella misma desde la “hijidad”. Prosa en ebullición que anclada en un relato íntimo, lleva a quien la lee por una vorágine de sentimientos y reconocimientos. Para navegar más en esta novela tenemos el privilegio de conversar con su autora, la escritora costarricense, Premio Nacional de Novela, Catalina Murillo.

La muy nutrida protesta de varios miles de representantes de sectores agropecuarios, de la construcción, los exportadores y el turismo de este miércoles fue dedicada a enfatizar, una vez más, la afectación que le está causando a una parte del tejido productivo del país, la apreciación del colón. Con excepción de los pequeños y medianos productores del agro, que llevan años en penurias, otros sectores que marcharon, sí gozaron de muy buenos tiempos de bonanza cuando la moneda nacional estaba depreciada y el dólar lucía en su mejor forma. Pero ahora no es así. ¿Se solucionarán los problemas que denuncian, con una subida en el precio de la moneda? Es más, ¿Es posible -como afirman algunos economistas- que el Banco Central haga la magia de establecer un tipo de cambio forzado? ¿Esta decisión será la que se ocupa o se requieren otras políticas públicas de promoción, apoyo e impulso a las actividades productivas hoy perjudicadas? ¿Son los despidos la única salida a la depreciación del dólar? Para dar espacio a una cara de esta discusión conversaremos con Guido Vargas, Secretario General de Upanacional  y con Shirley Calvo, Directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo.

Para entender las dimensiones y posibles salidas a la crisis energética que experimenta Costa Rica es necesario seguir aportando información y criterios de los diversos actores que participan en este sector esencial. Uno de ellos es el de los generadores privados, que no dudan en apostar, de nuevo, por la tan postergada apertura del mercado eléctrico. Solo mencionar el tema causa tanta controversia que al proyecto que actualmente se discute en la corriente legislativa ni siquiera se le llama por su nombre (apertura) sino que se le puso la etiqueta de “armonización” para procurar esta vez que -después de unas tres décadas de intentos fallidos- sea posible modernizar y abrir (si, abrir) el mercado eléctrico nacional. No es un tema menor, particularmente en un país como el nuestro, tan inclinado a la defensa del mercado público energético y al que le costó (para muestra un botón) muchos años y un referéndum, aprobar la apertura del mercado de las telecomunicaciones, que por años fue de dominio total del ICE. Ahora va de nuevo: los generadores eléctricos, no pocos diputados y el mismo gobierno de la República, se inclinan por aprovechar el momento para que se apruebe el proyecto de armonización eléctrica, convencidos de que impulsará la mejora en la planificación y la competitividad. Es más, según los generadores privados, esa apertura podría convertir a Costa Rica en muy corto plazo en un “Silicon Country”. Tal el potencial que le ven. Para conocer y ampliar acerca de este sensible tópico, conversamos con el Director Ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), Ing. Mario Alvarado.

Como no puede ser de otra manera, las guerras dividen y polarizan los conglomerados sociales que observan con horror y también con impotencia, cuando no con desidia, los acontecimientos. Particularmente respecto del conflicto Israel-Hamás, las tensiones entre países y bloques y a lo interno de las naciones han provocado en estos siete meses múltiples manifestaciones de repudio por la muerte de cientos de miles de inocentes civiles gazatíes. Pero fue a finales del mes de abril, tras la detención de estudiantes que protestaban en la universidad neoyorquina de Columbia, cuando se extendió una oleada de manifestaciones en casi 50 universidades en todo Estados Unidos. La consigna: evidenciar la violencia y la cantidad de fallecimientos en esta guerra, provocados por la asonada de Israel, así como llamar la atención al gobierno de Joe Biden, para que cese el apoyo en dinero y armas. Algo acaso utópico. ¿Pero quién dijo que a lo largo de la historia lo imposible ha detenido a jóvenes estudiantes en sus protestas? Fue así como el brote de universidades estadounidenses saltó a Canadá y de allí a centros de estudios en España, Francia, Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Italia y Finlandia... En palabras de la universitaria judío costarricense Mía Fink Uleth "abogar por una Palestina libre no implica de ninguna manera ser antisemita, que es lo que argumentan autoridades israelíes para censurar y silenciar las voces que piden justicia, lo que no es otra cosa que una falta de respeto, de conciencia histórica y un intento de demeritar el llamado por la paz y los derechos humanos para los palestinos". Acaso por esa poderosa argumentación, las protestas y llamados se extendieron estos días a actividades masivas como las de la famosa ceremonia del Museo Metropolitano de Nueva York y la final del concurso Eurovisión en Suecia. Para analizar estos focos de protestas y sus implicaciones conversaremos con Mía Fink y con el investigador social, Carlos Sandoval.

El desacertado manejo de la comunicación de la crisis ejecutado por el ICE en estos días, ha generado una ola de especulaciones, rumores y desinformación que en nada contribuye a la racionalización de los argumentos y las acciones imprescindibles cuando se trata de un tema nacional de tanta sensibilidad. En efecto, se trata de un asunto técnico que implica una serie de trastornos a personas, familias, instituciones y sectores productivos, que deben tomar decisiones al respecto, pero que indudablemente no escapa a lo político. Por ahora es terreno de la especulación el hecho que se haya postergado un día el plan de racionamiento gracias a las últimas lluvias, aunque ciertamente también por la entrada en operación de la planta geotérmica Miravalles III, que estuvo desconectada seis meses por problemas de mantenimiento. La argumentación, que sí ha sido consistente en estos días por parte de las autoridades del ICE, es la que apunta con el dedo acusador las supuestas responsabilidades del anterior gobierno por la planificación y ejecución de proyectos, tratando de soslayar así la propia responsabilidad. Para seguir acompañando con información y argumentos esta situación conversaremos con la Ing. Irene Cañas, expresidenta ejecutiva del ICE 2018-2023.

Oficialmente, el próximo lunes se iniciarían los racionamientos en el suministro de energía eléctrica; pero en la cruda realidad de una crisis que todo conduce a considerar que no se trabajó a tiempo, en la tarde-noche de este jueves sectores enteros del país quedaron sin electricidad en plena hora pico y sin posibilidad de haber tomado ninguna previsión. ¿Cómo y por qué llegamos a esta situación? ¿Este apagón demuestra que la crisis es tan profunda como para que una falla provocara un apagón importante en todas las zonas geográficas de Costa Rica? El Gerente de Electricidad del ICE, Roberto Quirós aseguró que cerca de las 5 de la tarde "tuvimos un fallo en una de las unidades generadoras del ICE; con el fin de evitar una situación mayor en el sistema eléctrico nacional (SEN) se tomó la decisión de disminuir carga en algunos sectores del país por un corto período de tiempo" y finalizó pidiendo disculpas por lo que calificó como un "inconveniente". ¿Qué fue exactamente lo que falló este jueves? ¿Es un hecho que nuestro sistema eléctrico está al filo del colapso? ¿Sabía eso el ICE cuando anunció apenas horas antes (en la mañana) el inicio del plan de racionamientos para el lunes 13? ¿Es más grave la situación real, respecto de lo que se nos ha comunicado hasta ahora? Visto en retrospectiva,y a la luz de la información y los hechos puestos sobre la mesa, el ICE careció de visión de largo plazo respecto del crecimiento de la demanda nacional y la institución -que siempre ha ejercido de hecho la rectoría de la política energética del país- dejó de adoptar a lo largo de muchos años decisiones neurálgicas en fuentes energéticas menos sensibles al cambio climático. Tanto así que perdimos nuestro sitial de avanzada en el Istmo, pues otros países tuvieron la previsión de apostarle mucho más a la energía solar y ahora podrían ayudarnos a enfrentar las congojas. Eso en cuanto al largo plazo. Ahora bien, en lo propiamente coyuntural y teniendo en cuenta las fuertes implicaciones de El Niño que se nos anunciaron desde el 7 de junio el año pasado, están quedando en evidencia graves tropiezos en el ICE para atender en tiempo y forma la emergencia que se nos venía encima. Lo cierto es que ahora debemos prepararnos con inusitada rapidez y asumir todos el costo de no tener fluido eléctrico 24/7 como estamos acostumbrados. El tiempo de racionamiento dependerá de cuánta lluvia llegue a los embalses y sin duda serán inevitables múltiples afectaciones económicas. Para tener más claridad de los días que enfrentamos ya, conversamos con el Ing. Roberto Quirós, Gerente de Electricidad del ICE y con el Dr. José Daniel Lara, experto en energías.

Maravillosos, majestuosos, hermosos. Los volcanes nos provocan una mezcla de admiración y temor, dada su imponencia y fuerza telúrica. Hoy que de nuevo tenemos alerta verde por la actividad del Poás y del Rincón de la Vieja, volvemos a poner atención en dos de nuestros colosos para seguir aprendiendo a convivir con ellos. Por ejemplo, los vecinos de las comunidades cercanas al Poás atendiendo una innovadora campaña, recogieron cenizas para que pudieran ser analizadas en el prestigioso laboratorio de sedimentología y microscopía del Osservatorio Vesuviano del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, donde se procesan las muestras como parte de una de las muchas investigaciones científicas que se llevan adelante en ese prestigioso centro que es el más antiguo del orbe, y en el que se estudian los volcanes de mayor riesgo. Para conversar sobre este momento de actividad, así como de esta investigación en particular, nos conectamos con el impulsor de la iniciativa, el vulcanólogo Gino González.

Al llegar al cenit de la Administración Chaves Robles, resulta oportuno desgranar detalladamente los niveles de adhesión y rechazo que genera un Ejecutivo de estilo sui generis, centrado en la figura presidencial y muy pendiente de su popularidad. Esto viene a colación ahora que sale a la luz el último estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR) y después de que en las últimas mediciones se observara, por un lado, una reducción moderada del respaldo y por otro, un desmejoramiento en la percepción de manejo en áreas como seguridad, educación y combate a la corrupción. Por lo demás, ¿cómo se insertan en este contexto los entusiastas tambores de organización de un referéndum ciudadano? Para abordar estos ejes conversamos con Ronald Alfaro, coordinador del CIEP/UCR.

Pasados los fragores de la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa, así como los del segundo informe del Estado de la Nación del presidente Chaves Robles y las reacciones a esa rendición de cuentas por parte de los legisladores, hay que encarar, con referéndum o sin el, las perentorias decisiones para múltiples problemas como la ola de violencia criminal organizada, la recuperación de la caída abrupta en la inversión social y otros desafíos correlacionados que nos muestran hoy como el país con más pobreza en niños y adolescentes, de los 38 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE. Para lograr esto, necesitamos profundizar la negociación política. Es hora de actuar con cabeza fría desde todos los frentes. Para hablar acerca de cómo reencauzar los maltratados canales de diálogo para la toma de decisiones, conversamos con la politóloga Gina Sibaja.

El referéndum es uno de los pilares fundamentales de la democracia directa, un mecanismo de consulta popular, que permite orientar las decisiones políticas a partir del criterio de los ciudadanos sobre determinados temas de interés nacional. Pero esta herramienta de compleja aplicación tiene que cumplir procesos y fases en determinados plazos, según lo establece la legislación vigente. El anuncio del presidente Chaves Robles de querer avanzar en la convocatoria al segundo referéndum de nuestra historia, no solo estaría determinado entonces por las condiciones sociales y políticas imperantes, sino también -y muy especialmente- por la capacidad de cumplir con los requisitos para que, a más tardar, el primero de agosto del 2025 pudiera celebrarse esa consulta nacional, que en todo caso, no sería vinculante si no alcanza una votación del 30% del padrón electoral para leyes ordinarias y 40% en el caso de reformas parciales a la Constitución Política. Lo cierto es que antes de llegar a ese tipo de definiciones, un interesante ejercicio de tiempos nos coloca en el plano de la realidad. En otras palabras, de lo posible o cuesta arriba de poder llegar al objetivo final de la consulta, estableciendo por supuesto, qué es lo que se consultaría, tomando en cuenta que muchas materias están expresamente prohibidas de llevarse al proceso. Todo esto, por supuesto, lo sabe bien el Ejecutivo, con lo que también salta a la palestra la duda respecto de si lo que se quiere es realmente ir a un referéndum o simplemente profundizar la división con el Poder Legislativo, dado que el mandatario ha señalado expresamente que no necesita de los diputados para aprobar los proyectos de su interés tales como la venta del BCR, la apertura del mercado eléctrico, las jornadas laborales 4x3 y la reforma a la ley de contratación administrativa para construir Ciudad Gobierno por encima de los requisitos hoy establecidos. Para ahondar en el tema y conocer los requisitos, con calendario en mano, conversaremos mañana con el analista e investigador, Mario Quirós.

El segundo informe a la Nación del presidente Rodrigo Chaves, como ha sido habitual también en otros mandatarios, fue un largo repaso de acciones que ejecutan las instituciones públicas, lo que se conoce en ciencia política como compromisos inerciales de la gestión. El mayor énfasis lo puso en los logros económicos, que efectivamente los indicadores de organismos como la OCDE le reconocen al país. Puntualmente, acerca de las mejoras fiscales, el mandatario obvió señalar que estas son producto de la traumática reforma fiscal que el país debió enfrentar en 2018 y no hizo alusión alguna a los drásticos recortes de la inversión social, los más altos de la última década. Fiel a su narrativa de absolutos, indicó que tras décadas de abandono, desidia, uso incorrecto de dineros públicos y corrupción, le ha correspondido a su gobierno desentrabar todo y mostrar avances en educación, salud, agua, electricidad e infraestructura vial. Lo que no resultó habitual respecto de sus antecesores (no al menos con tal énfasis) fue no pudiera abstraerse de volver a recriminar una y otra vez, a la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, al calificarlas como obstruccionistas y por ello anunció, como se había adelantado ya, la idea de avanzar en la realización de un referéndum “con o sin el apoyo legislativo” para que “el pueblo” decida sobre varios temas, entre los que destacó la venta del BCR y la apertura del mercado eléctrico. En respuesta, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, le recordó la importancia de la vocación democrática del diálogo y la cantidad de veces que le han tendido puentes sin éxito, por lo que le pidió rectificar su estilo confrontativo. Además, fue contundente al señalar que si bien avala el mecanismo de consulta popular, “procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir contra los Poderes de la República y contra nuestra institucionalidad, es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso” Para analizar esta rendición de cuentas conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

La elección del directorio legislativo este Primero de Mayo dejó en evidencia -como no podía ser de otra manera- la enorme importancia que tiene en el balance de poderes el juego de las piezas del tablero de los contrapesos políticos. El partido Nueva República quedó como gran ganador del proceso y, por otro lado, la derrota de un sector de la Unidad dejó expuestas sus -ahora- mal tapadas grietas. Por su parte, el gobierno golpeado por los resultados, envió el decreto de convocatoria de proyectos a las sesiones extraordinarias, con 31 iniciativas, entre las que destacan, la reforma constitucional para extraditar nacionales, la reforma a los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Administrativa, para tratar de apurar su propio modelo para construir Ciudad Gobierno, así como también el proyecto de jornadas laborales. El ahora tres veces presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, puso luces al viaje que inician al insistir en una defensa del Estado de derecho, que no debería estorbarle a nadie, así como la discusión de nuevos proyectos de seguridad ciudadana y otros microeconómicos que lleven bienestar a las familias. Para poner foco en esta intensa jornada conversamos con el coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, Rotsay Rosales Valladares.

En su tercera edición, el Índice de Progreso Social Cantonal (IPS); una muy valiosa herramienta que evalúa el bienestar colectivo de los territorios, más allá de la simple medición de los ingresos, nos presenta el cuadro de realidades que vivimos a lo largo y ancho del pequeño, pero muy diverso país que somos. Esta herramienta práctica construida a partir de múltiples indicadores sociales y ambientales, explica cómo estamos en satisfacción de necesidades básicas, en fundamentos para el bienestar y en oportunidades. Todo ello expresado en resultados que van de alto, a medio alto, medio bajo y bajo; con datos desagregados que sirven a las autoridades municipales que asumen funciones este Primero de Mayo. Determina el estudio que aún no superamos los impactos de la pandemia y que mientras tenemos buenos índices generales en vivienda (nota 94) y agua y saneamiento (91) nuestro desarrollo presenta áreas críticas de mejora en educación avanzada (43), derechos y voz ciudadana (41) e información y comunicación (39) Los cantones líderes en progreso social son únicamente 11 con Heredia a la cabeza y otros muy interesantes casos como Desamparados, San Pablo y Paraíso. Mientras tanto, los 22 cantones con mayor rezago se encuentran todos en zonas costeras y fronterizas; para sorpresa de nadie. Para hacer un repaso de otros cantones y realidades y establecer las paradojas de algunas regiones conversamos con Jaime García, Investigador y director de proyectos del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLADS) del INCAE.  fotografía: Rafael Nájera.

En estos dos años de legislatura ha demostrado públicamente su reconocida experiencia como abogada penalista. Y, sin duda, ha sido su doble desempeño como vicepresidenta del directorio legislativo y presidenta de la comisión especial de seguridad y narcotráfico la que le ha dado a Gloria Navas su sello particular. Clara, directa, sin ambigüedades, se ha convertido en uno de los desvelos del presidente de la República, que no disimula el disgusto por las posiciones de la legisladora, llegando a ataques de violencia política que luego se amplifican en los ecosistemas digitales de la polarización y el odio. Sí, el odio, especialmente contra las mujeres. Ella no se desvela y le enrostra al mandatario y a su equipo de seguridad la responsabilidad de haber enviado al Congreso un paquete de proyectos de ley mal elaborados. Y aquí radican muchas de las diferencias, ya que el gobierno intenta responsabilizar a la Asamblea Legislativa de los muertos por la peor ola de violencia del crimen organizado que vive el país. En las últimas horas se convirtió de manera inesperada en moneda clave de la negociación para la reelección de Rodrigo Arias al frente del directorio legislativo. Una nominación que solo se explica por su peso específico dentro de la fracción de Nueva República, que pondrá parte de los 29 decisivos votos para asegurarle el tercer año a Arias Sánchez. Justo cuando los analistas pensaban que no deseaba ella esa reelección, el Congreso enfrenta el primero de mayo justamente con una fórmula ya probada. ¿Ya ganaron? Conversamos con la diputada Gloria Navas Montero.

El espejo español. Las agrietadas relaciones entre el Gobierno y la Cámara de Diputados en ese país están llenas de acusaciones y señalamientos en una narrativa de absoluta confrontación y muchas derivaciones. La explosión de esta semana generó un capítulo inédito en la escena política cuando el presidente, Pedro Sánchez, anunció que ponía pausa al ejercicio del cargo cinco días, hasta definir el próximo lunes si continúa al frente del gobierno. Todo por las infundadas acusaciones contra su esposa, la académica universitaria Begoña Gómez, en el ojo del huracán de la corrosiva desinformación y la mala fe, por ser precisamente la cónyuge del primer cargo del Estado español. Guardando las dimensiones, pero entendiendo también luces de alerta roja similares, el año legislativo que termina en nuestro país ha sido una vitrina de las agrias relaciones y quejas que la Casa Presidencial sostiene con la mayoría de fracciones legislativas, y con especial crudeza contra algunas legisladoras. ¿Cuánto soporta la democracia estos embates que siguen alejando a la ciudadanía de su adhesión a este sistema político? ¿Aguanta la ciudadanía un deterioro en la conducción política que impide, a punta de hostilidades y polarizaciones, buscar soluciones a problemas estructurales? Ante este estado de agresividad política, 21 diputadas firmaron un documento urgiendo al Poder Legislativo bajar la intensidad. Para hacer balance desde esta óptica de la legislatura que termina y la que inicia, conversaremos con el politólogo Gustavo Araya.

En Costa Rica los jóvenes y las mujeres tienen muchas más dificultades para conseguir trabajo. Los datos son irrefutables: la tasa de desempleo femenino es del 25 % y la del juvenil alcanza el 21 %. A esto se debe añadir el hecho de que 125 mil personas simplemente dejaron de buscar empleo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con lo que de manera artificial baja el desempleo, aunque el Ejecutivo insista en lo contrario. Otro dato verificable de esta dura realidad, es que nuestro país ocupa el penúltimo lugar en la tasa de empleo de los 38 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es allí donde surgen las paradojas. Si en términos generales la economía está estable, la recaudación fiscal es aceptable, la contención del gasto (con drásticas reducciones de la inversión social) es exitosa y la atracción de inversiones es un éxito, por citar algunos logros que se pregonan, ¿por qué no podemos generar muchos más puestos de trabajo? Para entender estos extremos conversaremos con el economista, José Luis Arce.

En la antesala de un llamado multisectorial de protesta, este miércoles 24 de abril -coincidente con el aniversario número 54 de la lucha contra la minera Alcoa- se conjuntan voces para detener retrocesos de derechos de la ciudadanía obtenidos a lo largo de décadas, gracias al estado social. En este contexto, la Defensoría de los Habitantes viene alzando la voz para enfrentar varios flancos, tales como la angustia de numerosas comunidades que sufren de desabastecimiento de agua, la lucha por restituir dineros urgentes que permitan enfrentar la más violenta ola de criminalidad del país, lo mismo que la crítica situación que enfrentan -por citar solo un caso- los pacientes y el personal del hospital Max Peralta de Cartago. Imposible dejar de lado la solicitud de cuentas al IMAS para que justifique los criterios para la limitación de las becas del programa Avancemos, como una acción más en los recortes en los presupuestos de inversión social más bajos en la última década. Y para lograr mantener sus funciones de denuncia y acompañamiento a los derechos de los ciudadanos, la misma Defensoría debe luchar ahora para que el Ministerio de Hacienda le restituya casi ₡245 millones que le asignó la Asamblea Legislativa para evitar su propio cierre técnico. Para hacer balance de insatisfacciones sociales conversamos con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

El tema del próximo vencimiento de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión ha estado en la agenda y el discurso de la administración Chaves Robles desde su campaña electoral. Un tema que es técnico y jurídico, se politizó dada la consigna del mandatario quien desde la campaña electoral lanzó como caballo de batalla un asunto muy atractivo: que el pago por la utilización de esas frecuencias del Estado, no se ajustó nunca (la tarifa es la misma desde 1954) y que, por tanto, las empresas de radio y televisión han ganado mucho dinero mientras han cancelado montos irrisorios por su uso. Siendo entonces un tema de tanta importancia para la administración, cualquiera hubiese asumido que estaría bien trabajado y, por tanto, muy bien encaminado. Pero, a pocas semanas de vencer esas concesiones en junio, lo que se ha presentado es un borrador de decreto (en consulta pública por 10 días) que implicaría la extensión automática de estas frecuencias hasta el 2025. La reacción de los especialistas en la materia no se hizo esperar, y en general sostienen que el procedimiento al que se acudió deviene en ilegal, ya que incumple con los criterios técnicos y legales obligatorios requeridos y establece un plazo distinto al que indican los contratos vigentes. Por supuesto, también hay quienes sostienen que es lo adecuado. Para ampliar acerca de este tema de perenne presencia en la agenda de Zapote, conversaremos con el director de Ciber Regulación, Juan Manuel Campos.

La fiebre del oro ha incrementado la minería ilegal en la zona norte fronteriza del sector de Crucitas, acrecentando los daños ambientales, el conflicto social y creando una “tierra de nadie”. En esa zona, sin duda alguna, hay personas, grupos y comunidades que están en una actividad que se ha venido extendiendo en alrededor de 50 puntos, que requieren de toda una logística para el trasiego del material, la atención de quienes allí operan y el traslado del necesario y letal mercurio. Para dar continuidad a nuestro anterior programa en el que presentamos algunos aspectos de lo que está sucediendo, ponemos en la mesa de debate a quienes sostienen que si es posible atender la situación y generar soluciones sostenibles que atiendan esta problemática multidimensional. Para conocer esta faceta conversaremos con el exdiputado y abogado ambientalista, Edgardo Araya.

Dos asuntos ambientales afectan a la zona norte y su impacto es tan significativo que revisten carácter nacional, por lo que hay que ponerles remedio. Nueve meses atrás (julio) una gran avalancha arrasó entre 40 y 60 hectáreas del Parque Juan Castro Blanco dejando una huella de destrucción en Aguas Zarcas y otros poblados cercanos. Ahora, con el reciente informe de un intenso invierno por parte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) volvemos la mirada a aquellas comunidades, que preocupadas y con la ayuda de Coopelesca, contrataron estudios técnicos para tener información complementaria a los dictámenes realizados por la CNE. Tras 7 meses de trabajo, el equipo logró identificar entre 10 y 15 hectáreas inestables que podrían deslizarse, lo cual configura una situación de amenaza y peligro para Aguas Zarcas que urge gestionar ese riesgo. El otro gran desafío irresuelto tiene que ver con la depredación ambiental amplificada en la zona de Crucitas, con daños a la flora, la fauna y el recurso hídrico y, por supuesto, con los flagelos sociales, de violencia e inseguridad que van aparejados con la extracción ilegal de oro. Hoy se identifican más de 50 focos de actividad repartidos en 910 hectáreas, con presencia de centenares de coligalleros. Ha habido muertos, por derrumbes y por enfrentamientos con la policía. Lo que no hay son soluciones estructurales a un problema que ya se volvió permanente. Para conocer posibles soluciones en esos territorios conversamos con el geólogo y especialista en sedimentación Allan Astorga.

Con las puestas en escena del presidente Rodrigo Chaves -incluso ya luego de dos años en el poder y en el contexto del retador tercer año de gobierno- hay que hacer lo mismo que con los contratos; ponerles mucha atención a la letra pequeña para poder entender lo que se juega. El viernes, en el escenario de la Casa Presidencial, la reunión con los representantes de la posible coalición pro gobierno para conformar el directorio legislativo, estuvo colmada de abrazos, sonrisas y mucho gesto de triunfo anticipado. El martes, otra cosa totalmente distinta en Limón. Una reedición del capítulo de choque contra la Contraloría General de la República, institución sobre la que se lanzaron gritos de guerra para una movilización ulterior en ciernes. Pero eso no fue todo, también hubo ataques a diputados -como acostumbra el mandatario- con nombres y apellidos. Allí, por mucho discurso incendiario que hubo, faltaron fotos y videos para no dejar constancia de que la convocatoria fue bastante desnutrida respecto de la ilusión que abrigo el Ejecutivo, en asocio con autoridades de varios municipios del Atlántico. Lo cierto es que lo hecho con la mano el viernes podría haberse borrado con el codo el martes. Hoy todo parece indicar que la pretendida alianza naufraga. Horacio Alvarado que lucía fuerte, se empieza a diluir y don Rodrigo Arias, pocas horas antes debilitado, se redimensiona en su papel de experimentado político, pues no solo salió en defensa de los diputados vilipendiados, sino que reiteró su defensa a la separación de poderes y concluyó declinando la cita pactada para un almuerzo en Zapote el viernes. Y del otro lado, Troya ardiendo. Una división más que evidente en la fracción del PUSC y el anuncio de distancia (que le cayó como anillo al dedo a Eliécer Feinzaig del Liberal Progresista) por el torrente de críticas que ya había recibido desde la semana pasada. Hay mucho más que desentrañar en estos movimientos, que como telón de fondo tienen en puertas la tercera legislatura, sobre cuya conducción como queda evidenciado, no hay nada escrito aún. Para seguir poniendo foco en los movimientos del ajedrez conversaremos con el politólogo Claudio Alpízar Otoya.

Si hay un tema que copa la agenda política en la segunda quincena de abril todos los años, es, si duda alguna, la elección del directorio de la Asamblea Legislativa. Y, para este tercer año de la legislatura, el asunto se ha tornado particularmente interesante, habida cuenta de la revaluación significativa del oficialismo, en el juego. Un oficialismo que apenas con ocho votos en el Congreso ha logrado allegar una fórmula con dos aliados ya conocidos; la Unidad Social Cristiana y Nueva República, pero además con la notoria novedad del paso aventurado que ha dado al frente el liberal, Eliecer Feinzag. Por ahora nadie ha firmado el acta de compromiso formal, ni siquiera el mandatario, pero el flirteo es más que notorio en términos de querer sellar esa alianza. A la cuenta de los bienes transados, que se sepa por ahora, irían el proyecto de ley (de nuevo) para vender la joya de la abuela (el BCR, claro), también en segundo intento las jornadas 4/3 y una tercera iniciativa para reformar la Ley de Administración Pública para construir ciudad gobierno como quiere el Ejecutivo y no como dicta la legislación vigente. Pero no podemos dejar de lado, la bolsa de nombramientos internos en el Congreso, que hacen siempre tan atractiva la participación en el directorio. A falta de 15 días para la decisión (que son muchos en términos de negociaciones y amarres) el socialcristiano Horacio Alvarado luce como el candidato más fuerte, pero Rodrigo Arias no parece dispuesto a ceder y a falta de atención de Zapote ha solicitado una segunda audiencia para, en un intento acaso un poco forzado ya, buscar el beneplácito que obtuvo el año pasado cuando el Ejecutivo no pudo desbancarlo y terminó dándole sus votos a regañadientes. Pero lo cierto es que hoy, ábaco en mano, ninguno de los dos aspirantes tiene los codiciados 29 votos asegurados. ¿Logrará el Ejecutivo tomar el control legislativo, con un directorio cercano a sus intereses? ¿Se aliviarían realmente las tensas relaciones entre los dos Poderes de la República si el Presidente Chaves logra una victoria en el Congreso? Para puntualizar al respecto conversaremos con la politóloga, Eugenia Aguirre Raftaco.

La atención noticiosa mundial de las últimas horas -tanto como la preocupación y las gestiones diplomáticas- está colocada en la respuesta que le propiciará Israel a Irán, tras el ataque calibrado que los iraníes lanzaron el sábado en la noche. Las potencias abogan por un ataque que restablezca la "disuasión". Pero el gran peligro es que, en lugar de desescalar, el conflicto más bien escale y ello pueda degenerar en una guerra regional. Este es un conflicto extendido en el tiempo, que cada vez se sale más del Medio Oriente y hoy tiene al mundo en extremos de alta volatilidad y de incertidumbre. Como telón de fondo continúa la guerra entre Israel y Hamás, con repercusiones que agudizan las acciones de terceros actores vinculados -ya sean naciones o grupos organizados- que tejen toda una trama de intereses que no encuentran salida desde hace décadas. Para tomar el pulso a este momento complejísimo del tablero geopolítico, conversaremos con el especialista en relaciones internacionales, Carlos Cascante.

Hoy es la quinta economía del mundo y para el año 2030 será la tercera, dado su impresionante crecimiento, sus políticas de innovación y desarrollo y, claro, una población creciente. India es una potencia democrática histórica, cultural y espiritual que inicia el próximo 19 de abril su proceso de elecciones y cuyos resultados se conocerán hasta el 4  de junio, ya que se celebran con un meticuloso cronograma, dado que emiten su voto 970 millones de personas, que representan más del 10% de la población mundial. Con este inmenso país tenemos relaciones diplomáticas desde la década de los 70’s . En 1995 se abrieron los respectivos consulados y en el año 2011 se abrió nuestra embajada allá. Pero ya las relaciones eran estrechas. La benemérita de la patria, Hilda Chen Apuy becada en 1950, regreso al país e instauró estudios de historia, filosofía y sánscrito en la UCR. Entre otros intercambios, en nuestro país se produjo en 2017 la primera película latinoamericana estilo Bollywwod (música y danza particular India en el cine). Hoy, la estrategia 4 C, que incluye comercio, construcción de habilidades, cultura y comunidad,  es la propuesta del nuevo embajador que recién presentó sus cartas credenciales. Para conocer este momento de oportunidades para ambas naciones, conversamos con el Embajador Sumit Seth.

Las preciadas medallas que colocaron a Costa Rica como líder mundial en generación de energía eléctrica con fuentes renovables, se nos están opacando. Hoy la realidad nos muestra grietas importantes en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que enfrenta (y con la institución el país) los resultados de múltiples decisiones que nos muestran las complejidades de la matriz energética. Para abril los embalses de Arenal, Cachí, Pirrís y Reventazón se encuentran por debajo de lo programado, lo que fue potenciado por los impactos de la fuerte sequía del fenómeno del Niño. Para muestra un botón: 10 años atrás, en el 2014 Costa Rica logró disminuir a 1 % la generación de electricidad con el uso de combustibles, pero en el 2023, llegamos al 8 %. A este cóctel se debe sumar la demanda de energía que va en un crecimiento proyectado para el 2024 en un 5 %, según dio a conocer la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico. Así, los escenarios que nos esperan, desde la perspectiva de innovación con fuentes modernas, nos están ganando la partida para poder garantizar una política pública acorde a los tiempos y nuevas tecnologías. Para encender luces acerca de esta situación conversaremos con el ingeniero José Daniel Lara, doctor en energía y recursos naturales.

En cuanto a la necesidad de mejorar las condiciones de la policía judicial, todas las razones son de mucho peso. Y es que en la coyuntura que vive el país, el congelamiento salarial y los impactos en las remuneraciones por la aplicación de las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Pública y de Empleo Público, son tan determinantes como las necesarias obras de mejoramiento de la infraestructura, el deterioro en las futuras pensiones y, por supuesto, los riesgos asociados al hecho peligrosísimo de tener que enfrentar la más grave ola de violencia por la actividad criminal de nuestra historia. Los números no mienten. De enero de 2017 a diciembre del 2023, 287 funcionarios renunciaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A esta realidad se le deben sumar las dos rebajas presupuestarias a la Policía Judicial, durante la administración Chaves Robles, lo que ha impedido retener oficiales calificados, comprar equipos y mejorar urgentemente condiciones en sus instalaciones. Y otros estamentos del Poder Judicial, que realizan tareas complementarias a las del OIJ para contener las cada vez más sofisticadas organizaciones delictivas, también requieren más recursos materiales. Como es sabido, mientras merman los recursos económicos y de personal y aumentan exponencialmente las tareas de inteligencia y los operativos contra las mafias, la criminalidad organizada local y transnacional no tiene limitaciones de ningún tipo. Así las cosas, urgen soluciones para darle más recursos a la policía judicial. Y urgen ya. Ahora. Por eso abordamos el tema mañana con el director del OIJ, Randall Zúñiga y la diputada Kattia Cambronero, que lidera los empeños para liberar dineros para la policía judicial.

Precedida por un sin número de desencuentros, la ruptura entre Ecuador y México, ha puesto de manifiesto la profunda transformación de las relaciones diplomáticas que estamos viviendo, con implicaciones sí en los vínculos bilaterales, pero también en el orden multilateral, entre esos y otros estados. La inobservancia de los tratados internacionales, las normas, las costumbres y la buena voluntad, como las herramientas de cumplimiento político que se cimentaron con la posguerra, suponen consecuencias que no se pueden pasar por alto y que obligan a un debate global. En el caso concreto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador con discursos incendiarios contra homólogos suyos interfiriendo en decisiones soberanas de otros estados, como Ecuador, que justificó la intervención el viernes pasado en la embajada azteca en Quito, para capturar al ex vicepresidente, Jorge Glas Espinel condenado por actos de corrupción del famoso caso Odebrecht. El hecho generó una condena inmediata de otros Estados y organismos mundiales, pero también los ha obligado a una reflexión, sobre el respeto a los preceptos del Derecho Internacional en tiempos de enorme vulnerabilidad por las crisis geopolíticas y particularmente, por las acciones del crimen organizado que ponen, aún más en riesgo, las democracias y la convivencia global. Y este, por supuesto, no es el único caso. Ahí está Nicaragua, condenando la irrupción en la leglación mexicana, pero al mismo tiempo, albergando a expresidentes prófugos de la justicia de sus países, como el panameño Ricardo Martinelli, también sentenciado por actos de corrupción. O los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. ¿Y qué decir de Cuba, exponiendo la paja en el ojo ajeno, sin admitir la viga en el propio, cuando reprime brutalmente los reclamos de libertad y hambre de su pueblo? ¿O Venezuela, reclamando siempre soberanía, cuando expulsa a millones de sus compatriotas por falta de dignidad para poder acaso sobrevivir? Así que, entre otros asuntos muy sensibles, ¿cómo entender hoy la manoseada figura del asilo político en las relaciones internacionales, cuándo se está depreciando para convertirse en estratagema de huida de la justicia? Para ahondar en este escabroso tópico conversamos con el ex embajador de Costa Rica en Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri.

Las tensiones entre los médicos especialistas y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entraron a la segunda semana, con muestras de alta temperatura y molestias generalizadas. Se estima que unos 2.500 galenos se sumaron al movimiento de presión, lo que representaría prácticamente un 65% del total de los que trabajan para la institución. Un primer rechazo a un posible acuerdo fue el ajuste técnico salarial aprobado por la Caja, porque ese asunto en particular no forma parte de las reclamaciones en curso y, por tanto, tampoco de las negociaciones. Se acudió a la Contraloría General para denunciar la erogación de ₡12 mil millones para contratar servicios médicos privados a través de una licitación en SICOP. Los especialistas estiman que el procedimiento no fue el adecuado y que, por lo demás, esa vía es insuficiente para atender a los pacientes que requieren servicios. La institución ha tenido que atender, según informó al fin de semana pasado, a unas 463 personas que urgían de intervención. Pero hay quejas por la forma en que se han dado estos casos, con recargo a médicos generales. La negociación no está en punto muerto, pero todo parece indicar que sí lejos de encontrar una solución. Para seguir tomando el pulso conversaremos con Maikel Vargas Sanabria, vicepresidente del Siname.

¿Cómo está el arroz? Esta popular frase recobra particular relevancia luego que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogiera una medida cautelar solicitada por productores en contra de uno de los decretos ejecutivos que redujo los aranceles de importación del grano y, consecuentemente, ordenara su suspensión. Firmados en agosto del año 2022 la principal promesa era que generarían una reducción del precio al consumidor. Para analizar esto, casi dos años después, hay que ampliar en elementos del contexto nacional e internacional. A lo interno, hay que aclarar la discrepancia entre el gobierno, que insiste en que si ha habido una rebaja del precio, y los datos del Índice  de Precios al Consumidor que indican un aumento de casi el 4%, a pesar de la rebaja del arancel, así como de la caída del valor del dólar en el último año y medio. Además, hay que puntualizar en las denuncias del sector acerca de que esta medida permitió  a los importadores de arroz pilado y en granza no  pagar alrededor de  ₡20 mil millones al fisco, ocasionó la quiebra de 331 productores y derivó además en la  disminución del área de siembra de 35.301 a 14.300 hectáreas, lo que ocasionó  una caída de más del 100% de la producción nacional, de 153.173 toneladas a tan solo 60 mil  toneladas. Este cereal es la base alimentaria global, por lo que su producción es crucial de cara a las condiciones del mercado mundial, los impactos climáticos a la producción, y los conflictos internacionales, que perfilan riesgos para el abastecimiento con el consecuente  peligro para la seguridad alimentaria de millones de personas. Para analizar los equilibrios necesarios del mercado más distorsionado del mundo, las desregulaciones y las necesarias medidas de protección en esta coyuntura conversaremos con el economista Víctor Umaña.

Son grupos organizados con un enorme poder logístico, operativo, comercial y con relaciones transnacionales, por tanto, con grandes impactos en las economías.   Pero al revisar su portafolio de bienes y servicios se encienden todas las alarmas. Entre ellos se encuentran el tráfico internacional de drogas, armas, contrabando, extorsión y minería ilegal.   Sus actividades se extienden de forma macabra al tráfico y trata de personas, asaltos y asesinatos. Otras operaciones las han logrado “blanquear” y son negocios legales surgidos desde la ilegalidad.   Las economías criminales son una realidad acerca de la cual hay que actuar con políticas públicas, no solo a lo interno de las naciones sino también internacionalmente, pues es necesario enfrentarlas dado el deterioro que causan a la institucionalidad democrática.   Aprovechando la presentación de un libro acerca de este candente tema, conversaremos con el Brigadier General de la reserva activa de la Policía Nacional de Colombia, Juan Carlos Buitrago y con Víctor Hugo Guerra, especialista en comercio ilícito para el continente y editor de la publicación.

Para poder tener una comprensión integral del diferendo entre el personal médico especializado y la jerarquía de la Caja Costarricense de Seguro Social, debemos acudir al bisturí fino, pues más allá de los desbalances salariales, los problemas de gestión también vulneran las demás condiciones laborales. Hay que auscultar, por tanto, las denuncias de persecución y acoso laboral que se han tornado en el pan de cada día, en el marco de un ambiente laboral pesado para los funcionarios y los mismos pacientes. En el trasfondo, también, prevalece una gestión de horarios que impide conciliar vida familiar, de descanso y muchas veces hasta entorpecer los estudios de posgrado; todo lo cual genera trastornos severos de ansiedad y estrés. Como se entiende entonces, la decisión gremial de no laborar horas extras desde el lunes pasado, va más allá de una pretensión salarial y obedece a la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales todas. En la segunda parte de nuestro abordaje sobre la problemática de los médicos especialistas, conversamos con las anestesiólogas, Thamy Meza y Jessica Sanjur.

El diagnóstico de lo que sucede, por la presión laboral de médicos especialistas con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, es complicado y requiere más que un simple tratamiento. Ganan mucho menos dinero de quienes trabajan para el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el sector privado. Por eso requieren del horario extraordinario. Los rangos de la diferencia, tras años de estudios, puede ser de más de ₡3 millones. No se ha solucionado esto desde la aplicación de la Ley de Empleo Público. Enfrentan problemas de gestión institucional, que se agravan con la salida de muchos especialistas. Tienen complicaciones para sus vacaciones, para participar en cursos avanzados de actualización y deben enfrentar los trastornos y enfermedades de una carga excesiva de trabajo, por unas listas de espera que han crecido exponencialmente en los últimos años. Este diferendo hay que conocerlo con mayor profundidad, ya que no solo ponen en riesgo al personal de salud, sino también a los pacientes que reciben sus servicios. Para abordar esta arista de la situación conversaremos con la anestesióloga, Thamy  Meza y con el cirujano plástico, Mario Quesada.

“Seguridad y jaque al narco”. Bajo esa promesa de campaña, el hoy presidente Rodrigo Chaves Robles, asumió los compromisos de seguridad ciudadana en su programa de gobierno. ¿Cuál es hoy la realidad?   Según las crudas estadísticas, el dominio del tablero lo está dando la más violenta ola de criminalidad de la historia de Costa Rica con 216 asesinatos al Miércoles Santo recién pasado. También, un clima promovido desde el Ejecutivo con el reiterativo guion de reparto de culpas a los otros poderes del Estado y, como si ello no fuera suficiente, la más drástica caída en decomisos de drogas de las últimas décadas.   La insistencia en remozar leyes y la colocación de escáneres van en camino con la aprobación de varias iniciativas en la Asamblea Legislativa y la donación anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de más dispositivos para colocar en puertos, aeropuertos y fronteras.   Pero todo se va quedando corto ante la realidad. Costa Rica, recordemos que lo dijo la embajadora estadounidense, Cynthia Téllez, es el principal re exportador de cocaína hacia Estados Unidos, Asia y Europa. Respecto de este último destino, son contundentes las incautaciones en puertos del viejo continente; tanto como la expansión de grupos asociados al narcotráfico en el territorio nacional.   De igual manera, se comienzan a hacer más evidentes -como señaló el experto de la organización Crime Sttopers, Alejo Campos- las rivalidades entre las fuerzas policiales, en el enfoque y las acciones para enfrentar el desafío nacional de este flagelo.   Seguimos profundizando en el tema con el especialista en seguridad e inteligencia policial, Álvaro Ramos Rechnitz.

Con el inicio de abril se conjuntan las fuerzas políticas en pos de obtener la próxima presidencia de la Asamblea Legislativa. Y como suele suceder en política, este año tampoco nada está escrito en piedra y muchos intereses se mueven en torno al control para el manejo de la agenda, la designación de comisiones y la conducción del debate legislativo. Así que tras el receso de Semana Santa, viene una etapa de amarre de votos y negociaciones que comenzarán a perfilar el tono de la legislatura, en un año crucial para la administración Chaves Robles. Pero este arranque se verá matizado por una serie de conflictos sociales fuertes, tales como la de los especialistas médicos que no logran un acuerdo con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, otro de sectores del Magisterio Nacional con el gobierno por pagos pendientes y los reclamos por los desabastecimientos de agua potable. Para medir cómo calientan estos motores conversaremos con el politólogo Daniel Calvo.

Recibir cuidados, cuidar a otros y autocuidarse; eso es lo que comprende el denominado “Derecho al Cuidado”, que es ya hora que se reconozca como un derecho humano fundamental. Si bien los cuidados ya están incorporados en varios pactos y tratados internacionales, así como en algunas legislaciones nacionales, hay que armonizar una serie de elementos, para su consolidación y reconocimiento global. Lo primero es aprender del tema, estudiarlo y entender que el derecho al cuidado requiere reconocer el valor del trabajo, las garantías que deben tener las personas que los llevan a cabo  y superar que es una responsabilidad, mayoritariamente,  de las mujeres. Por lo demás , hay que ponderar las dimensiones económicas, culturales e  institucionales del derecho al cuidado para avanzar hacia la universalización tanto del acceso a los servicios, como de su calidad mediante políticas públicas y corresponsabilidad social. En esa línea, recientemente  se llevó a cabo una audiencia en la sede josefina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayudará a dirimir una opinión consultiva que se le ha solicitado a ese órgano hemisférico precisamente para dar el siguiente paso en la incorporación del derecho al cuidado dentro de los Derechos Humanos. Para ampliar acerca de esto conversaremos con la especialista argentina, Laura Pautassi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

La Semana Santa es un tiempo que conjunta espiritualidad, reflexión, religiosidad, cultura y tradiciones, en una mezcla de manifestaciones que perduran en Costa Rica desde el siglo XVI. En los centros de concentración católica huele a incienso. En los hogares a chiverre. Los más apegados a sus tradiciones visten de morado, que es el color de la penitencia y se vive desde el más respeto de quienes lo celebran con absoluta devoción o de quienes aprovechan el caluroso verano para vacacionar. Las comunidades sacan lo mejor de su imaginería para procesionar y recordar la vida, pasión y muerte de Jesucristo, al punto que el Viernes Santo, desde abril del año 1895, se escucha la solemne marcha del Duelo de la Patria. Para repasar estas y otras particularidades de la Semana Mayor conversaremos con el historiador José María “Milo” Junco.

Mientras continúa el implacable y dramático éxodo de venezolanos por toda América y tras un cuarto de siglo de hegemonía chavista, el 2024 podría ser para Venezuela, uno de decisiones cruciales en lo político-electoral, lo económico y, como no, en lo geopolítico. Y es que el régimen cruzó líneas rojas pre acordadas con la comunidad internacional, al no haberse sustraído a la tentación de inhabilitar burdamente la candidatura de la líder opositora María Corina Machado, quien en una jugada de alto perfil, cedió el viernes su nominación a la historiadora Corina Yoris para las elecciones inicialmente previstas el último domingo de julio. El chavismo madurismo tiene pánico de ir a unas elecciones verdaderamente libres y, lejos de detenerse, hará todo lo posible por burlarlas y “ganar” a las malas. Por otro lado, el colapso de la industria energética es gravísimo. La incorrecta administración de la estatal PVDSA ha destruido gran parte de su capacidad extractiva. Venezuela terminó el 2023 con la inflación más alta del mundo (260%) y con amplios sectores de la población cada vez más empobrecidos. La reeditada disputa (de enemigo externo) con Guyana sobre el territorio de 160 mil km² del Esequibo, rico en recursos naturales, escaló luego de haber instalado un asentamiento militar y haberle dado en el referéndum de diciembre pasado, tres meses a operadoras petroleras para salir de la zona. Para hacer repaso de uno de los procesos electorales más difíciles del ciclo latinoamericano conversamos con el ex embajador en ese país, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Costa Rica es un país privilegiado en su recurso hídrico. Contamos con 70 mil metros cúbicos de agua subterránea, declaramos el acceso y el saneamiento como un Derecho Humano y tenemos décadas de legislación e inversión para procurar agua potable para todos. Pero es un hecho que enfrentamos enormes desafíos en la gestión del líquido. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan esta situación: en el 2018, el 92,4 % de la población tenía acceso a agua potable, pero en el 2022 ese porcentaje disminuyó a un 89,5 %. El desabastecimiento, la poca protección de las fuentes y la paralización de inversión pública es evidente y urge un cambio de timón frente a esta grave situación que en los últimos tres años puso a Acueductos y Alcantarillados en una sequía institucional. Se estima que las generaciones futuras se enfrentarán a un déficit en la relación suministro demanda. Por eso es relevante reducir las fugas, controlar las fuentes de contaminación, atender infraestructuras e incidir en la planificación, entre otras tareas. Sin agua no hay vida, bienestar, progreso, crecimiento, desarrollo sostenible, paz y democracia. En el Día Mundial del Agua, dedicado este año precisamente al eje Agua para la Paz conversamos con las expertas Yamileth Astorga y Maureen Ballestero.

Hoy son los habitantes de Hatillo y San Juan de Dios de Desamparados. Días atrás los de Goicoechea, Tibás y Moravia cerrando calles y reclamando su derecho humano al agua. Hay desabastecimiento del líquido en muchas otras localidades a lo largo del país. Trece cámaras que representan sectores productivos alzan la voz, dado que el tipo de cambio excesivamente a la baja les deteriora la competitividad, la generación de empleo y la productividad. El sector agroalimentario uniendo esfuerzos para forzar la atención de las autoridades. Sindicatos del sector educación dando un ultimátum para que se cumpla el compromiso de pago por aumento del costo de vida y otros pluses pendientes. La población de Cartago llamando a una manifestación este viernes, para presionar por la adjudicación de la construcción del nuevo hospital para la provincia. La protesta social se ha ido incrementando y para entender este momento y sus posibles consecuencias, conversamos con el sociólogo José Carlos Chinchilla.

Este primer trimestre del año hemos pasado de frentes fríos a temperaturas históricas de 40 grados centígrados. Y ya nos ponen en alerta que aún no hemos terminado de vivir los impactos de los efectos del fenómeno de El Niño, cuando los embates de La Niña nos pronostican una fuerte temporada de lluvias. La información y los datos que emanan acerca de la variabilidad y el cambio climático deben servir para consolidar políticas públicas que ayuden a generar más conocimiento climático, al servicio del gobierno y sus instituciones, las municipalidades, los sectores productivos y por supuesto, la ciudadanía. Hablamos de determinantes decisiones en salud, en la producción agroalimentaria, en la prevención y en las acciones integrales de resiliencia y adaptación climática. Para pasar de los datos a la acción, el Instituto Meteorológico Nacional lanza un ambicioso proyecto denominado Proyectiva. Ampliamos acerca de estos cambios y acciones con los meteorólogos Karina Hernández y Juan Diego Naranjo.

Costa Rica es una economía abierta que tiene en el turismo, la atracción de inversión extranjera directa y el sector privado exportador, sus motores más potentes. Todos en relación directa con el precio del dólar. Desde hace décadas somos líderes regionales en exportaciones. Con datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el año 2023 cerró con un crecimiento de 15,5 % en las exportaciones, logrando $2.452 millones más que en el año 2022, alcanzando la cifra de $18.244 millones. Solo este sector colocó en el exterior más de 2.500 productos costarricenses en 150 destinos y sostiene el empleo de 690 mil personas. Al tercer trimestre del año 2023, con registros del Banco Central, se determinó ya monto acumulado de inversión extranjera directa (IED) por $2.691 millones, lo que corresponde al 90 % de la meta estimada para ese año. La caída del precio de dólar sin duda tiene fuertes repercusiones en nuestra competitividad y el deterioro de estas áreas del desarrollo, lo que impacta en el tejido total de la economía, que se suma a la más baja inversión social en años, en educación, salud, vivienda, obra pública vial y otras en la prestación de servicios. ¿Hacia adonde nos lleva este peligroso cóctel, que gestiona la administración Chaves Robles? Para discutir estas derivas conversamos con el Dr. Roberto Artavia.

La espiral de violencia y asesinatos que conlleva la actividad del crimen organizado siguió creciendo en el país durante este primer trimestre del año. Los datos de la primera quincena de marzo reportan dos homicidios violentos por día de lunes a jueves, que se incrementan a tres o cuatro, los fines de semana. Cargamentos con drogas siguen saliendo de los puertos costarricenses, en tanto las incautaciones continuaron bajando de 23 mil kilos en 2022 a 15.860 en el año 2023. Las bandas criminales josefinas (en localidades como María Reina y Sagrada Familia), así como otras en Limón y Puntarenas, ostentan armas de grueso calibre y ejecutan refriegas a cualquier hora del día. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, anuncia que durante este año se incorporarán mil efectivos policiales, cuando especialistas indican que debemos pasar de 13,000 a 21,000. El panorama no pinta nada bien. Hacemos repaso de la problemática con el experto en materia de seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos Rechnitz.

Esta semana no solo termina anunciando los fuertes calores que se avecinan. Los acontecimientos políticos también aumentaron significativamente las temperaturas. Las profundas ramificaciones que va tomando el tema del decreto de emergencia forzado que justificó los ₡21.800 millones para reparar la pista del aeropuerto de Guanacaste. Los dimes y diretes del presidente Rodrigo Chaves, y del exministro Luis Amador, quien se autoexilia para protegerse -dijo- “de los tentáculos del mal”, las evasivas explicaciones de Alejandro Picado, presidente de la Comisión de Emergencias y las reveladoras declaraciones del representante de Meco, empresa siempre en el ojo de huracanes. El sector agroalimentario sumando esfuerzos para enfrentar la crisis estructural que viven y amenaza la vida de familias productoras y de la economía. La amenaza de un apagón en frecuencias de radio y televisión que hizo el mandatario y afectaría a medios de comunicación. La rápida salida de la ministra, Paola Bogantes para anunciar que en Semana Santa harán un anuncio sobre el tema. Todos son temas que tendrán amplificación en la Asamblea Legislativa, en donde el clima se calienta ante las negociaciones para la conformación del nuevo directorio, hoy marcadas por las denuncias de intromisión del gobernante para que Repretel separara a la diputada Vanesa Castro, como asesora legal externa de Repretel, tras 18 años de acompañamiento a ese conglomerado mediático. Precisamente con la diputada Castro conversamos para calibrar estos temas.

En tan solo 17 meses de gestión (de julio 2022 a diciembre 2023) la administración Chaves Robles emitió 6 decretos de emergencias. Desde los ciberataques, pasando por los impactos del huracán Julia, la tormenta Bonnie, ondas tropicales, la contaminación de agua con mercurio y hasta los flujos migratorios. De acuerdo con la información de los Planes Generales de Emergencias correspondientes con esos decretos, el costo total de las inversiones asciende a ₡210 mil millones, a los que se suman ₡21.800 millones para la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste, obra que se incluyó un año después de emitido el decreto sobre Bonnie y cuya adjudicación provocó este martes la caída de Luis Amador, el polémico y hasta entonces poderoso jerarca del Mopt. Pero a esta situación particular, hay que añadirle dos hechos financieros no menores. El mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito abierto por $700 millones con el BCIE, para atender unas 500 obras dañadas por efectos de emergencias y la semana pasada el Banco Mundial anunció la aprobación de otro crédito por $350 millones para “infraestructuras, servicios resilientes al clima y desastres en Costa Rica”. Son muchísimos recursos para gestionar bajo la amplitud de la ley de emergencias, que proporciona trámites y controles más expeditos y una verificación solo a posteriori de la Contraloría General de la República. Ya hemos vivido oscuros episodios de abusos e irregularidades en esta materia, por lo que se hace necesario poner en evidencia los peligros que entraña el abuso de esta figura para contratar por vía de emergencia, lo que muchas veces correspondería rigurosamente hablando con construcción ordinaria. Para conocer más detalles de cómo regular esta situación, conversamos con la ex presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanesa Rosales.

Los impactos del vendaval desatado por el presidente Rodrigo Chaves al despedir a Luis Amador, su ministro icónico, no se ajustan a otras muchas tramas de thriller político de “muerte anunciada”. No. Esta vez la sorpresa fue total. Tampoco hubo filtraciones horas antes, aunque sí una señal muy “extraña” el viernes con la apertura anticipada por parte del mandatario de los puentes temporales del Bajo Los Ledezma que Amador había anunciado para el lunes. En la corta de cabezas cayó también el Director de Aviación Civil, Fernando Naranjo. Ambos destituidos, por cierto, de viaje oficial en Canadá mientras el anuncio se daba. Todo apunta a que hay mucha tela que cortar tras la adjudicación del arreglo de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, justificado en un decreto de emergencia, cuando el presidente Chaves denuncia ante el país (sin denunciar al Ministerio Público, al menos hasta ahora) que los términos de referencia habrían sido diseñados para favorecer a la constructora Meco, por sobre el Consorcio Pedregal. Lo que calificó como un error que costó la bicoca de $2 millones. Como sea, Amador, el ahora exministro que se mencionaba desde hace meses como el posible candidato y heredero del chavismo, cayó en desgracia. Este mismo martes fue sustituido por el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Batalla, quien deberá hacer frente a la construcción de obra pública, cuando los datos muestran una reducción de los presupuestos, varias obras estratégicas detenidas y mucha urgencia por la reactivación del sector. Para hacer un primer acercamiento del sismo en el Mopt, conversamos con el politólogo Gustavo Araya y con el presidente de la junta directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Olman Vargas.

Como una verdadera calamidad económica. Así califican los agricultores costarricenses su situación actual. No sorprende. Parece esa ser la constante de la agricultura en muchas áreas del planeta. Pero esta es nuestra realidad y también nuestro desafío. Para buscar soluciones urgentes un grupo de ex jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se manifestaron con el afán de entrarle a asuntos álgidos como la importación de productos como el arroz, cuyo precio no ha bajado significativamente a favor de los consumidores, pero sí ha colocado a los productores del grano en una delicada situación. Otro tanto sucede con la no disminución del precio de los insumos; un contrasentido si tomamos en cuenta la caída sostenida en el precio del dólar. Un tema sensible es el acompañamiento ante los graves impactos a la producción por eventos extremos meteorológicos. El sector se apalanca en este grupo de exfuncionarios para llamar la atención del presidente Rodrigo Chaves y del ministro del ramo, Víctor Carvajal, con miras a resolver problemas, mejorar los precios a los consumidores y atender las condiciones adversas que atraviesan. Para ampliar acerca del tema conversaremos con los exministros Juan Rafael Lizano y Luis Felipe Arauz.

A propósito de la urgencia de remozar la legislación electoral, ya manifiesta desde hace años, pero confirmada por las irregularidades del informe de financiamiento de la última campaña, los diputados aprovecharon para avanzar con velocidad inusitada la modificación que pretende retroceder, muy convenientemente, las elecciones municipales con las nacionales. Pero alto… Hace un año, en marzo del 2023 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó cuatro proyectos de reforma electoral en relación con la disminución de la contribución estatal a las justas y, de paso, incluir el financiamiento a las municipales y ampliar el anticipo que se da a los partidos políticos; además de un adicional para mejorar la representación partidaria y una reforma más para regular las nuevas formas de propaganda política. Para repasar por donde transitan estas reformas conversaremos con el Director de Estrategia y Comunicación Política del TSE, Gustavo Román Jacobo.

¿Qué tiene que ver el maltrato a la inversión social con el Día Internacional de la Mujer? Pues en todo. Resulta que el desarrollo y la consolidación del Estado Social de Derecho se expande mucho más cuando son las mujeres las que, con su visión y su acción, deciden en torno a la inversión social, para beneficiar los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Así lo demuestran los resultados de un estudio realizado recientemente en siete países de América Latina, incluido Costa Rica. Y precisamente en nuestro caso, el asunto es de suyo significativo, dada la arremetida de la política fiscalista. Cuando esto sucede, las cargas para sostener el bienestar de las familias recaen con mucho mayor peso en las mujeres, muchas de las cuales enfrentan condiciones adversas para sostener la ausencia o el debilitamiento de la institucionalidad, como está ocurriendo hoy. En este 8 de marzo, la experta en desarrollo social latinoamericano, Juliana Martínez, nos convoca a buscar respuestas a preguntas tales como: ¿es qué acaso las mujeres somos genéticamente buenas? ¿Cómo es que la inversión social se relaciona con el bienestar y la igualdad de las mujeres? Para poner foco en ello conversamos con la Dra. Martínez Franzoni.

La complejidad de la ola de violencia y criminalidad que enfrenta Costa Rica debe abordarse de manera integral, no desde la retórica que evade responsabilidades, sino desde una política sólida y anclada en decisiones acertadas.   No se puede atender esta grave situación, que nos involucra a todos, con los mismos policías, investigadores y una estructura judicial que antes atendía una situación muy diferente a la actual.   Tampoco se puede enfrentar sin una política pública, sólida y con recursos económicos, que de manera contundente brinde y consolide oportunidades en educación, empleo, formación a jóvenes y mujeres; así como programas permanentes de prevención de la violencia y atención a las víctimas.   En síntesis, lo que ha planteado la expresidenta Laura Chinchilla, desde su trayectoria y expertiz en la materia. Con ella ampliaremos en nuestro Hablando Claro.

Costa Rica tiene de frente un desafío demográfico que nos advierte que la población del país no llegará a 6 millones de habitantes. Esto nos debe hacer replantear, desde ya, una serie de importantes decisiones de políticas públicas. Esta situación se debe a dos posibles escenarios del futuro cercano: el primero es que de continuar la ultra baja fecundidad de 1,3 nacimientos por mujer (ya alcanzada entre los años 2021 y 2023), la población comenzará a decrecer en una década; el otro es que las mujeres están retrasando la maternidad a una edad promedio de 31 años, lo que implicará un inevitable decrecimiento, en 25 años. Estos cálculos fueron presentados por el experto demógrafo Luis Rosero Bixby en el Simposio Tendencias de la Fecundidad en Costa Rica. La baja fecundidad es un indicador de desarrollo, ya que determina que las mujeres puedan estudiar, trabajar y tener autonomía, pero implica tomar decisiones con relación a cómo mejorar la calidad de la inversión y de los servicios públicos, al disminuir la cantidad de personas. Uno de los mayores será el las pensiones, ya que con base en estos datos se considera que el sistema Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social entrará en estado crítico en el 2035, cuando tres personas en edad productiva tendrán que soportar un pensionado, mientras que en el 2075 habrá un trabajador activo por cada persona en edad de pensionarse. Para seguir colocando este tema en la agenda de temas de interés conversamos con la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya.

Es cierto. Costa Rica tiene una larga trayectoria en normativa para la consolidación de los derechos de las mujeres, pero una de las deudas urgentes de saldar, es sin duda, la de la violencia estructural. Desde 1984, con la aprobación nacional de la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación” podemos sumar una cantidad importante de legislación, pero ello es aún insuficiente. Este enorme esfuerzo de colectivos, políticas e instituciones son un avance que choca contra la realidad cuando los datos procesados del 2022 del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Observatorio de la violencia contra las mujeres, registraron 20 femicidios, 7.537 personas imputadas por violencia contra mujeres y 544 violaciones sexuales; de las cuales, tres de cada diez fueron contra menores de 20 años. Las causas múltiples de los delitos contra esta población se mantienen y van incorporando nuevas perspectivas acerca de las cuales debemos conocer y analizar, como es el caso de las mujeres migrantes que atraviesan nuestro país o las nacionales que deben migrar de un lugar a otro del territorio para buscar mejores condiciones de vida. La perspectiva de género, para garantizar derechos fundamentales, es un ejercicio siempre necesario, para lo cual conversaremos con las investigadoras de la Universidad Nacional, Sileny Mena Gómez y María Amalia Penabad.

Son la mitad de la población nacional, pero no llegan a ocupar ni 900 mil espacios laborales formales. Las mujeres siguen teniendo las más altas tasas de desocupación y de desempleo y 400 mil de ellas viven en la informalidad para poder subsistir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe 2023, enfatizó nuevamente nuestras falencias en políticas públicas para procurar mejores condiciones para ellas. Como sabemos, son las responsables de las tareas del cuido familiar sin remuneración, y nuestro Estado no ha sido capaz de proporcionarles mejoras en la provisión de redes de asistencia para potenciar sus capacidades. Por esta y otras circunstancias les es más complicado completar su educación. Falta además, por supuesto, reforzar un programa que impulse de manera sistémica su incorporación a carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son las que tienen una alta demanda y mejores remuneraciones en el mercado laboral. Otros desafíos por resolver hunden raíces en la inequidad que enfrentan, pues más del 90% de las mujeres en hogares pobres están fuera de la fuerza laboral, y aun así, muchas de ellas llevan el pesado fardo de la responsabilidad total de la manutención de sus familias. Para arrancar la semana que nos convoca a reflexionar y analizar la situación de las niñas, jóvenes y mujeres, conversamos con la experta en materia social y ex vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.

Dicho sin ambages: hay un proceso de debilitamiento severo (desmantelamiento) de la inversión social por parte de la administración Chaves Robles. Así lo estableció un numeroso grupo de legisladores que denunció al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante la Contraloría General de la República por incumplir con las transferencias que debe hacer al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Por toda respuesta, Acosta se mantiene en su mantra: “no hay plata”, como tampoco la hay para cumplir con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación pública o con el pago de la onerosa deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La lista de adeudos se amplía, entre otros, con la reducida inversión en vivienda y la paralización de proyectos importantes en agua y saneamiento. Para poner foco en el tema y conocer qué acciones políticas deben acompañar a la ciudadanía ante estos hechos, conversamos con las diputadas Kattia Cambronero del Liberal Progresista y Rocío Alfaro del Frente Amplio.

Las imágenes siempre dicen más que las palabras. La saturación de pacientes en condiciones indignas de hacinamiento y sin atención oportuna desbordan, desde hace meses ya, las salas de emergencias de cantidad de hospitales del país. Para muestra, el San Vicente de Paul en Heredia con un 191 % de ocupación, el San Francisco de Asís en Grecia con 160 %, el San Rafael de Alajuela con 143 %, según determinó un estudio de la Gerencia Médica de la CCSS. Pero circunstancias similares se experimentan en San Carlos y otros centros médicos. Tal situación no se produjo de un día para otro, pero está claro que ahora se ha tornado insostenible y obligó a la Junta Directiva a declarar el martes “emergencia institucional”. Así, durante los próximos seis meses se agilizará la dotación de personal, equipos, espacios y todas las estrategias necesarias para aliviar la situación y los impactos directos en la salud de las personas. Pero como era de esperar, la polémica se coló en la emergencia: la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, sin proporcionar fuentes ni documentos, aseguró que 7 de cada 10 personas que saturan los servicios de emergencias ¡no deberían estar allí! La CCSS sigue padeciendo una crisis sobre otra y ello obliga a mantener el dedo puesto en el renglón. Conversamos con Lenín Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines y con Deivis Ovares, presidente del Frente Nacional por la Seguridad Social.

Las personas de 65 años y más son hoy el 10% de la población total del país, 526.135 en total. ¿Qué condiciones esenciales de seguridad social les estamos ofreciendo? La profunda radiografía que nos ofrece el Tercer Informe de Personas Adultas Mayores, elaborado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, (ambos de la UCR) nos aporta resultados que no nos hacen ver muy bien. En 8 años los datos de abandono o víctimas de prácticas negligentes en los hospitales aumentó, igual se disparó la duración del tiempo de estancia en una cama hospitalaria, con las implicaciones que esto tiene en la salud emocional. Otras revelaciones tampoco pueden pasar inadvertidas: el aumento en las causas de muertes, el crecimiento de los diagnósticos de enfermedades del sistema circulatorio y el envejecimiento acelerado, son circunstancias que requieren de una atención integral, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Si a esto le añadimos pobreza, abandono (declarado delito desde el año 2020) y malnutrición, el panorama reclama urgente abordaje integral. Para esto conversaremos con el Dr. Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la UCR, y con Agustín Gómez, del Observatorio del Desarrollo.

El próximo año, el país registrará la menor inversión social en bonos de vivienda del último cuarto de siglo. Solo 10.286 familias podrán acceder al bono. Esto implica también una disminución para todos los demás grupos beneficiarios: jefas de hogar, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. Tal es el fardo de los recortes en la inversión social, misma que se registra en el año en curso, en el que ni siquiera el sistema recibió una inyección adicional de 10 mil millones de colones, pese a que fue aprobada por el Congreso y avalada por el mismo Poder Ejecutivo. Un contrasentido del Ministerio de Hacienda que si bien no habría resuelto el déficit de entrega de bonos, al menos habría movido un poquito la aguja de la construcción de viviendas de interés social en el país. La información se desprende del estudio de la “Situación actual del Sistema Nacional Financiero de la Vivienda (SFNV) y perspectivas para la construcción en el 2024”, de la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi). Para conocer más detalles conversamos con Guillermo Alvarado, presidente de la Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y con Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

A dos años de la invasión rusa a Ucrania, el balance es desalentador y el escepticismo acerca de la solución final, prevalece. Moscú, asediada por los embargos comerciales y económicos de Estados Unidos y la Unión Europea, permanece firme en su determinación de mostrarse como una potencia en expansión territorial, con capacidad militar y poco o ningún escrúpulo respecto de los derechos humanos, lo que incluye, naturalmente, la represión a los propios opositores que, como Alexei Navalny, les representan un peligro a sus afanes de permanencia en el poder. Ucrania, por su parte, sigue resistiendo, buscando ayuda internacional para adquirir armas, equipo militar y fortalecer sus defensas. Sin estas ayudas se enfrenta a la amenaza de no poder mantener su esfuerzo bélico, ni sostener su economía maltrecha. En el marco de fondo, cientos de miles de personas muertas, 6 millones de personas desplazadas, infraestructura destruida y las implicaciones globales del conflicto. Para analizar cómo será el tercer año de esta guerra conversamos mañana con el analista internacional, Carlos Murillo.

Concluye esta semana de labor legislativa con tres temas, que aunque no son artefactos nucleares, sí generan ondas expansivas en el debate público. En la comisión que atiende los asuntos de Cartago explotaron los nuevos argumentos del gobierno en contra de la necesidad de superar, ya una discusión que se torna estéril, sobre la urgencia de construir el nuevo hospital de la provincia. Por otra parte, con la velocidad de un rayo, la comisión que analiza reformas electorales dictaminó afirmativamente una propuesta del Partido Unidad que uniría las elecciones nacionales y municipales. Falta mucho camino de trámite aún, pero hay que poner mucha atención en la antojadiza iniciativa. Por su parte, el diputado Fabricio Alvarado, amenazó la semana pasada con que Nueva República no votaría ningún proyecto de ley, si la mayoría llegara a avalar la prohibición de las llamadas terapias de reconversión sexual, que desde el año 2018 presentó el Frente Amplio. Para poner en perspectiva estos debates, conversamos con el frenteamplista Antonio Ortega.

La crisis del sistema de partidos políticos en Costa Rica se viene fraguando desde hace ya un cuarto de siglo. Ese proceso ha impactado fuertemente, y cada vez más, en la credibilidad de la ciudadanía hacia sus instituciones y en el consecuente desencanto hacia la democracia y -previsiblemente como en otras democracias- en apuestas arriesgadas a narrativas populistas que le permiten a personajes con discursos altisonantes y salvadores llegar al poder. Se trata de un fenómeno que se debe analizar desde una muy compleja multi causalidad. No se había enfriado el proceso de escogencia de las nuevas autoridades municipales, mucho menos analizados los resultados mediante estudios más profundos, cuando el secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, propuso una coalición. Pocos días después, en una entrevista con el diario La Nación, el ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti hizo un llamado similar. De inmediato las repercusiones afloraron entre recriminaciones, quejas, señalamientos y descalificaciones. ¿Fueron muy tempranos e inoportunos estos llamados? ¿Es primero un anuncio al calor de victorias no contundentes y derrotas que se intentan disimular o una agenda programática sobre la cual cimentar un proyecto político de amplio espectro? Para repasar esta coyuntura conversamos con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

Ahora resulta que -si los nuevos planes en ciernes salen bien- la postergadísima ampliación de la carretera San José San Ramón, estaría lista en el 2030. No es una broma de mal gusto. Es la realidad. Hacer una carretera en el país es un suplicio y aunque hay varios ejemplos a la vista, los ciudadanos de occidente, tanto como los sancarleños, pueden dar fe de ello. En Costa Rica las obras tardan cuatro o hasta cinco décadas. Lo de San Ramón es un tormento porque tras la ruptura del contrato de concesión de la obra, allá en la Administración Chinchilla Miranda (casi todos nos acordamos de aquello) costó tamaño tiempo armar el fideicomiso con el BCR aprobar la ley correspondiente y echar a andar la nueva criatura en los gobiernos Solís Rivera y Alvarado Quesada. Se hicieron varias de las llamadas obis (obras impostergables) y ahí estábamos cuando la nueva administración Chaves Robles decidió pegarle una pedrada al panal y ¡vuelta para atrás! Ahora se anuncia que tras romper relaciones con el Fideicomiso del BCR, el CONAVI va a otro fideicomiso para el proyecto ¡otro! La diputada liberacionista, Montserrat Ruiz, estima que es suficiente ya de ocurrencias y sabotajes y que es hora de exigir transparencia en las resoluciones que se persiguen e insiste en que la obra posible es justamente la que estaba llevando a cabo el Fideicomiso BCR que lamentablemente terminará en diciembre próximo para empezar un nuevo (y también de seguro) tortuoso camino. Conversamos con la legisladora de occidente Montserrat Ruiz.

Después de semanas de silencio, el Banco Central de Costa Rica, salió al paso de las especulaciones en torno a los orígenes de transacciones en dólares no especificados en el sistema bancario. Si bien no existe evidencia, afirmó su Gerente General, de que haya flujos ilícitos de capitales, como se ha señalado insistentemente por parte de varios economistas, lo cierto es que el Central admite que en el muy comentado rubro de “Otros” hay categorizaciones inadecuadas e imprecisas respecto de los movimientos de compras y ventas en dólares. Precisamente en “Otros” se acumula el 48 % del origen y el 45 % del destino de las operaciones en esa moneda. Para esclarecer el tópico habrá que esperar hasta abril, cuando dé frutos el requerimiento de identificación precisa solicitado a los bancos. Mientras tanto, la Superintendencia de Entidades Financieras sigue controlando todos los flujos. Para ahondar en lo que sucede y analizar lo expuesto por el ente responsable de la política cambiaria y monetaria del país conversamos con el economista, José Luis Arce.

Como el cangrejo: un paso adelante y dos para atrás. Iniciando este gobierno se detuvieron varios avances en proyectos neurálgicos de infraestructura. Primero paralizaron la modernización ferroviaria. A falta de proyecto alternativo, como medida paliativa para enfrentar la mega congestión vehicular, este lunes Ferrocarriles duplicará el traslado de pasajeros de 3.600 a 7.200 de Alajuela a San José; y una semana después a 10.800. No se han vuelto a hacer inversiones en compra de trenes, con lo cual no ha aumentado la cantidad de las unidades que prestan servicios. No hay nuevas estaciones, ni ramales. Y tenemos un trazado de líneas que no se han cambiado. ¿Será esto posible en las condiciones actuales del Incofer? ¿Qué pasó con el Tren Eléctrico Metropolitano, que complementaría el transporte público de personas? ¿En qué fase está el Tren Eléctrico de Carga (TELCA), que descongestionaría las vías de la Gran Área Metropolitana por las que transitan hoy decenas -si no centenares- de furgones? Para conocer al respecto conversamos con el expresidente del Incofer, Mario Arce.

Son historias reales. Son las experiencias de cientos de miles de ciudadanos que padecen la megacongestión vial que vivimos estos días y que van más allá de la paciencia que piden las autoridades a cargo. Quienes viven en los cantones de San Ramón, Palmares, Sarchí, Grecia, Naranjo y más allá, deben sortear las presas de la interconexión que se construye para dar acceso a la zona franca Evolution, luego, las del arreglo de la radial y de otro puente modular en Alajuela hasta llegar al colapso por el cierre de Los Ledezma. Algunos duran más de 4 horas en llegar a San José y viceversa. Quienes vienen en Turrialba, Paraíso, Cartago y más allá, deben superar la presa del intercambio Taras-La Lima, luego, el congestionamiento de la Florencio del Castillo, si salen por Curridabat presa, si salen por San Pedro, deben sortear los cambios viales por La Galera. A veces 3 horas para llegar a San José e igual de regreso. Si vienen de cantones de Heredia, La Uruca, Pavas, Escazú, Hatillos o Alajuelita, meterse en el colapso es lo único que les queda. Para entender este nudo gordiano en el que vivimos (penamos) hoy, conversamos con el economista y especialista en temas de infraestructura, Federico Villalobos.

Es lo mismo desde hace más de un año: el dólar a la baja y el colón apreciándose. La diferencia es que ahora ya las consecuencias están ahí. A los sectores exportadores y turísticos (primeros en advertir de la situación) se unieron ya ganaderos, piñeros, cafetaleros y otros. La Corporación Ganadera argumenta competencia desleal, dado que los comerciantes prefieren importar carne, antes que comprarla a los productores nacionales. Standard Fruit Company, una de las grandes empresas empleadoras, cerró dos fincas y despidió a 111 personas alegando la política cambiaria del Banco Central. El Instituto del Café de Costa Rica indicó afectación de 26 mil productores, quienes reciben menos de ₡19 mil por fanega por la misma situación. La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña solicitó la versión correcta del exceso de dólares y pidió al ente emisor explicaciones con documentos del ingreso de $1.708 millones que se colocan en la sección de otros, en el cuadro con los principales flujos de divisas negociables en ventanilla. Otra alarma se encendió en una actividad de análisis de coyuntura fiscal y de política monetaria, con la presencia del ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. En este acto, Sylvia Saborío, de CONASSIF dijo que no es suficiente simplemente decir que el exceso de dólares es por aumento de visitas turísticas e inversiones extranjeras, ya que “podría haber otras transferencias que incluyan transacciones ilícitas difíciles de detectar, que no se han podido estimar, pero podrían resultar cuantiosas. No podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo”. Para lograr entender qué está pasando conversamos con el economista, Gerardo Corrales.

Lo de Donald Trump puede ser cualquier cosa, menos los escrúpulos. Un día sí y el otro también lanza explosivas declaraciones, para mantener su agitadora estrategia electoral. En ese arsenal de provocaciones, desinformación y bravuconadas, provocó temor en Europa cuando el sábado sugirió que alentaría a Rusia a hacer "lo que diablos quiera" con cualquier miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no gaste al menos el 2% de su presupuesto en ese grupo comunitario de defensa. Calculadamente, esto lo dice, cuando se está a pocos días de que la guerra entre Ucrania y Rusia cumpla dos años y en medio de un complejo debate en el Congreso estadounidense que persigue la aprobación de un grueso paquete de ayuda económica por $95 mil millones, de los cuales $60 mil millones serían para Kiev. Fuera de toda sensibilidad, sus palabras dejan en riesgo la seguridad de los soldados en campo. El exmandatario lo mismo aprovecha sus incendiarios mítines como las convocatorias judiciales, para calificar como un complot urdido por “el corrupto” presidente Joe Biden los cargos federales y estatales que está enfrentando. Tampoco desistirá, cada vez que le venga en gana, reiterar su oferta de lanzar el mayor esfuerzo de deportación en la historia estadounidense, cuyo objetivo es expulsar a millones de personas que viven sin regularización, mediante grandes redadas, como lo reportó en noviembre pasado The New York Times. Para dimensionar el peligro de las maniobras electorales de Donald, conversamos mañana a las 8 a.m. con el relacionista internacional Carlos Murillo Zamora.

La radiografía posterior y detallada del reciente proceso electoral municipal da pie a una hipótesis plausible: si el 97 % de los abstencionistas fueron en su día adherentes o simpatizantes del Partido Liberación Nacional, el PLN no solo arrastra su propia debacle electoral, sino también gran parte de la desafección y la apatía en la adhesión a las urnas. Es una hipótesis que merece más estudio, pero que no es descabellada cuando una empresa sería como la consultora Deepn, nos muestra muchos de los huesos rotos de la radiografía. Los datos duros comparando la elección del 2020 con la del primer domingo de este febrero, nos dicen que los verdiblancos perdieron 110 mil votos y 14 alcaldías. En parte a merced de ello, la Unidad Social Cristiana logró ganar cinco alcaldías más (20 en total), pero sin crecimiento alguno (de hecho con 42 votos menos que hace 4 años). Esto demuestra la perdida de poder del bipartidismo, aunque en el caso del PUSC la tracción que perdió en la zona urbana la recuperó en las periferias. Los otros partidos nacionales crecen en votación en Alajuela, Limón y Heredia. Un total de 41 alcaldías (82 en el 2024) cambian de partido político. 23 personas logran reelegirse, mientras que 25 no lo logran. En 21 cantones se mantiene en el poder el mismo partido. Los datos reveladores del abstencionismo a nivel nacional son contundentes: los que menos votos recibieron fueron los cantones centrales de San José con un 73 %, Heredia con 69 % y Limón con 68 %. Mientras que en Liberia se escogió con la menor participación, apenas un 5% de los votantes, Monteverde, dio muestras de entusiasmo porque logró llevar al 42 % de los ciudadanos a las urnas, acaso por tratarse de la primera vez que se reflejaban como cantón. Para seguir diseccionando esta elección conversamos con el investigador y analista Mario Quirós.

América Latina, es un territorio dinamitado por la polarización social y la insatisfacción creciente de la ciudadanía para con la democracia. Un rápido repaso nos calibra la alta temperatura: La autoridad electoral de El Salvador aún no ha dado los resultados oficiales del proceso de una semana atrás y, al parecer, no importa: los artilugios de la ceremonia en que Nayib Bukele celebró su reelección inconstitucional, dejaron de lado el “mero formalismo” de unos resultados confiables, creíbles y transparentes. En Panamá, la novela deja atrás la imaginación de García Márquez. El expresidente Ricardo Martinelli sigue refugiado en la embajada de Nicaragua, para intentar salvarse de ir a cárcel por corrupto. El presidente Milei presiona en Argentina a quienes adversan los excesos de su “ley ómnibus” y la discusión pública llega a los extremos. Nada sorpresivo. De igual manera, diversos asuntos en Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Venezuela, Bolivia y Brasil mantienen caliente la región. El único respiro temporal fue la unión mostrada en el sepelio oficial del ex gobernante chileno Sebastián Piñera, que nos permitió un respiro de respeto y adhesión a los valores de la institucionalidad democrática. Para ahondar en estas líneas, conversamos con el politólogo, Sergio Araya.

Cuatro meses después de su inicio, la guerra entre Israel y Hamas, en la devastada franja de Gaza, sigue provocando implicaciones en toda la región de Medio Oriente e inevitablemente las tendrá en el cada vez más inminente y mundialmente decisivo torneo electoral estadounidense, el primer martes de noviembre.   Por ahora el conflicto está signado por el fracaso. No hay tregua. Por un lado, las ambiciosas exigencias del grupo terrorista, por otro, los reclamos de sectores israelíes para seguir actuando con fuerza y agilizar la entrega de rehenes, complican las vías de negociación.   Y en ese tablero, juega el Secretario Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que sigue moviéndose de un escenario al otro en busca de las líneas que restablezcan un muy precario equilibrio que hoy parece imposible.   Pero no encontrar un acuerdo, no es una opción para la Administración Biden, que por un lado busca el cese al fuego en Gaza, pero por otro, quedó obligado a la retaliación contra la milicia pro iraní que la semana tras anterior mató a tres soldados estadounidenses e hirió a otros 40 en un ataque con dron en Jordania. La represalia se ejecutó en Irak y cobró la vida de uno de los líderes de la milicia pro iraní Kataib Hezbollah, aunque también continúan las acciones bélicas contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.   Es mucho lo que está sucediendo y por ello conversamos con el especialista en Relaciones Internacionales, Carlos Cascante.

Con 34 años de edad, de los cuales ocho ha estado vinculado al quehacer municipal, el nuevo alcalde de San José asumirá el cargo en mayo, siendo sin duda el político más sobresaliente del recién concluido proceso de elecciones territoriales del país. Muy joven sí, pero con bastísima experiencia, conoce todos los laberintos y rincones del municipio costarricense más poderoso. Y cómo no: en su camino ha tenido que enfrentarse a la férrea estructura que en tres décadas construyó Johnny Araya, como amo y señor de ese feudo. En ese transitar, por cierto, también dejó al Frente Amplio, su casa política de origen y fundó Juntos por San José, la divisa que el domingo sorprendió a unos y otros, al alzarse con la victoria. Para gobernar los 11 distritos del cantón capitalino cuenta con un presupuesto de ₡73 mil millones y un amplio programa de gobierno con el que se ha comprometido a mejorar la calidad de vida de los más de 350 mil habitantes de la capital, anclado en el compromiso con la democracia, la lucha contra la corrupción y la solidaridad, como banderas para mejorar la planificación urbana y la protección del ambiente. Para conocer cómo pretende pasar de los planes a la acción -y si se lo permitirán las fuerzas opositoras internas- Diego Miranda, el electo alcalde capitalino que logró derrotar el mito de la invencibilidad de Johnny Araya y el PLN, nos acompaña en Hablando Claro.

Cumplir 17 años aportando nuestro grano de arena al fortalecimiento de la libertad de expresión, del acceso a la información y a la deliberación democrática para la formación de opinión pública, nos genera una inmensa satisfacción y también, como no, un profundo sentimiento de gratitud para con nuestros oyentes, invitados siempre calificados, auspiciadores y nuestra casa, Radio Columbia. También ha sido un eje de enfoque temático prioritario para Hablando Claro, la autocrítica del ejercicio periodístico y con ello, el desafío de hacer periodismo informativo y de opinión en tiempos tan vertiginosos de dinámicas transformadoras de la comunicación, como la desinformación en todas sus manifestaciones. La desinformación ocupa el primer puesto entre los riesgos más severos a corto plazo que podrían afectar negativamente la convivencia social, la economía, la democracia y a la población a nivel global. La multiplicación inmediata de noticias falsas y la extendida manipulación de la verdad son sin duda alguna una amenaza a la estabilidad política y social, tal como lo acaba de establecer el Informe de los Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial. Es tan grave la advertencia que la coloca en el primer lugar, antes de los impactos de las guerras, el cambio climático y otros peligros. Modernos sistemas surgidos de la innovación y la tecnología, como las plataformas digitales y la inteligencia artificial, amplían el alcance, la eficacia y la difusión de este tipo de noticias, informaciones, videos y cualquier formato con capacidad de llegar a públicos muy segmentados. Como si fuera poco, vivimos en tiempos de ciber inseguridad. Para poner el tema en perspectiva en este nuestro 17 Aniversario, conversamos con la presidenta del Colegio de Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera y con el periodista David Bolaños, del proyecto de verificación de noticias falsas Doble Check de la UCR.

Para unos, la euforia del triunfo. Para otros, el trago amargo de la derrota. Es la ecuación final del juego democrático que nos permite, desde la vitrina del análisis, hacer balance de un proceso municipal marcado por el ausentismo, lo que equivale a apatía, desidia, desinterés... Los malos resultados para el Partido Liberación Nacional, el plantón de realidad para el Frente Amplio, el lentísimo avance para Nueva República, las ilusiones (cuales luces que encandilan) para el partido Unidad Social Cristiana y el más joven Unidos Podemos; las rupturas de las coaliciones y la desaparición del PAC de los espacios de representación, son resultados que convocan a modificaciones profundas de las fuerzas electorales. Y si a ello sumamos, la polarización, el odio, la desinformación y, a la vuelta de la esquina, los estragos de la inteligencia artificial, estamos ante un peligroso coctel para sostener el apego a la democracia y su institucionalidad. Para muestra el gran botón salvadoreño. Borrados del mapa la separación de los poderes, sin siquiera necesidad de esperar los resultados oficiales del tribunal electoral, Bukele (dícese que el mandatario más popular del mundo) no solo se proclamó reelecto, sino que él mismo dio los resultados del proceso. "Democracia de partido único" lo definió él mismo. Con ungimiento del Todopoderoso para gobernar en medio de normalizadas y cada vez más frecuentes suspensiones de garantías y la gran promesa de lo que está por venir los próximos cinco años de su segundo mandato. Y tal vez de otros más. De ambos procesos centroamericanos conversamos con Eugenia Aguirre, investigadora del Observatorio de la Política Nacional de la UCR.

Cumplimos una nueva jornada electoral y el mapa del poder territorial cambió, y una vez más el Tribunal Supremo de Elecciones cumplió un papel fundamental para la democracia, dándonos absoluta seguridad antes, durante y después del proceso. Somos un país con una división administrativa muy disímil, con cantones muy pequeños y otros de gran extensión. Eso sí, con realidades muy dispares, con solo recorrer unos pocos kilómetros. Este torneo deja muchas enseñanzas para seguir fortaleciendo las elecciones municipales. Los resultados los seguiremos conociendo en las próximas horas, pero el proceso pone en agenda de los partidos, lo que la ciudadanía les dice otra vez en las urnas, a las nuevas autoridades que ya no tienen feudos y que las reformas legales y la imperiosa modernización de las agrupaciones políticas acorde con las exigencias de los tiempos, deben ser la guía de aplicación urgente. Para profundizar estos y otros aprendizajes conversamos con el experto en temas del régimen municipal Juan José Echeverría.

El crítico caso de la contaminación del agua con xilenos en Goicoechea, Moravia y Tibás se podría repetir en otros lugares del país, dadas las grietas y fugas que evidencia una política pública que debería ser potente y cristalina, pero que evidentemente ha venido a menos en los últimos años. Enormes vulnerabilidades desbordan un sector que requiere de una rectoría fuerte, lo que por supuesto va más allá de la decisión política coyuntural de conformar un comité o comisión que acompañe al nuevo presidente de AyA, en el que -por cierto- se cedió un espacio a la Cámara de la Construcción, lo que en la práctica implicaría que un actor privado tomara parte en la adopción de decisiones de política pública. Abriendo más el tubo, hay que poner atención en las postergadas inversiones de proyectos importantísimos como Orosi II, para garantizar el suministro del líquido a la Gran Área Metropolitana y recuperar la pérdida en la cobertura de agua potable a nivel nacional que solo del año 2021 al 2022, cayó de 95,7 % a un 89,9 %. Urge restablecer la planificación, tanto como la regulación de actividades productivas riesgosas, y también reforzar el tratamiento, el monitoreo de la calidad de las aguas y, por supuesto, ajustar nuestra obsoleta legislación, para una adecuada gestión de cuencas y protección efectiva de fuentes de agua. Continuamos conversando del tema con doña Yamileth Astorga, ex presidenta de AyA y nos acompaña también Edgar González, especialista en recursos hídricos.

La seria crisis sanitaria provocada por la contaminación del agua con un hidrocarburo aún no determinado no se resuelve con haber encontrado la aparente fuente en la Quebrada Honda 2 en Coronado, tal como lo anunció la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive. Ahora debe establecerse el elemento contaminante, lo cual puede aclararse pronto dado el trabajo que realiza el Laboratorio en Hidrocarburos del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (Celeq) de la UCR, para tener la información técnica y adoptar las medidas correctivas en relación con la seguridad y la salud de las personas y familias. El problema persiste, ya que las 107 mil personas siguen severamente afectadas. De igual manera, la operación establecida para la entrega de agua por cisterna sigue siendo criticada en las comunidades y se llega al décimo día del problema, que ahora se agrava y se extiende con el desabastecimiento del líquido en otras comunidades metropolitanas, para atender el suministro mínimo en los cantones de Moravia, Goicoechea y Tibás, donde la población sigue manifestando su legítima inconformidad, exigiendo respuestas y pronta solución. Incluso la Sala Constitucional recibió varios recursos de amparo, que deberá resolver en próximas horas. Pero el foco debe abrirse para entender esta situación, desde las acciones y seguimiento a la gestión del recurso hídrico de manera integral. Para seguir aportando elementos conversaremos mañana con la expresidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, y con el coordinador del Celeq UCR, Dr. Roberto Urcuyo.

A cuatro días de la cita electoral, tres estudios de opinión pública establecen que la limitada asistencia a las urnas será una de las rúbricas que sellarán el torneo de las municipales en las que se jugará la elección de poco más de 6,000 cargos de servicio público en los 84 territorios del país. El ambiente no calentó ni siquiera en la conversación de los tan activos canales digitales, dijo el Observatorio Digital de la Universidad Latina. Mientras tanto, Umbral Político de Idespo, UNA, aseguró que el 42 % de los ticos está seguro de acudir a las urnas. Dijo también que se manifiesta apoyo creciente a divisas cantonales o provinciales frente a partidos de índole nacional. Ya veremos cómo se traduce ese apoyo en votos porque hay, efectivamente, decenas de agrupaciones que solas o en coaliciones se presentan a un electorado que tiene, en general, poquísima información para participar. La última encuesta de la semana, nos la presenta en estas horas el CIEP-UCR con las valoraciones de cara a las municipales y también con las opiniones actualizadas sobre la gestión de gobierno, sin medir claro está, la crisis de abastecimiento de agua que tiene al límite de la paciencia a los pobladores de tres cantones josefinos que no se sabe cómo estarán de ánimo para votar el domingo. Para conocer los detalles de esta última encuesta, conversamos con el director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, Ronald Alfaro.

El artículo 50 de nuestra Constitución Política, recientemente remozado, garantiza que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable, de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano… Y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. Se trata entonces de una norma de obligada observancia, y por ello las actuaciones, omisiones, retrasos y medidas adoptadas (o no) por las autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en una crisis como la actual de contaminación del líquido en varios cantones del Área Metropolitana, demanda explicaciones más contundentes. Veamos: hay más de 100 mil personas afectadas, las primeras alertas advirtiendo de la situación, tanto de pobladores, como de funcionarios de AyA, se desoyeron. Para colmo luego se intentó minimizar la situación al afirmar que no se sabía si el contaminante era o no suficientemente tóxico. Una semana después, no se tiene claridad del origen de la contaminación y el abastecimiento con cisternas resulta insuficiente. Estamos ante una emergencia que no se trata como tal, con vocerías verticales que no cubren las necesidades de información de interés para la ciudadanía, dado que al AyA se la ha prohibido atender requerimientos de la prensa y Salud no da abasto para atender todas las demandas. Pero el tema, si bien es de atención inmediata, va más allá de la coyuntura. En un marco más amplio, los problemas con agua, vienen desde hace meses. Se han dejado perder préstamos para importantes proyectos de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y el muy crucial para la modernización del Laboratorio Nacional de Agua. Todo nos coloca en una posición vulnerable. Y para analizar esta delicada situación conversaremos mañana con Rolando Marín, investigador, asesor y consultor nacional e internacional en el tema de recursos hídricos y gestión comunitaria del agua.

En un ambiente de desencanto, como en prácticamente todas las democracias del mundo, Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. Es una de las decisiones más significativas para el balance de fuerzas y posturas no solo a lo interno de la gran nación del norte, sino para el planeta entero. El torneo de oficialización de la candidatura del contendor republicano para enfrentar al presidente Joe Biden, inició este mes con caucus (Iowa) y primarias (New Hampshire) y se extenderá hasta el super martes de la nacional. Hoy por hoy, nadie duda que Donald Trump se hará con el trofeo de esa nominación, aunque su contendiente Nikki Haley no está dispuesta aún a tirar la toalla. No todavía. Pero la suerte al parecer con todo y causas judiciales pendientes está echada para el inevitable reencuentro entre ambos líderes de la política bipartidista estadounidense. Para los intereses de Ucrania el resultado electoral será vital en tanto la reelección de Biden le aseguraría el apoyo que requiere la larga guerra con el invasor ruso y, por el contrario, el retorno de Trump a la Casa Blanca sería un revés severísimo. ¿Y qué decir de la incidencia que tendrá esa elección en la conflictividad de Oriente Próximo con el asunto Israel, Hamás, Palestina y los árabes? ¿Y qué decir de las tensiones en Asia? Poder establecer cómo se vislumbra el estado de situación del tablero geopolítico según gane uno u otro aspirante, es lo que haremos este lunes con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Lo positivo, sin duda, fue el acuerdo alcanzado por los jerarcas de los tres Poderes de la República, quienes afianzaron las acciones de la mesa de trabajo de seguridad con 10 proyectos consensuados, que ahora quedan bajo la responsabilidad de trámite legislativo para mejorar las armas país contra la ola de violencia del crimen organizado. Lo deplorable tiene varios flancos: uno, la persistencia del enfrentamiento que mantiene el presidente de la República con la Contralora y por extensión contra la Contraloría General de la República y por extensión contra la Expresidenta Laura Chinchilla. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa, como si no faltaran focos distractores, se produjo este jueves un espectáculo más, cuando en su comparecencia a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la siempre polémica jerarca de la CCSS, doña Marta Esquivel, llego blindada por escoltas de la Unidad Especial de Intervención (UEI) que es un cuerpo policial especializado en actos de terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué la Presidenta de la Caja llega al Congreso así custodiada y los efectivos terminan empujando y fotografiando a los periodistas que intentaban acceder a declaraciones de la compareciente? Por supuesto, los diputados pegaron el grito al cielo. El asunto, dijo el Presidente Legislativo, Rodrigo Arias, deberá esclarecerse. En estos y otros sobresaltos, como el del pretendido negociado petrolero, discurre la vida política nacional de este enero y para ponerlos en perspectiva conversamos con el politólogo, Claudio Alpízar Otoya.

La polémica para retrasar el inicio de la construcción del Hospital de Cartago se ha hecho agotadora, y eterna, particularmente para los sufridos pacientes y el personal de salud del viejo nosocomio en funcionamiento. Y las excusas de todo tipo por el terreno en el Guarco, siguen teniendo réplicas de alta intensidad. La última iniciativa de la presidenta de la CCSS, de traer expertos en geología de California para hacer estudios adicionales, detonó un enjambre de oposiciones. El Colegio de Geólogos alzó la voz en defensa de la capacidad de los profesionales con los que cuenta el país. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por su parte, criticó la idea, recordando además la existencia del riguroso Código Sísmico que aplicamos para, precisamente, asegurar las edificaciones, dada la sismicidad de nuestro territorio. La Embajada de Estados Unidos, mientras tanto, desmintió que estuviera gestionando visita alguna de profesionales californianos por encargo del gobierno costarricense. Marino Protti, uno de los más reconocidos sismólogos del país, fue claro en indicar que antes de llamar a expertos en geología y sismos de otros lares, es importante conocer la diferencia entre trabajar en las áridas zonas de ese estado norteamericano y las de un país tropical como Costa Rica, aportando muchas otras consideraciones ante la (aparentemente fallida) propuesta. Para focalizar desde el criterio especializado acerca de la situación sísmica del Valle del Guarco, conversamos con el doctor Protti, quien es investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional.

¿Hay alguien que puede decir que no ha tenido cerca en las últimas semanas a algún amigo, compañero o familiar con una gripe marca diablo? El segundo boletín epidemiólogo del Ministerio de Salud de este año nos evidencia lo que estamos atravesando: 345 casos de covid-19 (un aumento del 12 % respecto del primer reporte), 2.567 casos de infecciones respiratorias agudas y 30.649 reportes por dengue. Y hablamos solo de casos reportados, porque la inmensa mayoría pasa debajo del radar. A finales del año pasado enfrentamos un pico alto de menores de edad con problemas respiratorios, que saturó el Hospital Nacional de Niños y mientras atendíamos esa situación, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el “coronavirus seguía mutando y matando”, por lo que no se podía bajar la guardia, ya que las variantes ómicron y JN1, se transmiten con mayor facilidad. ¿Cómo debemos actuar frente a esta realidad, más allá de la vigilancia epidemiológica de los especialistas? ¿Qué hacemos si no tenemos vacunas disponibles? ¿Cómo proceder por nuestra propia cuenta a falta de campañas de promoción de medidas sanitarias personales y comunitarias? Para repasar acerca de este tema de salud pública conversaremos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

Con datos del año 2020, Costa Rica contabiliza alrededor de 950 bibliotecas educativas para el aprendizaje público, distribuidos en 27 redes, en las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública. Lo que no se tiene claro respecto de este antecedente, es la calidad de la infraestructura de estos espacios, menos aún, la disposición de libros y equipos que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje. La situación se torna más compleja en los centros educativos de los territorios rurales. Sin duda, es un factor adicional que viene a reflejar el deterioro de la educación pública, y que se refleja tanto en el proceso de enseñanza, como en los pésimos resultados (retrocesos) en lecto-escritura, como lo constata el Informe sobre el Estado de la Educación. Esto lo tiene muy claro el proyecto “Biblioteca Actualiza” de Guiare, una la asociación sin fines de lucro apoya la situación donando bibliotecas equipadas. Para el ingreso del curso lectivo en febrero próximo, tiene la meta de dotar de bibliotecas a dos escuelas en Upala. Para poner en examen esta situación conversaremos con las lideresas de Guiare, Alda Cañas y Victoria Coronado.

El 2024 inició como un año extremadamente complejo, con un almanaque electoral global en 70 países (en los que vive el 54% de la población mundial), con dos cruentas guerras y un escenario de mayores polarizaciones con impactos directos en lo humanitario, social y económico. Pronto se cumplirán dos años del conflicto entre Rusia y Ucrania; una guerra que continuará con más pérdidas, muertes y destrucción para los ucranianos y un mayor aislamiento y dificultades económicas para los rusos. En el otro escenario armado, casi 24 mil palestinos han muerto tras 100 días de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, lo que enmarca apenas la pérdida de vidas. El conflicto ha comenzado a incendiar otros puntos sensibles en Irán y el mar Rojo, lo que complica esa zona estratégica para la provisión de derivados del petróleo y muchas otras mercaderías imprescindibles para las cadenas de suministro. Las recientes elecciones en Taiwán del más férreo opositor al gobierno chino puso otro foco a las tensiones en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De por medio está el control del centro de producción de componentes electrónicos más grande del mundo, de los que depende cada vez más la economía. Aquí en nuestro continente las determinantes elecciones de Estados Unidos y México se juntan con las de México, El Salvador, Panamá y Venezuela; todas ellas agitando diferencias. Se suman a estos procesos las crisis migratorias y la ola de violencia por la guerra de grupos del crimen organizado. Para hacer repaso internacional y analizar estos hechos y las reconfiguraciones que implican, conversaremos con el internacionalista y director del Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo.

Ni el receso de fin de año logró bajar la temperatura de los diferendos políticos. El Ejecutivo tiene una cantidad de piedras calientes con las repercusiones de los audios de Presidencia, las polémicas que envuelven a la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una ola de criminalidad que no logra contenerse, los cuestionamientos vinculados con los aparentes usos indebidos de RACSA y el SINART y el último frente de batalla abierto con la Contraloría General de la República. El Legislativo sigue con su actividad de control político que pone en zona caliente de investigación a varios jerarcas; tal el caso del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, que tras su primera reacción de resistencia, parece que desea bajar el tono ahora con la declaración de que si devolverá los sobre sueldos recibidos, aunque aún mantiene la batalla contra la construcción del nuevo Hospital de Cartago en el lote de la discordia. También continúa muy activa la comisión que investiga el financiamiento de la pasada la campaña electoral, con énfasis, casi exclusivamente, en los manejos del partido oficialista. Y desde el foro de representantes de los poderes de la República, inició muy activo el año con la deliberación para amarrar proyectos neurálgicos de mejora de la seguridad ciudadana y reformas de leyes punitivas necesarias. Una ciudadanía que ya estableció como sus mayores preocupaciones la inseguridad, el alto costo de la vida y la corrupción sigue esperando resultados de la gestión gubernamental. El año 2024 se perfila desafiante y las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Para aportar elementos a este arranque conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya.

Declarar un día contra la violencia obstétrica como un acto efectista consecuencia del lamentable caso de Angie Herrera y su hija Isabella no, no solo es absolutamente insuficiente, sino que soslaya la necesidad de penalizar ese tipo de maltrato físico y emocional. Lo que resulta imperioso es trabajar aún más en la humanización de la atención sanitaria, incluidos los maltratos verbales, la falta de información y de acompañamiento, las violaciones al derecho a la intimidad, el trato humillante y degradante, la utilización de técnicas obsoletas, la falta de equipo médico, y de atención oportuna y eficaz de las emergencias de las mujeres embarazadas. En una década la Defensoría de los Habitantes reportó haber recibido 330 denuncias este tipo, por lo que desde el 2015 ha enviado informes con recomendaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a las direcciones hospitalarias, ya que han investigado casos en los que han determinado hechos referidos a humillaciones, maltrato verbal, inobservancia del consentimiento informado y procedimientos dolorosos, entre otros que tipifican esta conducta. Como sociedad se demanda un abordaje que incluya los derechos humanos y reproductivos de la mujer embarazada, la legalidad, el acceso a la salud, la perspectiva de género, la atención institucional y médica. Es un tema que ha vuelto a la palestra y por ello lo profundizamos con la Dra. Gabriela Arguedas, catedrática de la UCR y coordinadora del Observatorio de los Derechos Reproductivos.

El panorama económico ya presenta claroscuros para los próximos 11 meses de este recién estrenado año. El crecimiento económico se estima que estará entre un 3,5 % y un 4 %, un poco más bajo que el del 2023, dadas condiciones internas y externas. Ya culminó la primera quincena y el dólar sigue en descenso, teniendo el precio más bajo en la última década, lo que constituye la preocupación diaria de los sectores exportador y turístico (que atiende la temporada alta). También está por determinarse cómo actuará el Banco Central con respecto a las tasas de interés. El menor dinamismo que se estima en la economía implicaría menos inversión y también que se seguiría limitando la capacidad de generar empleos, ya de por sí venida a menos, según lo indican los desalentados. Otra preocupación que se intenta detener es la del costo energético, para no desmejorar las decisiones de inversión de los empresarios. Para hacer repaso de la materia conversaremos con el economista, Gerardo Corrales.

Como un programa de opinión y análisis cuyo objetivo es fortalecer la deliberación democrática en Costa Rica, en estos 17 años (muy prontos a cumplir) hemos sido absolutamente responsables en abordar, desde diversas perspectivas, el tema de la criminalidad y la inseguridad, que actualmente muestra los mayores índices de preocupación de la ciudadanía. Y no es para menos. El año que acabamos de dejar atrás, quedó registrado como el más violento de nuestra historia, en relación con la tasa de homicidios, dada la penetración de grupos del crimen organizado vinculados (fundamental aunque no exclusivamente) a la actividad del narcotráfico. Esta preocupante coyuntura la hemos tratado con seriedad y abriendo nuestro espacio a personas especializadas para conocer y puntualizar en tan delicado tema. Desde el nombramiento del actual jerarca de Seguridad hemos conversado con don Mario Zamora en varias oportunidades para tener presente las acciones que ejecuta el gobierno de la República desde las competencias y responsabilidades que le son atribuibles. Por ello, nos hacemos partícipes de las discusiones en torno a nuestras vulnerabilidades de seguridad y cómo encararlas para proveer más recursos económicos, legislación más adecuada al cambiante fenómeno delincuencial de este siglo y un trabajo interinstitucional cada vez más y mejor coordinado. En el contexto de la coyuntura ecuatoriana, la semana pasada, el historiador Vladimir de la Cruz aportó sus preocupaciones y opiniones. Desde ese día quedo abierto el espacio para el jerarca don Mario Zamora y por eso conversamos con él.

Como sociedad, una de las grandes tareas que debemos fortalecer es la relacionada con las condiciones, los cuidados y la atención integral de las personas adultas mayores. Costa Rica registra, para el año 2023, más de medio millón (526,000) de personas de 65 años y más. Esto representa un 10 % de la población total, que se proyecta ascenderá al 17,6 % dentro de dos décadas. Hoy la mitad de esa población vive en condición de pobreza extrema. Pero una gran mayoría del total enfrenta diferentes niveles de abandono debido a la pérdida de familiares, problemas de salud, de movilidad e insuficiencia de autonomía económica, entre otras circunstancias adversas. Se tienen identificados los cantones con mayor cantidad de adultos mayores en vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales, con limitación de acceso a diferentes servicios, en territorios con infraestructuras inadecuadas y en general con una política pública a la que le falta mucho para estar a tono con las exigencias éticas a las que debemos aspirar como sociedad. Para ampliar acerca de esta realidad conversaremos con Eduardo Méndez, especialista en gerontología y Gerencia Social.

Aunque como bandas narcocriminales son rivales entre sí y pugnan por el control de territorios, todas tienen un enemigo común que las cohesiona: el Estado de Derecho. En el caso que nos ocupa, el ecuatoriano. Son actores principales en revueltas, motines, masacres carcelarias, atentados contra la población, extorsiones, secuestros, amenazas y violencia contra medios de comunicación, universidades y cualquier otro sector que califique como un objetivo de sus perversos fines. Han infiltrado las instituciones públicas comprando funcionarios con sus ilimitados recursos, y por supuesto se aprovechan la dolorosa realidad latinoamericana de los problemas estructurales nunca resueltos. Nacieron en regiones marginales, tienen estrechos vínculos con los poderosos carteles mexicanos, cuentan con alrededor de 50 mil personas vinculadas a sus actos delictivos y desde inicios de esta semana las 22 bandas criminales conocidas pasaron a la categoría de terroristas. De ellas, tres son las más grandes y violentas: Choneros, Lobos y Lagartos. Para intentar el dominio total del país se valen de micro organizaciones con las cuales establecen alianzas criminales y de acuerdo con un muy reciente informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, estas pandillas más pequeñas conforman una gran telaraña delictiva, manejada por los capos, desde adentro y fuera de las cárceles. Con la llegada del presidente Daniel Noboa se han sentido amenazados por el denominado Plan Fénix, que, por un lado, plantea llevar a discusión nuevamente el delicado tópico de la extradición y por otro, ha prometido la construcción de más centros penitenciarios. Mientras tanto, gracias a la declaratoria de conflicto armado interno, se ejecutan acciones conjuntas entre el ejército y la policía, para neutralizarlos. Para profundizar este entramado conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

Ecuador sufre y resiste dramáticos episodios de violencia, que enfrenta a los ciudadanos honestos, el Estado y sus instituciones al poder de los grupos criminales que dominan el gigantesco negocio del tráfico de estupefacientes que en pocos años ha ido apoderándose del país, como un cáncer extendido. La crisis pone de relieve los enormes desafíos estructurales de la nación andina y el margen de maniobra que tiene, coyunturalmente, para manejarlos el joven presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder hace apenas dos meses para terminar el período inconcluso del gobierno de Guillermo Lasso. La chispa que encendió la crisis de esta semana se originó, para sorpresa de nadie, en la lucha de las mafias a lo interno de los centros penitenciarios donde desarrollan cruentas batallas por el control de esos espacios. La extrema dificultad para la gestión carcelaria por parte de las autoridades derivó el domingo en la fuga de uno de los más importantes líderes mafiosos (Adolfo Macías alias Fito, jefe de Los Choneros) y ese fue el inicio de los ataques simultáneos sin precedentes que se han vivido en las últimas horas. El mandatario Noboa declaró el lunes un estado de emergencia de 60 días -recurso usado por su antecesor sin éxito-habilitando patrullas militares y un toque de queda nocturno nacional. Y la impactante toma de las instalaciones de la televisión de Guayaquil el martes dio pie a un segundo decreto inédito para declarar un "conflicto armado interno" que califica a 20 organizaciones delictivas como terroristas. Los actos delincuenciales se perpetraron, además de la prensa, contra universidades, hospitales, estaciones policiales y en calles y barriadas de las principales ciudades. Para comprender este complejo momento conversamos con Marco Méndez, actual director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien vivió durante su posgrado en el ecuador del mundo.

El 4 de febrero es la fecha del calendario en la que elegiremos a las nuevas autoridades de los 84 cantones del país. En un territorio continental de apenas 51.100 kilómetros cuadrados, pareciera que son muchos “pedacitos” -como cita la campaña del Tribunal Supremo de Elecciones- los que tienen su propio esquema de gobernanza. Los municipios tienen origen en los cabildos de la época colonial. Desde entonces manejan aspectos de la vida social, política y económica. El Ayuntamiento de Cartago está registrado desde 1563 como el primer cabildo no aborigen. Pero es hasta el año 1825 que se dispuso que en cada pueblo, aun con un territorio de poca extensión, debía establecerse una municipalidad, lo cual no era muy bien visto por quienes querían mantener centralizado el poder. Sigue avanzando nuestra historia y en 1876 se estipula que cada cantón debía contar con una municipalidad, tal y como las conocemos en nuestros días. Hacemos un repaso desde la perspectiva histórica y política de los gobiernos locales con el historiador Vladimir de la Cruz.